Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. La institucionalidad democrática, la vigencia de la ley, el respeto de las autoridades a los pactos establecidos, se pone en tela de juicio. He aquí lo que plantea PC, en el sentido de que 2017 representó un retroceso para la institucionalidad dominicana:
2.- Retrasos institucionales y políticos
2.1.- La institucionalidad en vez de fortalecida sale más debilitada
Una conceptualización simple, pero contundente de la institucionalidad, nos indica que ésta consiste en la “rutinización de la norma”. Es decir, que lo establecido en la Constitución, leyes y disposiciones normativas en el ámbito de lo público, son cumplidas de manera rutinaria por las autoridades y observadas por las instituciones en su comportamiento conforme a su naturaleza, mientras están vigentes. Si contrastamos esta simple definición de institucionalidad con el comportamiento de instituciones y autoridades que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir con la norma vigente y desempeñarse apegadas a lo que exige su naturaleza, tenemos que reconocer que en 2017 la institucionalidad, lejos de haber sido fortalecida, fue fuertemente debilitada.
La erosión de la institucionalidad se hace evidente si recordamos lo sucedido en algunas esferas de la realidad política nacional:
- El porcentaje establecido por ley en el presupuesto nacional para financiar actividades que el legislador en su momento consideró tan esenciales que decidió indicarlo de esta manera, mediante una ley, no se observa y se prefiere violarlo, en vez de modificarlo, si es que se considera necesario, aunque se disponga de la mayoría para hacerlo. El poder Ejecutivo se queda con los fondos que las leyes atribuyen a los ayuntamientos, en más de dos tercios, al Poder Judicial en la mitad, a los municipios de explotación minera en 90 por ciento, y en gran proporción los correspondientes a la capitalización del Banco Central. Mientras el Presidente recorre el país en "visitas sorpresas", repartiendo lo que se le niega a esas instituciones.
- La impunidad frente a los acusados de actos de corrupción, o si se quiere la dificultad para ser traducidos y sancionados por la justicia, sobre todo se pertenecen al sector político, representó otra prueba de que la institucionalidad no se respeta
- Igual consideración tiene que merecer comprobar cómo el Congreso Nacional se ve relegado de su función legislativa respecto a la aprobación de la ley de partidos políticos, reclamada desde hace 20 años, 15 de ellos dando vueltas en el congreso. La decisión final para su sometimiento y posterior aprobación depende del Comité Político del PLD y, en última instancia, del acuerdo entre los dos líderes de las “corrientes” internas de ese partido. Los gobernantes han obstruido, durante las dos legislaturas del año, la aprobación de esa ley, en un empeño insólito por imponer a todo el sistema político una forma de elección de candidatos que divide hasta el propio partido de gobierno y sus aliados.
- Estando prohibida la reelección presidencial del actual Presidente de la República, por dos disposiciones de la vigente Constitución, funcionarios cercanos al mandatario, dirigentes y legisladores del partido en el poder, la promueven abiertamente sin que reciban ni siquiera una amonestación
- La conformación por la Cámara de Diputados de una comisión de juristas para que la asesore en la redacción de las leyes contempladas en la Constitución de 2010 y en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, que no han sido aún aprobadas, pese al mandato de que así fuere, es otra prueba más del incumplimiento de lo establecido.