SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El pacto eléctrico debió centrarse en crear un nuevo modelo para el sistema eléctrico dominicano, pero lo que se está haciendo es validar el existente y consensuar una serie de aspectos que ya están en la Ley General de Electricidad y su reglamento, pero que no se cumplen.
Ese es el análisis que hacen los académicos de la Escuela de Economía y el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sobre uno de los dos temas de mayor interés nacional del sector eléctrico. El otro es Punta Catalina.
El experto en energía, José Luis Moreno San Juan, explica que en el pacto eléctrico hasta el momento existen 216 puntos consensuados, pero que tienen ‘‘problemas’’ incluso en la redacción, además de que muchos no se refieren exactamente a lo que se discutió.
Pero la situación con los 28 disensos es peor. De acuerdo con Moreno San Juan, en los elementos en que los sectores no han podido ponerse de acuerdo se encuentran los temas neurálgicos del sector y por lo tanto –a juicio del exdirector del Instituto de Energía de la UASD– de no incluirse esos 28 puntos en el acuerdo, ‘‘el pacto sería inútil, no se podría dar una solución al problema energético’’.
‘‘El pacto bajo esas condiciones no tendría ningún sentido y se habría perdido más de dos años de discusiones sin tener ningún resultado positivo’’, advierte.
Comentó que no existe una ‘‘reforma’’ como tal, si se parte del significado de la transformación que abarca ese concepto. Dijo que en la actualidad se discute un cambio en la metodología de la el abordaje de los temas aun en discrepancia, pero enfatiza en que es imposible llegar a la plenaria con esa cantidad de disensos y solamente aprobarse los consensos en la forma en que están redactados.
‘‘Lo que planteamos era una nueva política energética y un cambio en el modelo existente, lamentablemente en el pacto eléctrico lo único que se está haciendo es validar lo que se tiene y no creemos que esa es la solución para el sistema eléctrico’’
Punta Catalina: FTI Consulting no presentó un informe aceptable ni concluyente
Para el Instituto de Energía y la Escuela de Economía, algunos de los resultados del informe de la FTI –firma contratada por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, que designó el Gobierno– no son aceptables y concluyentes, principalmente en lo relativo al valor de la central termoeléctrica.
‘‘El presupuesto de la Central no debió exceder los US$1,500 millones (valor estándar) más entre un 15 % y 20% de ese valor, para cubrir los imprevistos de la obra. Esto arrojaría un valor máximo de unos US$1,800 millones y más probable de unos US$1,725 millones’’, subraya el informe de la universidad estatal.
‘‘Nosotros usando los mismos datos que usó FTI, pero eliminado las plantas que no son comparables, nos dio que está un 18 % por encima del valor normal y por lo tanto lo que recomendábamos en ese momento era hacer un peritaje técnico financiero real, que no es una simple comparación, sino tomar partida por partida, ver cuáles son sus costos y qué es lo que tienen instalada esta central que pueda justificar un valor por encima del que nosotros hemos determinado’’, rememora Moreno San Juan del análisis que hicieron en un panel en Baní el 3 de agosto de 2014.
Agregan que todo el costo por encima del valor de referencia estándar tendría que justificarse muy bien y ser resultado de una auditoría técnica forense o peritaje, bien realizado, que en nada se parece al trabajo de comparación realizado por la firma FTI Consulting para la valoración de Punta Catalina.
‘‘Entendemos que la situación tanto de Punta Catalina como del pacto eléctrico debe de transparentarse en el sentido de que no es posible hacer una posición de fuerza para decir que todo está bien cuando no lo está’’, comenta Moreno San Juan.
Con respecto a las nuevas exigencias de US$708 que hace el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella al Gobierno dominicano, los expertos plantean que era de esperarse porque es ‘‘algo muy común sobre todo en el líder de ese consorcio’’ solicitar adendas. Sin embargo, alertan que no se justifican porque no es parte de los términos del contrato.
Los cambios en el diseño y otras situaciones son contractualmente no reclamables porque todas la responsabilidad del diseño era del Consorcio, y los valores de la planta con los 1,945 millones de dólares se puede cubrir de por si cualquier diferencia, subrayan.