La Constitución de la República Dominicana es el centro de atención en estos últimos meses al encontrarnos en un período de campaña electoral, la que desde hace muchos años se inicia antes del tiempo previsto por la normativa de la Junta Central Electoral. Pero no es la campaña electoral adelantada la causa principal de que la Constitución sea objeto de análisis y de controversias en medios de comunicación impresos, virtuales, televisivos y radiofónicos como algo necesario e imprescindible. La constitución es objeto de diálogo y debates en la calle, en los medios de transporte, en los encuentros de ocio, en los círculos estudiantiles, laborales y, mucho más, en las organizaciones políticas. Este tema se ha convertido en el favorito de la temporada, pero está vinculado a otros temas que erosionan el carácter que tiene la Constitución de la República: reelección presidencial y, por ende, modificaciones irracionales y contrarias a la ética que han de observar las Cámaras legislativas y la Presidencia de la República.
En una nación con un nivel educativo tan bajo como reflejan estudios nacionales e internacionales, se debería esperar que la Constitución, más que pensarla como instrumento compulsivo para la reelección, se utilizara para fortalecer la educación y la corresponsabilidad ciudadana. Además, más que utilizarla para alimentar las ansias continuistas de una persona, de un partido político, se debiera emplear para posibilitar una formación ciudadana que ayude a la sociedad a comprender la importancia, el alcance y las implicaciones del respeto a la Constitución de la República. Estamos lejos de esta tarea, pues importa poco la educación ciudadana aunque presenciemos la existencia de plataformas interesadas en la calidad de la educación, en la instauración de una República Digital y en la proclamación de una “revolución educativa”.
Estamos ante un proceso de banalización de la Constitución de la República. Algunos indicadores de este hecho: poner como centro de la discusión una modificación más de la normativa suprema del país; apurar un cambio más de la Constitución para agradar apetencias personales; el interés de perpetuar una organización partidaria determinada y para afirmar un estilo de gobernanza con dilemas acentuados. Son dilemas que impiden una democracia libre de impunidad, bloquean una posición firme ante la corrupción y limitan las acciones contra el efecto nocivo de la concentración de fuerzas en familiares, en los afiliados del partido de turno y en los representantes de empresas que obtienen elevadas ganancias a costa de los recursos y de las energías de los ciudadanos comunes. Este proceso de banalización no se ha iniciado en este período, tiene raíces históricas; son muchos los presidentes de la República Dominicana que han estimulado y decidido violentar la Constitución. Pero nos parece inconcebible que, en pleno Siglo XXI, nos encontremos todavía con líderes y grupos políticos que asuman como un hecho normal tratar la Constitución de la República como algo menos que un pedazo de papel. Líderes de esta naturaleza obstaculizan una educación ciudadana comprometida con el desarrollo humano y social.
Observamos un contexto en el que sectores de poder están empeñados en la reelección del Presidente de turno sin caer en la cuenta de que entrar en ese proceso supone validar una contradicción con los dictados de la Constitución y con el fortalecimiento de la democracia. Las instituciones educativas del ámbito preuniversitario y de Educación Superior han de asumir como tarea inmediata la formación de los estudiantes para que conozcan y respeten la Constitución de la República; para que profundicen sobre el sistema democrático y el rol de los ciudadanos en este tipo de sistema. Hemos de fortalecer el sistema político y social de la República Dominicana para liberarlo de la instrumentalización y de la tozudez de aquellos que han asumido como cultura la banalización de la Constitución para beneficio particular en detrimento del beneficio colectivo.