Con la prohibición de que migrantes indocumentadas ingresen al país en estado de gestación con la finalidad de dar a luz en el territorio nacional, el gobierno da un importante paso de avance en el empeño de regularizar el tránsito de personas hacia el territorio nacional.

Le medida, de ejecutarse con eficacia, deberá representar un alivio en el jaleado presupuesto de la salud pública, presionado con la demanda de servicios muy por encima de su capacidad para afrontarla.

¿Qué dice la Resolución que prohíbe a extranjeras embarazadas ingresar al país a dar a luz?

Controlar la llegada de migrantes embarazadas en condición migratoria irregular es un deber de las autoridades bajo la premisa cierta de que debe evitarse a toda costa sobrecargar unas finanzas públicas harto deficitarias.

Al establecer la disposición, el Consejo Nacional de Migración fijó su efectividad a partir de la comprobación del embarazo con seis o más meses.

Cabe destacar que en los últimos años se han incrementado los partos de migrantes extranjeras indocumentadas, principalmente de haitianas, lo que ha generado presión en el presupuesto hospitalario de la nación.

A más de reducir esa presión en el gasto del Ministerio de Salud,  la prohibición deberá suponer también un modo de disuadir a los traficantes de personas que tienen en esas embarazadas un nicho de mercado ilegal.

No obstante, cabe llamar la atención hacia el hecho de que la referida medida en nada revierte la actitud que como dominicanos exhibimos de  ser respetuosos de derechos humanos inalienables.

En esa tesitura, las autoridades no dejarán de prestar servicios hospitalarios a embarazadas extranjeras, indocumentadas o no, que residan en el país, siguiendo un principio elemental de solidaridad.

Vale enfatizar sobre este punto, ya que desde los círculos seudo nacionalistas  se ha propagado una versión completamente distorsionada de la prohibición ya mencionada, con el sólo objetivo de insuflar odio hacia los haitianos.

Este diario confía en que  ésta y otras disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Migración sean el inicio de un conjunto de medidas que regularicen lo que por años ha sumado tanta desidia, desorganización y ausencia de planes integrales en materia tan sensible, y que éstas sean trazadas conforme al supremo interés nacional sin atender a lobbies particulares ni vocinglería xenófoba.