Es acertada la decisión del presidente Danilo Medina de crear una comisión de personas con credibilidad, y que se entienden independientes del gobierno, para investigar la licitación que otorgó el contrato de la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina a un consorcio encabezado por la firma brasileña Odebrecht.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dijo que la investigación de todas las actividades de Odebrecht en el país, desde su llegada en el 2001 hasta la fecha, corresponde al Ministerio Público. Y que en el caso de Punta Catalina, por la magnitud de la obra y la relevancia de la misma, es un contrato de más de 2,000 millones de dólares, hay que revestirlo de toda la transparencia posible.
La comisión la encabeza Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador del Consejo Económico y Social, y ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y la integran personalidades de ámbitos diversos, además de empresarios, economistas, dirigentes sindicales, y representantes de iglesias cristianas evangélicas.
El mandato del presidente ha sido que indaguen todo lo que entiendan necesario, que investiguen y llamen a todos los relacionados, que escuchen todas las voces, y que preparen un informe para entregarlo al país.
El presidente ha remitido una carta a cada una de las personas designadas por decreto para integrar la comisión. Allí se explica que no fueron consultados previamente para designarlos en esa tarea. El que desee renunciar que lo haga. Es obvio que el interés del presidente es que la investigación se haga sin que hayan tenido los miembros del equipo ningún diálogo con él o con funcionarios del Palacio Nacional.
La construcción de la planta de Punta Catalina ha generado mucho ruido, en particular de los grupos que compitieron y resultaron perdedores de la licitación. Como la empresa Odebrecht ha sido condenada en Estados Unidos, y obligada a revelar prácticas irregulares, ha salido a la luz pública que otorgaba sobornos a intermediarios para beneficiar a funcionarios en la República Dominicana.
El reclamo colectivo es que se diga quiénes son los beneficiarios de los sobornos, y que los funcionarios que fueron parte de este engranaje sean identificados y sancionados. El presidente Danilo Medina está actuando para demostrar que no está entre los beneficiarios o receptores de propinas. Punta Catalina es su gran proyecto para resolver el déficit energético, y fue concertado por su gobierno en el 2013.
Punta Catalina es además el proyecto más grande ganado por Odebrecht, como parte de un consorcio, en toda la historia de esa empresa en la República Dominicana. La decisión del presidente es correcta. Y muy importante es que el presidente ha pedido a los designados en la comisión que informen todo lo que encuentren en sus indagatorias y “poner a disposición del Ministerio Público, cualquier información relevante que pudiera obtener que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular”.
El país necesita saber, y es necesario que haya transparencia. Ojalá que esta medida presidencial contribuya a despejar las muchas dudas que existen.