Lo que hicieron las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), con los 1,900 millones de pesos que correspondían a las provincias Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramirez, por las ganancias de las acciones del Estado Dominicano en Falconbridge, sencillamente da ganas de llorar.
No había ni hay nadie que defienda los fondos públicos. Fue un pillaje vulgar y descarnado, sin cumplimiento de ninguna disposición legal, y echando al zafacón el decreto presidencial que distribuía proporcionalmente los fondos del Estado en las mencionadas provincias.
Y no hubo Cámara de Cuentas, ni Procuraduría General de la República, ni Contraloría General de la República, ni Dirección General de Minería que interviniera, pidiera cuenta o auditara la forma delincuencial en que se estaba manejando una cantidad de dinero tan grande como 1,900 millones de pesos, entre los años 2004 y 2014.
Hubo impunidad completa para hacer cuanto quisieron los ejecutivos de CORDE. No entregaron las proporciones que correspondían a las provincias. De acuerdo con el reportaje publicado por Acento, escrito por el periodista Samuel Tapia, CORDE se quedó con más de 300 millones de pesos, y los utilizó antojadizamente. Una de las decisiones de la empresa estatal fue embarcarse en un proyecto de viviendas llamado Metrópolis, que inició y no concluyó, y en el que el Estado perdió más de 100 millones de pesos.
Esto es lo que se puede llamar canibalizar los fondos públicos. La forma en que se dilapidaron estos fondos es vergonzosa, y que sus autores sigan impunes es también más que preocupante. Nadie ha iniciado un proceso para que la Auditoría de la Cámara de Cuentas sea utilizada judicialmente contra los responsables de esas malversaciones. El caso puede llevarse a los tribunales, y ojalá que se emprendan acciones para recuperar los fondos estatales, o para llevar a la justicia a los responsables.
El reportaje con los datos del desfalco