Editorial

El balance del 2017: Casos extremos de corrupción de acción pública (III)

Por Acento.com.do

Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. En esta entrega se describen otros casos extremos de corrupción, sin acción del Ministerio Público, como los escándalos de la OPRET y de la JCE:

1.5.- El caso Diandino Peña

El Ingeniero Diandino Peña fue separado de su cargo de Director de la OPREP, luego de la publicación del trabajo de investigación periodística de Alicia Ortega, el cual, entre otras cosas, demostraba que Peña hizo una declaración patrimonial de bienes que solo incluía el ingreso de los RD$150,000 que ganaba en la referida Oficina y afirmaba que no tenía ninguna empresa ni propiedades.

La reconocida periodista, en una investigación con los Papeles de Panamá, demostró que Diandino Peña había creado 19 empresas a nombre de familiares y socios, las cuales habían recibido contratos en la construcción del Metro de Santo Domingo por miles de millones de pesos. El Presidente se limitó a destituir a Peña. En noviembre, en su programa El Informe, Alicia Ortega presentó pruebas de que el Zar del Metro había otorgado contratos sin licitación a su hijo, yerno, ex esposa, amigos de la infancia y a él mismo, por más de RD$4,600 millones de pesos, violando de manera grosera la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06. Este caso va por el mismo camino de impunidad, como todos los que involucran a funcionarios del gobierno.

1.6.- El malecón de Nagua

Otra investigación periodística, sacó a relucir un caso del 2010. El malecón de Nagua. Una obra que se licitó por RD$499 millones de pesos y que luego, mediante adendas fue llevada a RD$1,600 millones. La obra fue adjudicada por la OISOE al Ingeniero Carlos Ozoria, demostrado socio del director de esa entidad, el Ingeniero Félix Bautista. Siete años después, el Municipio de Nagua sigue sin Malecón, a pesar de que se erogaron RD$499 millones de pesos.

1.7.- La mafia criminal de la OMSA.

Este escándalo conmovió profundamente a la sociedad dominicana por la mezcla de corrupción, mafia y crimen que actúa impunemente desde el Estado. El cadáver aparecido en un rio involucró al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, quien está preso junto a otros personeros de esa oficina, acusados de secuestrar y dar muerte al abogado Juniol Ramírez para evitar que éste denunciara los escandalosos manejos de funcionarios que robaban centenares de millones al Estado a través de la reparación o compra de autobuses. Ya en el 2013 salían en la prensa denuncias de corrupción en la OMSA. Participación Ciudadana la incluyó en su libro: Corrupción sin Castigo. Tuvo que morir un ser humano para que el Presidente, casi 5 años después, desvinculara de la dirección de esta institución al ingeniero Manuel Rivas, acusado de ser el autor intelectual del asesinato.

1.8.- El escándalo de los equipos de la Junta Central Electoral.

En el mes de noviembre, la Junta Central Electoral dio a conocer un Informe, elaborado por el equipo técnico de su Gerencia Informática sobre los equipos que, en contra de todas las recomendaciones y con un concurso muy cuestionado, fueron adquiridos por Roberto Rosario para la automatización de las elecciones del 2016. El proceso estuvo cargado de irregularidades y denuncias, pero frente a todo el rechazo se impuso la voluntad del entonces presidente de la JCE, y gastó más de 1,889 millones de pesos en equipos que llegaron muy tarde, no se pudo entrenar al personal y, lo peor, por primera vez el proceso de cómputo electoral estuvo en manos de una empresa privada sin que el país lo supiera. El resultado es que todavía se deben más de 13 millones de dólares, los equipos están en un costoso almacén privado y los técnicos de la JCE recomiendan que no sean utilizados en el 2020 porque no ofrecen confianza.

El 18 de Julio del 2016, Participación Ciudadana, en su último Informe (Sexto) de Observación Electoral, decía “Corresponde ahora a la JCE rendir cuentas al país sobre el fracaso de esta enorme inversión realizada y reclamar las responsabilidades que sean pertinentes a la empresa contratada para suministrar los referidos equipos. Por igual la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público deben iniciar investigaciones para determinar si las irregularidades cometidas comprometen la responsabilidad penal de cualquier persona”.

1.9.- Fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado 

Participación Ciudadana observa con mucha atención la denuncia realizada recientemente con relación a resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio sobre los precios de paridad de importación de gas licuado de petróleo. Ahora sabemos que el pueblo ha estado pagando entre 20 y 23 pesos de más en el precio del gas y se pretende dejar esto sin establecer responsabilidades en este descomunal fraude que encareció desproporcionadamente un producto fundamental.

Al comenzar el 2013, el componente flete de la fórmula de precio de paridad para la importación de gas licuado de petróleo era de US$135.50 por tonelada métrica, pero en enero la Resolución 07 firmada por el ministro José del Castillo Saviñón, lo elevó a US$185.50. Pero al mismo tiempo lo establece en US$205.50, a partir del 6 de julio del mismo 2013, y a US$215.50 desde el 4 de enero del 2014, y finalmente a US205.50 desde el 3 de enero del 2015. Todavía más, la Resolución 365 BIS del 30 de diciembre del 2015, lo lleva a su mayor nivel, US$225.50 por tonelada métrica.

En síntesis, que de US$135.50, dos resoluciones, la primera de tres tramos, el precio fue elevado en 90 dólares por tonelada métrica. Recientemente, buscando más recursos para paliar los déficits fiscales, el Ministerio de Hacienda "descubrió" que los importadores de gas se estaban engullendo, a costa de los consumidores, desde luego, entre 2,500 y 3,000 millones de pesos anuales, que ahora, en vez de devolverlos al precio de venta del gas, serán retenidos por el fisco. Y los pobres importadores de gas seguirán con un negocio rentable. Eso quiere decir que en casi cinco años, esos dichosos empresarios fueron "ayudados" con una suma que oficialmente fluctúa entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. Y todavía expertos independientes estiman que habría sido el doble. Se duda que sólo se lucraran los empresarios.   

 

Continuará mañana

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