El cambio que trajeron los procesos electorales del 2020 (15 de marzo y 5 de julio) fue para el gobierno central, los ayuntamientos y el Congreso Nacional, con todas sus implicaciones.
Lo que prometieron el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados fue una manera distinta de administrar el Estado y los fondos públicos y una completa negación a mantener prácticas innobles y de privilegios como “el barrilito”, “el cofrecito” y las dos exoneraciones por año para cada miembro del Congreso Nacional.
El barrilito representa erogaciones anuales por 300 millones de pesos para el dispendio, en muchos casos innecesario, de los legisladores en fiestas y actividades de propaganda política y clientelar en sus municipios. Una parte de esos fondos va a organizaciones caritativas provinciales, como si se tratara de una donación del representante político de la comunidad.
Hay varias iniciativas en marcha, previendo la llegada de una reforma fiscal, que quieren allanar el camino que el gobierno transita. Una es que no es posible aumentar impuestos si se mantiene el gasto dispendioso de programas sin fundamento como el barrilito y exoneraciones cada seis meses a los legisladores. Un informe de la comisión de legisladores que debate una propuesta de ley para eliminar las exoneraciones de automóviles, dado a conocer este lunes por Diario Libre, es una muestra del pensamiento íntimo de los políticos que han llegado al Congreso y que casi en su totalidad se niega a renunciar a privilegios que todo el mundo ha identificado como irritantes y parte de las lacras que el cambio tenía que eliminar.
El cambio llegó y es necesario plantear con seriedad la eliminación de esos privilegios. No será fácil. Nuestros legisladores se han acostumbrado a legislador en su propio beneficio, pese a que la Constitución lo prohibe. Nadie olvida que mientras aprobaron una ley de Seguridad Social para el común de los ciudadanos también aprobaron una excepción para los legisladores. Y ese ha sido su comportamiento tradicional en relación con los salarios, las bonificaciones, beneficios adicionales, seguros médicos, pasaportes diplomáticos, viáticos, asistencia a comisiones.
La noche de este lunes Alicia Ortega en su programa El Informe, acaba de revelar que los fondos del barrilito se han utilizado para muchas actividades que nada tienen que ver con el origen de esa asignación. Vinos de altos costos, quesos, langostas, francachelas y demás actos de “teteos” en los que se han invertido esos recursos resultan ofensivos. Dinero destinado a personas enfermas que nunca llegó, a entidades deportivas y de servicios de salud que tampoco llegó.
La mayoría de los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, son del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, que se entiende coincidían en la postura de eliminar las prácticas irritantes de favorecer a los suyos que tenía la administración pasada. Es una tarea política de los organismos del PRM promover que sus prédicas desde la oposición se hagan realidad ahora que están en el gobierno y tienen el control del poder en el Congreso. Se trata de coherencia. No será posible una reforma fiscal si no hay equidad y decencia en el manejo de los fondos destinados a entidades como el Congreso Nacional.
Preocupa, sin embargo, que va haciéndose común renunciar a las consignas que fueron políticas de fondo en la oposición. El Código Penal, por ejemplo, y las tres causales. Es un tema del que las quejas se han ido acumulando y están enrolladas para ser presentadas a los líderes del partido del gobierno, no sólo por las mujeres y sus organizaciones, sino por las fuerzas políticas enemigas, que ya tienen expedientes y campañas en marcha.