Editorial

El Balance del 2017: acusaciones de apatridia e impunidad sobre nuestra imagen (VIII)

Por Acento.com.do

Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. La apatridia con todas sus secuelas y acusaciones contra la República Dominicana, siguió representando un punto oscuro en nuestro sistema de derechos humanos:

2.6.- Apatridia y violación de derechos humanos

Millares de dominicanos de ascendencia haitiana vieron pasar el año sin que se les restituyera la documentación de ciudadanía dispuesta por la Ley No. 169-14 que trata de enmendar la apatridia generada por disposiciones administrativas de la Junta Central Electoral y posteriormente por la sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional que trató de darle carácter jurídico. Los grupos representativos de los afectados y las entidades nacionales que les acompañan siguieron demandando el cumplimiento pleno de esa ley y oportunidades adicionales para los del llamado Grupo B que no pudieron reunir la documentación de sus padres y/o los recursos para iniciar un incierto proceso de naturalización.

Mientras tanto la República Dominicana volvió a ser evaluada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que de nuevo urgió a las autoridades nacionales a implementar soluciones efectivas para dotar de documentación a los millares que han quedado en la apatridia.

Por otra parte, el Estado tampoco logró avanzar este año en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros. Como sólo una ínfima minoría, 7 mil 834 de los más de 230 mil 65 que solicitaron la regularización, han podido llenar los exigentes y costosos requerimientos, en Julio el Consejo Nacional de Migración le prorrogó por segunda vez a la totalidad el carnet provisional que les permite seguir en el país. Dieron un plazo de un mes para que la Dirección General de Migración presentara un nuevo protocolo de regularización, más realista y funcional, pero cinco meses después todavía no se conoce la propuesta.

La Policía Nacional volvió a incurrir en frecuentes violaciones de derechos humanos, con decenas de ejecuciones sumarias o extrajudiciales, amparadas en alegados intercambios de disparos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuantificó en unos 160 los muertos a manos de la policía, y denunció también la persistencia de redadas y detenciones masivas en violación de las normativas y los derechos individuales.   

Por otro lado, las muertes violentas contra las mujeres (feminicidios) alcanzaron este año niveles superiores a los anteriores, con casi 200 mujeres asesinadas, unas 85 a manos de amantes, esposos o despechados, dejando el país entre los tres de más alta incidencia en América Latina. 

3.- La Justicia dominicana siguió en declive

Durante el año 2017 la justicia dominicana, entendida la misma como el Poder Judicial y el Ministerio Público, siguió en declive en la confianza de la ciudadanía, sin mostrar signos de recuperación, sin que se pudieran ver efectos positivos de los acuerdos logrados en la Cumbre del Poder Judicial efectuada en el 2016, y apenas se habló de la Comisión de Seguimiento a sus acuerdos instalada en noviembre del 2016.

3.1.- Impunidad en los casos de Odebrecht y los aviones Super Tucano

El principal reto del año lo constituyó el caso Odebrecht, del que se da cuenta ampliamente en el capítulo de este informe referente a la corrupción. La Procuraduría General de la República inició una investigación que dio paso a la solicitud de medidas de coerción contra 14 personas, incluyendo un ministro, legisladores, funcionarios y ex funcionarios, a la mayoría de los cuales se les impuso prisión preventiva. Sin embargo, las medidas de coerción originales no pudieron sostenerse en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, estando ya todos en libertad, a diferencia de otros países afectados por el mismo escándalo, donde los sometimientos continúan, y afectan a funcionarios, legisladores y hasta ex presidentes, muchos de los cuales guardan prisión. Las críticas sobre el pobre trabajo del ministerio público en un caso paradigmático como este no se hicieron esperar e incluyeron voces tan autorizadas como la de la jueza Miriam Germán Brito, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Al cierre del año 2017 resta a la Procuraduría General de la República alrededor de un mes para presentar acusación sin que se hayan conocido los esfuerzos para identificar otros responsables u obtener nuevas pruebas que fortalezcan la acusación. Mientras fiscales de otras naciones acuden a Brasil para interrogar directamente a los más altos ejecutivos de Odebrecht, no se conocen iniciativas de ningún tipo de parte de los fiscales dominicanos.

Fue burlesco que aparte de empresarios a través de los cuales se movió una pequeña parte de la cantidad involucrada en sobornos, ni un solo funcionario civil o legislador apareciera responsabilizado de una compra por más 92 millones de dólares, aprobada por la mayoría congresual oficialista aunque desde el principio hubo denuncias de sobrevaluación y sobornos y se refería específicamente a legisladores. El caso sigue pendiente de dictamen judicial, pero se encamina a la persistente impunidad nacional

Decepcionante ha sido que después de un año de investigaciones, la Procuraduría General haya concluido procesando tan solo a dos oficiales militares y cuatro empresarios, por el otro escándalo internacional de corrupción destapado en el exterior, el de los sobornos en la compra a la empresa brasileña Embraer de 8 aviones Super Tucano, la que confesó haber pagado unos 3.5 millones de dólares en sobornos para la aprobación del contrato.

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