Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. Esta primera parte es apenas la introducción:
* El 2017 puede ser calificado como el año del destape de la corrupción y uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con renacimiento de la esperanza en que es posible edificar una sociedad mejor, con una lucha trascendente que marcará una nueva etapa en la sociedad dominicana.
* En el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan y este año parece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de sus intereses, después de 20 años de discusiones, 15 de ellos en innumerables legislaturas, dos en este año.
*La justicia siguió siendo tratada como la cenicienta de los poderes del Estado, incapaz de renovarse a sí misma, siquiera aplicando los acuerdos establecidos en la Cumbre del Poder Judicial celebrada en el 2016. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10.
*El año termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía por medio de mayores ingresos provenientes de empleos productivos formales.
1.- El destape de la corrupción
1.1.- El escándalo Odebrecht.
El 22 de Diciembre del 2016 estalló el más escandaloso caso de corrupción de América Latina: Doce países del continente aparecieron involucrados en una compleja trama de corrupción, sobornos y financiamientos ilegales de campañas electorales. La constructora brasileña Odebrecht, conjuntamente con los gobiernos de esos doce países, planeaba y ejecutaba obras que eran asignadas en algunos casos sin concurso y en otros en concursos amañados que involucraron miles de millones de dólares. La propia compañía, después de ser obligada a llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y con sus principales ejecutivos presos en Brasil, confesó haber distribuido 788 Millones de dólares en sobornos en los países de América Latina y África. Legisladores, intermediarios y funcionarios del gobierno de la República Dominicana habrían recibido más de 92 millones de dólares, la segunda suma más alta involucrada, y con mucho la mayor en términos proporcionales al territorio y la población.
Uno de los aspectos más relevantes del escándalo fue que varios de los funcionarios de Odebrecht procesados en Brasil confesaron que la compañía había trasladado su departamento de sobornos a la República Dominicana cuando la justicia de allá comenzó a pisarle los talones, en busca de mejores condiciones para continuar sus operaciones delictivas en el continente y el mundo. Aún más, el impacto fue mayor porque uno de los procesados, el Sr. Joao Santana, quien fue apresado junto a su esposa al regresar a Brasil, era en ese momento y por varios años el principal asesor de campaña del Presidente Danilo Medina y tenía despacho en el Palacio Nacional.
Otro aspecto importante es el hecho de que justamente cuando el actual gobierno negociaba el mayor contrato con la Odebrecht, el de las plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina, se produjeron las más elevadas transferencias de fondos, 66 por ciento del total, al señor Ángel Rondón, personero que según declaraciones de la propia empresa se ocupaba de distribuir los sobornos.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por medio de la cual solicitan que se investigue si en el país se recibieron fondos internacionales de la empresa Odebrecht para financiar campañas electorales, así como para reinstaurar en la Constitución la figura de la reelección presidencial en 2015. La Procuraduría General no ha dado curso a esta denuncia y nadie en el mundo oficial ha considerado necesario responderla.
A un año de haberse conocido este escándalo, el sometimiento formal a la Justicia de los pocos que fueron imputados por la Procuraduría General de la República aún está pendiente, todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, más bien está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas, y no ha cumplido la cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país, pero tampoco la Procuraduría General se lo ha exigido.
Continuara mañana…