Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres están preocupadas porque no ven la disposición del Congreso para avanzar con el Código Penal incluyendo las tres causales propuestas por el presidente de la República, Danilo Medina.
Las mujeres se han presentado varias veces ante las instalaciones del Congreso para exigir de los legisladores que asuman una postura responsable, sin miedo, conservando el derecho que tienen las mujeres para decidir la interrupción del embarazo en tres casos: Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el producto tiene deformaciones que lo hacen inviable, y cuando el embarazo se produce como resultado de una violación o un incesto.
El presidente Danilo Medina en dos ocasiones ha devuelto el Código Penal al Congreso, porque no incluyen las tres causales, que para el primer mandatario son necesarias y justas.
Los congresistas han recibido la presión de las iglesias católica y evangélicas. Las mujeres también han querido dejar clara su posición y han acudido a los congresistas para explicar que somos uno de cuatro países en el mundo que mantiene esa prohibición, precisamente cuando las mujeres mueren con la práctica ilegal y sin condiciones de los abortos ilegalizados. Cada año más de 100 mil abortos se realizan en la República Dominicana. Seguir penalizando el aborto no detiene este práctica, que perjudica especialmente a las mujeres más pobres. Las mujeres de clases medias y altas, si desean practicarse un aborto van a Puerto Rico, donde está permitido legalmente.
Los países que más éxito han tenido en la reducción de los abortos son los que han legalizado y controlado la interrupción voluntaria del embarazo. Insistir en la sanción penal con prohibición es la peor de las opciones. Ojalá que los políticos y congresistas lo entiendan.
Recientemente Argentina tuvo un gran debate sobre la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Su legislación permite la interrupción por las tres causales. Y el debate que se dio fue para permitir la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Los diputados aprobaron el reclamo de las mujeres, y el próximo 8 de agosto los senadores conocerán la pieza. Se espera que pueda ser aprobada también.
En Irlanda se realizó un referendum el pasado mes de mayo sobre la despenalización del aborto, y el sí fue contundente en la muy católica y tradicionalista nación. Las mujeres acudían a Inglaterra para practicarse el aborto, cuando lo necesitaban, pero la legislación irlandesa condenaba la interrupción de los embarazos. Finalmente, fue acogido el sí a la interrupción del embarazo.
Desde 1874 Chile tenía un Código Penal que condenaba a las mujeres que se practicaban abortos, pero la presidente Michelle Bachellet asumió en 2014 el compromiso de someter a debate un cambio en la legislación. El 19 de julio del 2017 finalmente el Congreso de Chile aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales que se debaten en la República Dominicana.
Ni Argentina, ni Irlanda, ni Chile ni todos los países que han asumido legislaciones que despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo han sufrido cataclismos, ni castigos de Dios, ni los legisladores que lo aprobaron han sido castigados social, ni políticamente. Asumieron un compromiso de defender las vidas de las mujeres con políticas públicas inteligentes. Eso es lo que debe ocurrir en la República Dominicana.
La opción de seguir penalizando el aborto, y de seguir castigando a los profesionales de la salud que lo practican, es dar la espalda a los derechos de las mujeres, es condenar las mujeres a la muerte, es obligar a las mujeres a entregarse a los irresponsables que practican y seguirán practicando abortos en las peores condiciones, sin supervisión estatal, sin norma y aumentando la mortalidad materna.
Si desean aprobar el Código Penal excluyendo el aborto y las tres causales, deben quitar cualquier tipo de condena, y que el Código se apruebe sin ninguna mención, ni a favor ni en contra. Esa sería la desregulación y se aplicaría la máxima jurídica de aquello que no está prohibido está permitido. Sin embargo, entraríamos en un debate para aprobar una ley especial sobre aborto que podría representar una radicalización de las posiciones más conservadoras, en un Estado laico y de derechos como dice la Constitución Dominicana que somos. Por tanto, lo mejor sería que los legisladores acojan las tres causales promovidas por el presidente Danilo Medina.