Lima, 22 jul (EFE).- El vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró hoy que la constructora brasileña Odebrecht no puede continuar trabajando en el país por haber sobornado a funcionarios para obtener millonarios contratos de obras públicas con el Estado peruano.

"Odebrecht, una empresa que claramente ha cometido actos de corrupción, no puede continuar trabajando en el Perú, y así está establecido en las normas", afirmó Vizcarra a la emisora RPP Noticias.

El vicepresidente peruano defendió el decreto legislativo 1352, promulgado por el Gobierno en enero, que prohíbe al Estado peruano contratar a empresas cuyos miembros hayan sido condenados por delitos de corrupción como cohecho, lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado y terrorismo.

"Empresa corrupta no puede trabajar con el Estado. Tenemos que dar muestras de una actitud franca y sincera de lucha contra la corrupción para recuperar la confianza del ciudadano en el Estado y el Gobierno", añadió.

Vizcarra defendió el cumplimiento de esa legislación después de que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, anunciara el miércoles el despido de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, y de la procuradora para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero.

Según Pérez Tello, Ampuero supuestamente interpuso un recurso aceptado por el Poder Judicial que impide a Odebrecht vender su participación en el proyecto de irrigación Olmos y pagar con ese dinero una reparación civil al Estado por los sobornos repartidos en el país.

La ministra acusó a la procuradora de no haber aplicado el decreto de urgencia 003, emitido en febrero, que prohíbe a empresas sentenciadas por corrupción o que hayan asumido su responsabilidad por delitos de esa índole vender sus activos sin autorización previa del Estado.

El proyecto de irrigación Olmos, ideado hace unos 90 años por el ingeniero británico Charles Sutton, consiste en el trasvase de las aguas del río Huancabamba con un túnel de 20 kilómetros de longitud bajo los Andes para regar 43.500 hectáreas de cultivos sembrados en pleno desierto de la norteña región Lambayeque.

La construcción del túnel fue adjudicada a Odebrecht en 2004 por el Gobierno de Alejandro Toledo a través del gobierno regional de Lambayeque, el mismo que en 2010 licitó la construcción de la infraestructura para regar los cultivos a H2Olmos, filial de Odebrecht.

El caso Odebrecht en Perú se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la constructora brasileña admitió a la Justicia estadounidense que pagó a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.

Ese período contempla los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

El escándalo de corrupción ha derivado en la prisión preventiva del expresidente Humala y su esposa, Nadine Heredia, y una orden similar, por ejecutarse, contra Toledo y su esposa, Elianne Karp, así como una investigación preliminar contra García. EFE