SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Transparencia, equidad en los debates, una dosis real de voluntad política y que prevalezca la búsqueda de una solución integral por encima de los poderosos intereses corporativos y particulares.
En esos términos, al margen de sus objetivos puntuales, coinciden las expectativas de sectores industriales, de la mediana y pequeña empresa, y de entidades como el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) de cara al Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, cuya coordinación arrancó este martes a raíz del decreto presidencial 389-14.
Para Víctor Castro, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), el proceso de discusiones y formulación de propuestas previo a la firma del convenio –prevista para dentro de seis meses- debe ser similar al del Pacto por la Educación, que devino en la asignación sectorial del 4% del PIB (Producto Interno Bruto).
Con miras a resolver “de manera definitiva el problema”, los industriales de Herrera apuntan a tres objetivos estratégicos: una generación “suficiente, continua y de calidad”, a costos razonables para las industrias y la población en general; optimizar los sistemas de transmisión y distribución, y suprimir de una vez por todas el cuantioso subsidio orientado a cubrir las pérdidas y deficiencias estructurales del sector.
En términos puntuales proponen, al igual que otros sectores empresariales, fusionar en una sola a las empresas distribuidoras e incluso la desaparición de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), entidad que consideran como una carga innecesaria para el Estado.
“Tenemos una duplicación de esfuerzos con tres distribuidoras, cuando deberíamos tener una sola, incluso la existencia de la CDEEE no tiene sentido si hay un Ministerio de Energía y Minas… el sistema completo debe estar en manos privadas, porque no es negocio para el Estado y lo que produce es déficit”, indicó Castro al periódico Acento.com.do.
Recalcó que el proceso debe llevarse a cabo de una manera transparente, dejando en el pasado los acuerdos y contratos “de aposento” en perjuicio del Estado y los consumidores.
La AIEH propone que tanto los contratos que se firmen en el futuro como la renegociación de los acuerdos de Madrid, que perimen en el 2016, se evalúen en un escenario como el CES, “como forma de evitar el fraude histórico” que a su juicio ha matizado este tipo de negociaciones.
De su lado, la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas (Codopyme), procura a través del pacto dejar de ser “el sector que más caro paga el servicio y el que menos energía recibe”, pese a que constituyen “el 98” de las empresas instaladas en el país.
Las denominadas “pymes” operan mayormente en los barrios populares y pueblos del interior, “donde es aun más precario el servicio, y donde muchos equipos se queman por alto o bajo voltaje”, explicó Isachar Burgos, presidente de Codopyme.
“Tenemos zonas donde la luz se va a la 11:00 AM y llega a las 7:00 PM, es decir, que en horas laborables nunca hay servicio, y encima también tenemos que tener una planta”. Codopyme, que como la AEIH también pertenece al CES, planteará que a estas empresas se les facture una tarifa industrial y que las Edes asuman los costos de instalación de transformadores u otros dispositivos que se requieren para operar determinadas maquinarias, una inversión que actualmente absorben las pymes.
“A las pequeñas industrias se nos cobra una tarifa domestica, como si fuéramos una casa o un comercio, entonces para instalarse una pequeña empresa tiene que hacer su propia inversión, pagar una fianza a las distribuidoras y pagar la tarifa fija por potencia”. Otra propuesta es reducir los requisitos para que puedan operar como usuarios no regulados.
“Las pymes pagan más del doble por kilovatio/hora que las grandes empresas, y no reciben subsidios en combustibles… confiamos que al pacto eléctrico vayamos sin pasiones, desprendidos de los intereses que han convertido a la energía eléctrica en un negocio”, acotó.
Pro Consumidor: debemos ser convocados
Altagracia Paulino, directora ejecutiva del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), señaló que está a la espera de que esta entidad sea convocada a los debates del pacto eléctrico, a fin de poder representar a los usuarios.
“Entiendo que debemos estar convocados, aunque no lo hemos sido oficialmente, porque a fin de cuentas las quejas que tienen los usuarios de todos los servicios las recibimos aquí”, dijo Paulino.
Informó que técnicos del organismo trabajan en la elaboración de la propuesta que llevará Pro Consumidor al seno del CES. “Estamos trabajando en eso, porque si hay algo muy malo en este país es ese servicio, la opacidad con que se ha manejado ese sector”, apuntó.
Del Pacto, la funcionaria adelantó que espera “primero transparencia, se han firmado contratos violando la ley, sin licitaciones… y segundo, garantizar la libertad que tiene el ciudadano de elegir el servicio que quiera, que haya competencia real para que el ciudadano tenga derecho a elegir, para que haya competencia y precio de la energía no sea monopólico”.
Otros puntos que Pro Consumidor pondrá sobre la mesa es el fin del “populismo” que permite a numerosos sectores no pagar el servicio, así como transparentar el aspecto de la facturación.
Para el proceso de discusiones del pacto eléctrico fueron convocadas 59 organizaciones, e instituciones gubernamentales, 55 expertos de diversas disciplinas, representantes de organismos internacionales en calidad de testigos y siete directores de medios de comunicación impresos. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la iniciativa da cumplimiento al artículo 35 de Estrategia Nacional de Desarrollo y a una de las promesas de campaña del presidente Danilo Medina.