SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de que el año avanza y se acerca a la señal que marca la mitad de su camino, el esperado Pacto Eléctrico –que el Gobierno prometió su firma antes del cierre del 2017 y luego postergó hasta enero– aún no se concreta.
Para la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) el tranque se debe a que el texto no recoge de manera ‘‘fidedigna’’ lo que se discutió en los debates. De firmarse la versión actual del documento, ‘‘evidentemente no llegaríamos a hacer reforma alguna. No sería reforma. Yo le diría es un convenio entre negociantes del sector eléctrico’’, explica el ingeniero José Luis Moreno San Juan.
Quienes resultarían más beneficiados –señala– son ‘‘los dominantes’’, en referencia al empresariado ligado al sector y quienes mantienen estrecha relación con el oficialismo.
‘‘Existe un oligopolio donde hay un grupo dominante que es el que traza la pauta de lo que se debe de hacer. […] Nosotros tenemos los precios altos en el sector eléctrico y por eso también los tenemos en los combustibles, el caos de movilidad y transporte –porque hay bajos comunicantes entre unos y otros, son personas, son empresas que tienen negocios en las diferentes áreas y lo que están es tratando de maximizar sus beneficios’’.
‘‘‘El pacto se centraría solamente en que la ley [General de Electricidad] se va a cumplir y se mantienen los privilegios de ciertos sectores, sobre todo del área de la generación y el sector público eléctrico. Pero eso no era lo que se había estipulado cuando se preparó el decreto [389-14], que hablaba de una reforma’’, explica el profesor.
Los representantes del sector social que participaron en ‘‘las numerosas y extensas jornadas de discusión’’ durante más de tres años, se han colocado al otro lado de la orilla porque, alegan, el documento final, que descansa en el poder Ejecutivo hasta su firma, no recoge los elementos prioritarios que se necesitan para realizar una verdadera reforma del sector eléctrico.
La transformación energética es una promesa del gobierno de Danilo Medina y uno de los tres grandes acuerdos sociopolíticos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reitera que los sectores empresariales y el gobierno dejaron fuera del documento catorce temas indispensables para un acuerdo inclusivo y que produzca cambios significativos.
El concepto de tarifa técnica, cómo se va a seguir contratando personal en el sector eléctrico público, la nómina excesiva, la posible reestructuración del sector, que –en voz de Moreno San Juan– solo se lograría que la Comisión Nacional de Energía se incorpore al Ministerio de Energía y Minas, ‘‘pero no se habla nada del resto de las empresas públicas’’.
Dentro de la reorganización, el componente más elemental –que debió ser el resultado final del pacto, a juicio del profesor– era la planificación a largo plazo con ‘‘planes de expansión no indicativos, sino obligatorios".
No obstante, afirma que esos beneficios de corto plazo protagonizan el pacto. ‘‘Por eso ustedes ven que salen a defenderlo quienes tienen más intereses económicos, sin importarle el servicio en sí a la población’’, apunta.
El ingeniero Moreno San Juan agrega que falta hablar de la diversificación de la matriz energética, fundamentalmente con el uso energía alternativa; develar el misterio de Punta Catalina; la regulación fuerte e independiente del sistema; y el de la transición energética, un tema que se habla en el mundo entero. ‘‘Se está pasando de uso masivo e intenso de los combustibles fósiles a energías alternativas. De hecho, se está planteando dentro de unos 30 años más prácticamente no usar combustibles fósiles para el transporte, sino vehículos eléctricos. Y sin embargo, ahí no se menciona absolutamente nada’’, aduce.
De firmarse tal como está, el denominado ‘‘Pacto Eléctrico’’ carecería de veedurías independientes, porque ‘‘el que tiene que ser supervisado, también será parte de esas comisiones’’, dice Moreno San Juan.