Durante una semana, entre el viernes 19 y el viernes 26 de mayo, Acento tuvo un cronómetro contando el tiempo transcurrido entre la promesa del Procurador General de la República, de dar a conocer los nombres de las personas sobornadas por Odebrecht, y el momento del cumplimiento de la misma.
El Procurador General Jean Alain Rodríguez pudo incurrir en una “novatada” al justificar la firma de un acuerdo de indulgencia con Odebrecht, que debía ser avalado por un tribunal de justicia dominicana, en que los nombres de los implicados serían suministrado por la empresa. Pero una semana después de la fecha tope para dar a conocer los nombres, no ha cumplido con su promesa. El gobierno dominicano tiene todos los datos, sabe quiénes son los señalados, pero no los da a conocer.
Y no parece ser una “novatada”. El mismo Procurador General dominicano firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público de Brasil, en particular con Rodrigo Janot, Procurador General para el suministro de la misma lista en el mes de mayo, un mes antes de dar a conocer públicamente los nombres de los sobornados.
Acento acaba de detener su cronómetro luego de siete días contando. Es tiempo suficiente para mostrar nuestra firme voluntad de que los nombres sean dados a conocer y que se procesa con los sometimientos de los que perjudicaron al pueblo dominicano a cambio de recibir ventajas y sobornos.
Marcha Verde y amplios sectores nacionales e internacionales han expresado que la lentitud de la Procuraduría en dar a conocer los datos que tiene podrían reflejar un interés por administrar los nombres, favorecer algunos y perjudicar a otros. Lo que se reclama de las autoridades es actuar con justicia, sin amiguismo, sin negociar previamente las sanciones y sin garantizar impunidad a nadie.
Es mucha la presión que tiene la Procuraduría General de la República, y el mismo Procurador General, Jean Alain Rodríguez. Y no es para menos. El país reclama transparencia y sanción de la corrupción. Y es él quien está obligado a cumplir la Constitución y las leyes. Hay admisión del sobornador y también ha identificado a los sobornados, y corresponde al Ministerio Público defender el interés colectivo en este caso. Sin negociaciones al margen de la ley. La delación premiada tan utilizada en Brasil tiene su hermana en las leyes dominicanas. Un imputado puede aliviar las penas que le corresponden por violación de las leyes si coopera y ofrece datos que sirvan a las autoridades para encontrar otros implicados.
Este caso aplica para utilizar ese recurso, siempre y cuando las autoridades tengan la voluntad de encontrar más culpables. No es lo que parece. El gobierno quiere salir rápido de este escándalo y evitar que el mismo derive hacia el financiamiento ilegal de las campañas electorales, debido a los antecedentes de Odebrecht y a la influencia que tuvo en la República Dominicana Joao Santana, quien fue vital para que los aliados del Partido de los Trabajadores de Brasil ganaran varios procesos electorales, financiados ilegalmente por Odebrecht.
Deseamos que el Procurador General Jean Alain Rodríguez apure el paso y en las próximas horas anuncie con sometimientos judiciales que hará, relacionado con este expediente. Sin exclusiones. Brasil dará la lista que entregó al gobierno dominicano. Estados Unidos sigue atento a lo que están haciendo y harán las autoridades dominicanas. Y cualquier paso en falso repercutirá negativamente sobre el gobierno dominicano y en particular contra Jean Alain Rodriguez, Procurador General de la República. Él se expone más que cualquier otro funcionario, y todo el mundo sabe que los actos del Ministerio Público tienen consecuencias. Internas y externas. Le deseamos suerte al Procurador General de la República, sin dejar de expresar nuestro deseo de que actúe apegado a las normas constitucionales dominicanas. Es su deber.