Nuestro mercado eléctrico es un caso insólito; es el único mercado en el que se produce y comercializa un producto – el kilovatio hora de energía – sin que nadie sepa explicar cuanto realmente cuesta y como se determina su precio. Y como no se sabe el precio verdadero, o no se quiere reconocer, la Superintendencia autoriza a las empresas distribuidoras que cobren la energía mediante lo que denomina “tarifa aplicada”. Que suena a “tarifa obligada”.
La falta de transparencia, fundamento económico y legal de esa tarifa es un indicador principal de la crisis del sector eléctrico dominicano.
En el mercado de electricidad se manejan dos conceptos económicos básicos: precio y tarifa.
El precio es – por ejemplo – el valor monetario del kilovatio hora de energía que venden las empresas generadoras en el mercado spot. En este mercado el precio se determina, sustancialmente, por la dinámica de la oferta y la demanda.
Por su lado, la tarifa es el cargo por kilovatio hora que la Superintendencia autoriza cobrar a los abonados por parte de las empresas de transmisión y de distribución de electricidad. Estas empresas son monopolios y sus precios no se determinan por el cruce de la oferta y la demanda.
En resumen, el precio final del kilovatio hora es la suma del precio de generación, más las tarifas de transmisión y de distribución, esta última también denominada Valor Agregado de Distribución (VAD).
Los dos componentes que más influyen en el precio final son el costo de generación y el VAD de distribución.
Para evitar abusos de precios por parte de las distribuidoras, que son monopolios, la ley de electricidad establece en su artículo 115 que el regulador les fijara un margen bruto (VAD) a cada distribuidora por un periodo de cuatro (4) años, basado en un estudio riguroso e independiente de los costos de abastecimiento de cada empresa. (Como esa ley no se cumple, aplicamos la tarifa al “ojo porciento”).
Ahora bien, aunque el VAD varía muy poco, el precio de generación cambia mucho, influenciado por los precios de los combustibles. En este esquema, las alzas o descensos de los precios de generación deberían ser transferidos a las facturas mensuales de los clientes. Sin embargo, en los últimos años los precios de generación han caído fuertemente, mientras que la tarifa que pagan los consumidores se mantiene igual, por las nubes.
Nada la baja
Entre enero del 2011 y mayo del 2016 el precio promedio a que las distribuidoras compraban la energía a los generadores, incluyendo el peaje de transmisión, bajó un 46%, de 17.90 a 9.56 centavos de dólar por kilovatio hora. Sin embargo, en ese mismo periodo el precio promedio en centavos de dólar) a que pagaron la energía los hogares que consumen cerca de 700 kilovatios hora al mes solo se redujo un 8.33%, de 20.65 a 18. 93 centavos de dólar (ver figura):. Ese descenso se debió al alza de la tasa de cambio que pasó de un promedio de 37.92 pesos por un dólar en el 2011 a 45.8 $RD/US a mayo del 2016.Evaluada en pesos la reducción de la tarifa en dicho periodo fue cero. En resumen, acuerdo al gráfico, los hogares que consumen de 400 kWh/ mes hacia arriba están subsidiando al Gobierno.
Si el costo de abastecimiento de las distribuidoras cae en un 46% y la tarifa “obligada” permanece inmutable entonces las ganancias para las distribuidoras se disparan, no por eficiencia operacional, sino porque se incautan ilegalmente de la rebaja del precio de compra que debieron transferir a la población. Esta situación se puede observar en el grafico con la brusca subida del margen de las distribuidoras (la curva VAD) entre 2014 y 2016 y la caída en picada de la curva del precio a que las distribuidoras compran a los generadores. De enero 2011 a mayo 2016 ese margen creció un 183 %, gracias a la tarifa “obligada”.
Por otro lado, en el cuadro se observa que entre el 2014 y el 2015 la factura por compra de energía de las distribuidoras cayó en 431 millones de dólares, mientras que el ingreso por venta de energía ascendió en 28.8 millones, por lo que las distribuidoras tuvieron un saldo bruto relativo favorable de cerca de 460 millones de dólares en tan solo un año. De ese extraordinario excedente relativo a la población no le llego un solo centavo.
Se ha querido justificar ese abuso de poder indicando que el sobreprecio de la tarifa se está utilizando para construir las plantas de Punta Catalina. Es decir, que una telefónica podría subir la tarifa de teléfono para financiar la construcción de su sucursal en Samaná. ¿Es eso un mercado?