SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante el primer semestre del año 2017, la ejecución presupuestaria en programas sociales ha quedado rezagada.
De los RD$200 millones presupuestados para la reducción de la pobreza extrema, apenas se han ejecutado 100 mil pesos en el primer semestre del año, enfatizó el Centro Bonó en su análisis de la ejecución presupuestaria en el periodo enero-junio 2017.
‘‘De 37 programas priorizados en el 2017 más de la mitad están sub ejecutados y cerca de un tercio tienen una ejecución pírrica. Tal es el caso del programa de salud materna infantil con un presupuesto aprobado de RD$100 millones y con una ejecución de apenas 300 mil pesos en el semestre’’, precisó Roque Féliz, vocero del Bonó.
Mencionó que lo mismo ocurre con los programas de prevención y control de enfermedades crónicas, de vigilancia epidemiológica, de control de tuberculosis, y de salud mental.
El experto en economía expresó preocupación por la persistencia de grandes brechas entre la ejecución financiera y la realización física de las actividades, productos y servicios presupuestados.
A pesar de que hubo avances en la recaudación tributaria de medio término, la entidad demandó del Gobierno Central mayor compromiso y coherencia con la ejecución del gasto en los programas sociales priorizados, muchos de los cuales se encuentran con muy bajos niveles de ejecución.
Féliz exigió que las autoridades pongan mayor empeño en mejorar la calidad del gasto social, pues en el Informe de medio término nueva vez se pone de manifiesto la ejecución rezagada de los bienes y servicios presupuestados.
Al respecto, el vocero indicó: “Más allá de la ejecución financiera debemos prestar atención a la ejecución física del presupuesto, especialmente de los programas sociales priorizados’’.
Ofreció estas declaraciones a partir del análisis de coyuntura que el Centro Bonó realiza el primer sábado de cada mes. En esta ocasión, los invitados fueron José Rijo Presbot y Rafael Jovine, expertos en análisis financiero y presupuestario, respectivamente.
Rijo Presbot resaltó que en el primer semestre el déficit presupuestario fue de RD$19 mil millones, equivalente al 0.5% del PIB y menor que la proyección presupuestada. Los ingresos fiscales del período fueron de RD$273 mil millones, ligeramente mayor a lo proyectado, y el total del gastos devengados fue de RD$292 mil millones.
“Pero lo que más llama la atención en la ejecución presupuestaria del primer semestre, es que, a pesar de este nivel de déficit, al 30 de junio la deuda flotante alcanza un monto de RD$37 mil millones, es decir, más del 1% del PIB; y que por otro lado, de un total de 2,644 actividades presupuestadas, el 53%, o sea 1,414 actividades, no registran ni un peso de ejecución en los primeros 6 meses,” indicó Rijo.
Argumentó que comparado con la ejecución de igual período en 2016, este año los gastos corrientes se incrementaron en 4%, mientras que los gastos de capital cayeron en 1%; siendo significativa la reducción en la inversión real directa con un 12% menos, mientras que las transferencias de capital aumentó un 16%. “Éste incremento se debe a los RD$11 mil 482 millones transferidos a la CDEEE para el pago a Odebrecht y sus asociados en Punta Catalina”.
Rafael Jovine señaló que aunque la ejecución financiera es considerablemente alta en la mayoría de las instituciones, los reportes de ejecución física indican pobres desempeños en la producción de bienes y servicios.
Expresó que “el 80 % de las instituciones principales del gobierno central, incluyendo poderes del Estado y ministerios, presentan atrasos importantes en la producción de bienes y servicios a la población.”
En efecto, en el año 2016, mientras la ejecución financiera rondó el 94%, la ejecución física fue tan solo del 53%. En lo que va del año 2017, apenas se reporta una ejecución de bienes y servicios públicos en 3 de los 22 ministerios, quedando pendiente el resto de la administración pública, subrayó.
En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales, y de los movimientos cívicos que luchan por la transparencia y por el fin de la corrupción y la impunidad.
Con relación al mismo periodo de 2016, los impuestos se incrementaron en un 12%, pasando de RD$225 mil millones a RD$252 mil millones. A la cabeza de éstos la mayor aportación la hacen nuevamente los impuestos indirectos, el ITBIS con un 33% del total y los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) con un 19%, le siguen el Impuesto sobre la Renta (ISR) un 20% del ISR de las empresas y un 9% del ISR de las personas físicas.
Asimismo, también crecieron las fuentes financieras y el pago de capital de la deuda pública. Las fuentes de financiamiento alcanzaron a RD$150 mil millones. Y el pago de capital de la deuda del sector público no financiero (SPNF) llegó a RD$48 mil millones en el período, lo que representa un 59% de la ejecución presupuestada para el año. Para el servicio de la deuda en el semestre han sido amortizados RD$104 mil millones de pesos, equivalente al 40% de los impuestos recaudados, al 31% del total general de gastos y al 2.9% del PIB.
“Con este ritmo de endeudamiento y servicio de la deuda pública el crecimiento de largo plazo es frágil e insostenible. Por eso, fiscalmente urge que el país concerté un pacto fiscal y una ley de responsabilidad fiscal que establezcan reglas fiscales razonables, equitativas y transparentes. Asimismo debe adoptar políticas comerciales sensatas, que reduzcan las importaciones innecesarias y promuevan con eficacia las exportaciones de bienes, principalmente de aquéllos con alto valor agregado”, indicó Féliz.
“En este contexto, vuelve hacerse necesario plantear la necesidad de una reforma fiscal integral, una que se armonice con las metas de desarrollo económico y social que el país se ha planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, para lo cual el gobierno tiene que recuperar la confianza fiscal que ha perdido por la falta de transparencia en el gasto, por la corrupción que permea una parte importante de la administración pública. No son convenientes ni oportunos los parches tributarios que se han venido proponiendo, como ocurrió recientemente con el impuesto a los usuarios de servicios de datas y telefonía para financiar el 911 o el propuesto para desincentivar el consumo de bebidas gaseosas. Urge un compromiso responsable para replantear los desafíos de un pacto fiscal más equitativo, razonable y justo”, indicó el vocero del Bonó.