Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. No deja de ser preocupante que los ciudadanos dominicanos estén dejando atrás su antiguo apoyo a la democracia:

2.2.- Poca confianza en la democracia y las  instituciones fundamentales

Aunque la mayoría de la población no ha expresado la opinión de que prefiere otro régimen político, si ha manifestado en numerosas ocasiones y estudios que no está conforme con la democracia que tenemos. No quiere que sea sustituida, pero sí que sea sustancialmente mejorada. Por lo menos es la opinión reiterada que aparece en numerosas encuestas, consideración que se extiende a instituciones esenciales de la democracia, como son los partidos políticos, el congreso y la justicia. Y lo más significativo de esta valoración es que se constata que es una tendencia que se fortalece con el paso del tiempo. No es un dato que aparece en un período particular, sino una opinión sostenida hacia la baja en una serie histórica. Veamos.

  • Según la última entrega del Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en República Dominicana ha disminuido de un 65% en 2004 a un 54% en 2017
  • En el Barómetro de Las Américas, correspondiente a 2016, encontramos que tiene confianza en las elecciones solo el 34.8% de la población y en los partidos políticos apenas llega al 26.7%
  • La desconfianza de la ciudadanía se extiende al Congreso y a la Justicia. Según el Latinobarómetro de este 2017, el nivel de confianza en el Congreso es de apenas un 23% y el de la Justicia es de tan solo un 22%.

2.3.- Primarias abiertas o cerradas: el tema de la discordia

El anteproyecto de ley sobre los partidos políticos, que deambula por el Congreso Nacional desde el 2002, aunque el primer proyecto fue consensuado en el 1998-99, está paralizado porque los dos líderes del PLD tienen ideas encontradas al respecto. Lo que los divide es la presunción de que la escogencia de uno de los formatos, abiertas o cerradas, puede perjudicarlo o beneficiarlo, han preferido derivar la discusión sobre la constitucionalidad o no del formato de las primarias abiertas.

El Presidente Danilo Medina y sus partidarios entienden que las primarias abiertas ayudarían a ganar la candidatura para la Presidencia de la República en las elecciones de 2020, sea que le facilite presentarse a otra reelección, o en caso de tener que optar porque lo haga un miembro de su tendencia. Por su parte, el Dr. Leonel Fernández y los suyos entienden que si en las primarias internas se vota con el padrón del partido, aumentan sus probabilidades de salir victorioso, y que las abiertas elevan el poder de "los sobrecitos y las tarjetas", de los recursos del Estado y de la compra de votos, materia en la que tienen amplia experiencia. .

La Comisión Bicameral que ha venido trabajando en el consenso antes de presentar el anteproyecto al pleno, no ha podido lograr ningún acuerdo por lo que está a la espera de que éste se produzca en el seno del PLD. El tema se conoció en el poderoso Comité Político del partido, pero el acuerdo no se logró, pero tampoco se impuso la mayoría mecánica que le daría la victoria a la posición defendida por el Presidente Medina. El acuerdo que se logró fue nombrar una comisión de cinco juristas constitucionalistas para que emitieran una opinión respecto a si las elecciones primarias abiertas pueden ser atacadas por inconstitucionalidad, habida cuenta de que la Suprema Corte de Justica, en función de Tribunal Constitucional, antes de que éste fuera establecido en la Constitución de 2010, dictaminó en el 2005 la inconstitucionalidad de la ley No. 286-04 que establecía las primarias abiertas.

El resultado es que los gobernantes han obstruido, durante las dos legislaturas del año, la aprobación de esa ley, en un empeño insólito por imponer a todo el sistema político una forma de elección de candidatos que divide hasta el propio partido de gobierno y sus aliados, y que ha sido objeto de rechazo de la mayor parte de las entidades sociales, incluida Participación Ciudadana.