SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El conjunto de las entidades que engloba el sector social en el Pacto Eléctrico solicitó este lunes 11 la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado para suspender el reinicio de la Fase Pre-Plenaria pautada para mañana, martes, luego de destaparse la existencia de un proyecto "secreto" para la construcción de una planta de carbón en los mismos terrenos en que se edifican dos plantas en Punta Catalina, Baní.
En una comunicación remitida al sacerdote, quien preside el Consejo Económico y Social (CES), las 16 organizaciones que componen el sector social detener las negociaciones hasta finales del mes de mayo para “garantizar las condiciones, superar la asimetría de información y elevar la calidad y la ampliación de los actores nacionales en voluntad de compromiso con la superación de la crisis del sistema eléctrico nacional”.
“La existencia de este acuerdo constituye un escandaloso hecho que compromete la responsabilidad directa del gobierno y se convierte en un ingrediente que aborta toda posibilidad de discusión responsable, transparente y correcta del pacto eléctrico”
Asimismo, las entidades subrayan que los requerimientos de informaciones claves para la continuidad del proceso de pacto que habíamos realizado desde su inicio, lo que hasta la fecha ha incumplido por el Gobierno, pese a la promesa de que cumpliría con dicha obligación previo al reinicio de las discusiones.
“Ninguna información se ha entregado de las que se refieren a estudios, contratos, financiamientos, proyectos, estados auditados actualizados, presupuestos, planes y programas en ejecución y, en especial, acuerdos o convenios de cualquier tipo que comprometen la responsabilidad del Estado y el patrimonio de la nación”, recalcó.
Respecto a las plantas de Punta Catalina, expuso que el Gobierno nunca incluyó el tema de las plantas de carbón en las discusiones del Pacto Eléctrico, “asestando con esa decisión el golpe más severo a la posibilidad de un pacto”.
“Su financiamiento, su ejecución y los eventuales contratos de O&M, suministros y otros, sin considerar el modelo comercial previsto, constituye la iniciativa más relevante, costosa y menos transparente de todas las acciones y decisiones encaminadas o por realizar para enfrentar la problemática eléctrica”.
Resaltó que el propio Gobierno plantea el proyecto como componente fundamental de su propuesta, a pesar de que nunca ha entregado información vital y de calidad para conocer con la profundidad debida esa iniciativa y poder acordar, con todos los actores convocados al Pacto, las mejores opciones para su completa ejecución y operación.
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Agregó que “eso no es otra cosa que burlar al país que ha sido convocado a discutir el pacto eléctrico, es mentir y evidenciar que existen propósitos y planes encubiertos, pues de otra manera no puede explicarse el secretismo y la falta de transparencia”.
A esto se le agrega el convenio para construir una “planta de carbón mineral de 600 mw de capacidad, de extraña y no clara propiedad privada, asociada estructural y operativamente a las obras contempladas en el Parque Eléctrico de Punta Catalina, que se alimentará de su muelle”, correa principal transportadora y torre de transferencia del ya denominado Puerto Carbonero.
“La existencia de este acuerdo constituye un escandaloso hecho que compromete la responsabilidad directa del gobierno y se convierte en un ingrediente que aborta toda posibilidad de discusión responsable, transparente y correcta del pacto eléctrico”, manifestó, indicando que la edificación se efectúa sin pensar que el artículo 25 de la ley 1-12 consigna la necesidad de “descarbonizar” la generación de energía eléctrica en el país. Para esto, según el grupo, no se efectuaron los estudios de impacto ambiental correspondientes.
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