Abel Martínez Durán, el alcalde de Santiago, está siendo excesivamente hostil con periodistas de Santiago, y probablemente está desperdiciando la oportunidad de aprovechar las críticas que se formulan a su gobierno local para utilizarlas como forma de mejorar su relación con la comunidad a la que sirve desde la alcaldía.
Santiago es una gran ciudad, con un dinamismo económico, social y político impresionante, y sus autoridades debían ser menos sensibles a las críticas que desde los medios de comunicación se le hacen. Toda crítica es una oportunidad para replantearse actividades, para exigir mejor rendimiento y más calidad a tus propios colaboradores y para demostrar que, incluso, una autoridad de la categoría del alcalde de una ciudad como Santiago, está por encima de cualquier enfoque crítico.
Abel Martínez es un político de experiencia. Ha ejercido funciones públicas en Santiago y en Santo Domingo. Fue presidente de la Cámara de Diputados, y conoce que las relaciones de los funcionarios con los medios debe regirse por el celo permanente, en particular de los periodistas y los medios, para que el funcionario sea eficiente y pueda ver todos los ángulos de su gestión al frente de las entidades públicas.
En este momento el señor Martínez se encuentra envuelto en una demanda judicial contra el periodista Esteban Rosario, por difamación e injuria, por un hecho supuestamente falso que le fue imputado por Rosario en los días previos a la toma de posesión del cargo, en agosto pasado. Dedicar tiempo y recursos públicos para dirimir querellas contra periodistas es una muy mala señal del trayecto que podría tomar la alcaldía de Santiago, desde ahora hasta el 2020.
Los políticos contemporáneos y de gran éxito, como Bosch, Balaguer, Peña Gómez, Leonel Fernández o Danilo Medina no dirimen querellas judiciales por temas periodísticos, Y los que ya murieron nunca lo hicieron. Existe el derecho a réplica o la sencilla aclaración. Tomar en camino de los tribunales, en el caso de los funcionarios públicos, es tomar el camino del fracaso. Ha sido probado que los tribunales dominicanos no están dispuestos a sacrificar el derecho a la información y a la libertad de opinión, cuando se trata de funcionarios públicos.
En Santiago mismo, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, sufrió una derrota judicial por una querella por falsificación de documentos contra el periodista Marcos Martínez.
El 12 de enero, funcionarios municipales de Santiago agredieron y apresaron, ilegalmente, al periodista de Acento, Máximo Laureano, porque se encontraba realizando labor profesional en el nuevo mercado de Pulgas de Santiago, en el sector El Ingenio.
Máximo ha denunciado que los personeros armados que le agredieron, le quitaron su carnet emitido por nuestra empresa y luego lo apresaron, realizaban su ilegal despojo y apresamiento por órdenes del alcalde Abel Martínez.
Tal vez no sea correcta esta versión, pero queda clarísima la intención agresiva de los agentes de la Policía Municipal, y en particular del señor Michael Vargas, quien además de quedarse con el carnet periodístico de Laureano, prohibió hacer fotografías en una plaza pública. Absolutamente ilegal y abusiva la disposición, pues contraviene la Constitución de la República y las leyes que garantizan el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.
Abel Martínez, por ejemplo, debe saber que pudiera ser sometido a la justicia por abuso de poder. Pero esa no es la actitud de este medio ni del periodista Máximo Laureano. El alcalde de Santiago debe aceptar que la labor periodística no se realiza en su contra, sino en procura de un derecho que nos reserva la Constitución, y por el buen gobierno para los munícipes de Santiago.
Ojalá el alcalde Abel Martínez reflexione sobre la actitud que va demostrando contra periodistas de Santiago de reconocida trayectoria e historia, y que un buen gobierno local es el resultado también de la tolerancia de sus autoridades, y no del abuso, la arrogancia y el uso del poder para atropellar.