El país ya conoce las ternas que se han presentado al Senado de la República para seleccionar a las diez personas que integrarán la Junta Central Electoral durante los próximos cuatro años: Cinco miembros titulares y cinco suplentes.

No es posible que el país, y en particular el Senado de la República, caiga en la trampa de escoger a personas seriamente cuestionada, ética y profesionalmente, que ya estuvieron en la Cámara de Cuentas y que debieron renunciar, por la recepción irregular de fondos y auto asignaciones de salarios fuera de la ley.

Fue una dolorosa experiencia que el país no debe repetir. ¿Cuáles son las razones para insistir escogiendo a personas cuestionadas, ponerlas a manejar asuntos delicados como los electorales, cuando hay tantas opciones de personas apartidistas, honestas, responsables, que pudieran ser escogidos por los miembros del Senado?

La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática emitió un documento en el que señala los aspectos que deberán tomar en cuenta los miembros del Senado para decidir el caso:

“Es el caso de Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte quienes, siendo miembros de la Cámara de Cuentas en el 2008, fueron acusados de la Cámara de Diputados de violación a la Constitución de la República y a las leyes de Cámara de Cuentas, de Función Pública y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado, además de nepotismo, soborno e ineficiencia. El escándalo fue tal que hubieron de renunciar para evitar el juicio político que les preparaba el Senado de la República”.

Sería un error insistir en la selección de activistas políticos. Por más disfraces que se pongan ahora, diciendo ser independientes, todo el mundo sabe que formaron parte de alianzas, que formaron movimientos de apoyo político, y ahora quieren ir a una instancia pública para asegurarse un empleo por los próximos cuatro años.

La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática tiene razón al solicitar al Senado que actúe con cautela y evite seleccionar a personas que no cumplen los requisitos de ley para integrar la Junta Central Electoral. No es mucho pedir.