La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) lleva un proceso penal, iniciado en diciembre pasado, contra varios miembros de las familias Barceló Larroca y Dupuy Barceló, por evasión fiscal y otros ilícitos relacionados con el alcohol. Las medidas de coerción que se tomaron incluyen la prisión de los imputados por un período de un año.
Los imputados tienen total derecho a la defensa, y también derecho a que se les revisen las medidas de coerción, como ocurrirá el próximo lunes 10 de febrero, cuando la Primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia viejo, del Centro de Los Héroes, revisará las medidas de coerción a instancia de los abogados defensores de los imputados por la DGII.
¿A qué viene esto? A que los abogados que asumieron inicialmente la defensa de las familias Barceló Larroca y Dupuy Barceló, renunciaron a su trabajo técnico y profesional el pasado 28 de enero, y la defensa ha sido asumida por abogados que previamente fueron, cuando se cometieron los ilícitos de los que se les acusa, funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos.
Veamos los detalles del caso, y tratemos de sacar conclusiones sobre un caso que involucra intereses económicos, familiares, y por supuesto, el interés público, debido a que los ciudadanos estamos interesados en que nadie defraude al Estado en el cobro de los impuestos.
Los abogados Enmanuel Montás y Yanna Montás comunicaron su renuncia a la defensa técnica de los señores José Antonio Barceló Larroca, Robert Alexander Dupuy Barceló y Michael W. Dupuy Barceló.
Acusados como están, y guardando prisión, estos señores tienen que buscar buenos abogados, incluso aquellos que tengan conocimientos de los temas tributarios, y los escogen y notifican a la Procuraduría General de la República el 4 de febrero de 2020 que los nuevos abogados que asumirán la defensa técnica suya son los señores Emery Colomby Rodriguez Mateo, Roberto Leonel Rodríguez Estrella, Leandro Antonio Taveras González y Rafael Augusto Martínez Lantigua. El domicilio escogido por estos abogados es el mismo de la oficina de abogados que encabeza Roberto Leonel Rodríguez Estrella, en la calle Luis F. Thomén, del sector Evaristo Morales del Distrito Nacional.
El derecho a la defensa es fundamental, y jamás puede ser lesionado. Es un derecho que tienen los imputados. Sin embargo, Roberto Leonel Rodríguez Estrella fue subdirector jurídico de la DGII durante 12 años, desde el 2004 hasta el 2016, y los abogados que le acompañan, particularmente Leandro Antonio Taveras González y Emery Colomby Rodríguez Mateo, hasta el 2016 fueron abogados del Departamento de Litigios de la DGII.
Es decir, durante el tiempo en que se produjeron las acciones tipificadas como fraudulentas contra el fisco -y por las que guardan prisión- Rodríguez Estrella estaba en DGII. Si bien es un profesional del derecho que salió hace tres años de la institución estatal y se supone que no tiene vínculos, llama la atención que ahora defienda (quizás con informaciones privilegiadas) a quienes debió perseguir y y no lo hizo. Él tendrá sus razones, y podrá discutirlas o no, pues se trata de una decisión sobre un conflicto de intereses que tiene serias ramificaciones éticas.
El director de la DGII, Magín Díaz, dijo hace apenas unas semanas, que la DGII bajo su dirección ha llevado a los tribunales, con acusaciones penales, por lo menos 34 casos, de los miles que se discuten y conocen directamente, y se transan, con evasores por malicia o desconocimiento. Los casos triplican los que habían sido llevados a tribunales durante toda la historia de la DGII.
La pregunta no puede ser ociosa, en un caso grande, en que hay involucrados miles de millones de pesos: ¿Estaba la Iglesia en manos de Lutero?