Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. Esta segunda parte describe el inicio del movimiento Verde y señala los primeros casos alarmantes de corrupción en la administración Danilo Medina:
1.2.- El Año del Movimiento Verde
El escándalo Odebrecht produjo tal conmoción en el país que removió la conciencia de decenas de miles de dominicanos, produciendo el surgimiento de un movimiento con características y proporciones nunca visto en la República Dominicana. El domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales, cuando decenas de miles de personas, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y la impunidad imperantes, iniciando una cadena de movilizaciones que se mantuvo todo el año. Los ciudadanos/as asumieron con ahínco la lucha contra la impunidad, utilizando como identidad y símbolo de esperanza el color verde con la libertad y la creatividad que caracterizan nuestras luchas, esperanzas y anhelos.
A lo largo del año el Movimiento Verde recibió el apoyo de los más diversos sectores de la vida nacional, a todos los niveles, a lo largo de la geografía nacional y en varias otras naciones donde viven dominicanos. Se realizaron decenas de marchas masivas, manifestaciones de protesta, piquetes, conferencias y actividades artísticas que han teñido de verde el país.
1.3.- Los Tres Brazos, un barrio vendido con todo y gente.
El año comenzó con el escándalo de la venta del barrio Los Tres Brazos, con unas 14 mil familias en la Provincia Santo Domingo, que data del 1979. La Corporación de Empresas Estatales (CORDE), una de las entelequias que se usan como fuente de enriquecimiento para los gobernantes de turno, vendió el barrio con todas sus edificaciones y calles por 72 millones de pesos a la empresa Titulatec, de los cuales se estableció que apenas recibió netos 3.3 millones de pesos.
Al término del 2016 la prensa se había hecho eco de las denuncias cuando la empresa cobraba los solares a precios muchas veces superiores a lo pagado. Tres canales de televisión se unieron en una campaña que obligó al Presidente Medina a emitir un decreto disolviendo la estafa. Sin embargo, a pesar de que la Comisión designada realizó un informe correcto, todavía no se ha cumplido la recomendación de disolver la CORDE y no solo se le sigue otorgando recursos, sino que no se ha hecho una investigación exhaustiva de todos los negocios que se han hecho a costa del patrimonio nacional.
1.4.- Los sangrientos negocios del CEA.
La muerte de tres personas en San Pedro de Macorís puso en evidencia los sucios negocios que por décadas han realizado funcionarios públicos con los terrenos del Estado que administra el Consejo Estatal del Azúcar. La venta fraudulenta, sin aprobación del Congreso y la descarada estafa a ciudadanos que luego encontraban que el mismo terreno también había sido vendido a otros, es una muestra de la descomposición que se viene dando desde hace mucho tiempo en esta entidad del Estado. A los ciudadanos estafados con esta práctica, no sólo se les cobra el precio del terrero sino también diferentes sobornos que van a parar a la mafia que por décadas se ha refugiado allí con el pleno conocimiento de los gobiernos de turno.
Es esta ocasión, el escándalo trasciende por la tragedia de tres muertos, entre ellos dos comentaristas radiofónicos, Luis Manuel Medina y Leo Martínez, quienes fueron asesinados por José Rodríguez (Joselito) mientras transmitían un programa de radio. El Ex diputado, Sergio Cedeño, vaticinó que Rodríguez sería asesinado para que no hablara. Posteriormente se dijo que se suicidó, aunque a sus familiares no se les permitió ver su cadáver.
El Presidente creó una Comisión, que rindió su informe, donde quedó evidente que el matador de los dos comentaristas había sido timado y actuó en violento impulso de desesperación tras meses exigiendo que les entregaran terrenos que había comprado, o que le devolvieran lo pagado. Fue cancelado el Director General del CEA, José Joaquín Domínguez Peña y ahí quedó esta tragedia. 10 meses después, nada ha hecho la Procuraduría General de la República para desmantelar esta mafia y someter a los responsables a la justicia.
Otra tragedia que envuelve terrenos del CEA ocurrió el domingo 24 de septiembre, cuando un desproporcionado contingente policial procedió a las 3 de la madrugada a desalojar a los que durante más de una década habían ocupado o contratado en compra terrenos de esa entidad, levantando viviendas y hasta pequeños negocios. En el operativo fue asesinado el teniente Mateo Ogando, de la fuerza aérea, y otros tres residentes recibieron heridas de balas, incluyendo a una menor.
Ha llamado la atención que el caso ha sido "olvidado" hasta por la mayoría de los medios informativos. Las autoridades no han ni responsabilizado a nadie por la sangre derramada. Tampoco se ha informado qué juez o autoridad dispuso la destrucción de las viviendas con equipos pesados, ejecutada en horas de prohibición y sin representación judicial. Sólo se sabe que los terrenos serían parte de unas parcelas vendidas a una empresa en el gobierno de Hipólito Mejía, la que nunca los urbanizó ni pagó lo contratado, pero que ahora han adquirido un valor muchas veces mayor por estar en el área donde se construye la bautizada Ciudad Juan Bosch.
En las últimas semanas salió a la luz pública otro escándalo originado en el CEA. En el Congreso, se estudia la venta de 1000 tareas al ex diputado y ex gobernador de Boca Chica, Eladio Martínez, por la irrisoria suma de RD$40 millones de pesos, esto es, a RD$15 pesos el metro, en una zona de vocación turística.
Continuará mañana…