SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento Participación Ciudadana lamentó este miércoles el “rezago” que ha tenido el Poder Ejecutivo en impulsar la aplicación de las leyes sobre Regulación Salarial del Estado (105-13) y de Administración Pública (247-12), que fueron promulgadas hace uno y dos años, respectivamente.
Señaló que al firmar el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, el presidente Danilo Medina se comprometió a auspiciar “la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos” estatales, “suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, si fuese necesario, el apoyo del Congreso para los cambios legislativos que se requieran”, a fin de erradicar el clientelismo.
La organización no partidista indicó que a dos años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Administración Pública, aún no se aprueba el Reglamento General de Administración Pública, como lo estipula en su artículo 86 esta legislación.
Sostiene, en este orden, que se han violentado todos los plazos establecidos en la propia normativa, para impulsar su operatividad y cumplimiento, a partir de la aprobación del citado reglamento. Menciona entre esos plazos “el de un año para la reestructuración de los órganos consultivos nacionales, suprimiendo las duplicidades existentes, creadas por décadas en la administración pública.
Participación Ciudadana censura también el estancamiento en que se encuentra la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, que fue promulgada el 6 de agosto del 2013 y establecía “un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Administración Pública elaborara el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, el cual debió ser dictado por el Presidente de la República”.
Citando recientes declaraciones del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, recuerda que dicho reglamento permanece en el despacho de la Consultoría Jurídica del Ejecutivo. “El mismo es indispensable para poner a caminar ese importante instrumento de la Administración, que vendría a organizar uno de los aspectos más neurálgicos del Estado Dominicano: el desorden salarial y la desigualdad que impera en el mismo”, indica Participación Ciudadana en un comunicado de prensa.
La entidad advierte que la ausencia de dicho reglamento vulnera el artículo 140 de la Constitución, cuando dispone que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.