Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. La impunidad fue un signo distintivo, pero lo fue hacia los juzgados por actos de corrupción dentro y fuera del sistema de justicia:
3.2.- Tampoco se sanciona dentro de la justicia
La situación del Poder Judicial es tan precaria como la del Ministerio Público. Los emblemáticos casos de la ex magistrada Awilda Reyes Beltré, y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, se encuentran en la fase de audiencia preliminar sin por lo visto exista la voluntad de llevarlos hasta las últimas consecuencias.
En el Poder Judicial ocurre lo mismo que pasa en el Poder Ejecutivo cuando tienen que enfrentar los casos de corrupción. Les basta destituirlos, sin que haya sanción penal contra los responsables. Así fueron destituidos en juicios disciplinarios Awilda Reyes Beltré, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, María Elena Quevedo Rosario, Altagracia Esther Mejía Roca, Margarita Cristo y José Antonio Cepeda.
Cuando ocupó por última vez la Procuraduría General de la República, Francisco Domínguez Brito denunció la existencia de una estructura a lo interno del Poder Judicial, que se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Finalizando el 2017 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía, declaró que “ese caso pasó a la historia”, que como él no es historiador, no se acuerda y que no se vinculó a aquella denuncia que hizo Domínguez Brito. El autor de esas declaraciones ostenta la posición de presidente del Consejo del Poder Judicial, y por lo tanto esa denuncia, por referirse a jueces, era tanto de su competencia como la de la Procuraduría General de la República.
La justicia siguió siendo considerada como la cenicienta entre las funciones del Estado, recibiendo este 2017, y asignado para el 2018, un presupuesto que en palabras de Mariano Germán “no da ni para el arroz y las habichuelas”. La situación de deterioro de plantas físicas, mobiliario y equipos en el Poder Judicial, y que afecta por igual al Ministerio Público, es sencillamente vergonzosa. Algunos tribunales funcionan en condiciones que lesionan la dignidad de jueces, empleados y usuarios del sistema de justicia. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario.
Para el 2018 la situación empeorará pues el presupuesto asignado al Poder Judicial por primera vez en muchos años ha bajado del 1% del Presupuesto General de la Nación. Parecería que hemos retornado al sistema de Joaquín Balaguer, de hacer más dependiente al Poder Judicial estrangulándolo financieramente.
3.3.- Dos casos de corrupción municipal sancionados
Aunque sea a nivel municipal, debemos considerar positivo que este año se hayan pronunciado dos sentencias condenatorias de sonados casos de corrupción en el nivel municipal, los referentes a los exalcaldes de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, Raúl Mondesí y Félix Rodríguez Grullón y tres de sus funcionarios municipales. Como los casos están sujetos a apelación, todavía no es tiempo de cantar victoria, pero sí de reconocerlos como pasos adelante en la batalla contra la impunidad. .
El exbeisbolista Mondesí fue condenado en septiembre a 8 años de prisión y al pago de una multa por 60 millones de pesos por haber malversado unos 300 millones de pesos de las arcas municipales de San Cristóbal. Bienvenido Araújo y Antonio de Jesús Ferreria, quienes fueran secretario general y tesorero del mismo ayuntamiento, también fueron condenados a 6 y 7 años de prisión y al pago de 20 millones de pesos cada uno, por un tribunal colegiado.
Ya en diciembre, un tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a Félix Rodríguez a 5 años de prisión y una multa de 5 millones de pesos, también por malversación de fondos municipales por unos 400 millones de pesos. Su encargado de nómina Jerson Neris Lizardo, recibió mayor condena, a 8 años de cárcel y multa de 10 millones de pesos.
La cultura de la corrupción también se manifestó en el ámbito internacional ya que ex diplomático dominicano Francis Lorenzo fue involucrado en una red de sobornos en la contratación de un centro de conferencias de la Organización de las Naciones Unidas en Macao, China, cuando estaba acreditado por la República Dominicana ante el organismo mundial, y aceptó los cargos.