SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Suman más de tres mil los funcionarios públicos que hasta el pasado 19 de julio no habían presentado su declaración jurada a la Cámara de Cuentas, según una investigación realizada por el Programa para Estudio del Desarrollo Dominicano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
En el informe presentado este jueves 11 por Fernando Ferrán, coordinador del programa, se señaló que de un universo de 6,216 funcionarios, 3,329 incumplieron con la presentación de sus declaraciones, lo que equivale al 53.5 por ciento, lo que según la legislación actual, acarrearía diversas sanciones, dependiendo de la calificación judicial, que podría ir desde la falta grave o de tercer grado, hasta delitos que conllevan multas y cárcel.
De los más de tres mil funcionarios que no han presentado su declaración, 2065 no habían suministrado sus declaraciones al 19 de julio de este año, según la ley 311-14, mientras que 1,264 aparecen en uno de los listados de la Cámara de Cuentas como funcionarios no incluidos en la derogada ley 82-79, pero si en la actual normativa. Dentro de los que sí presentaron sus informes, incluye a 1,267 que lo hicieron en función de la ley actual, y 1028 que lo hicieron bajo la ley 82-79.
Durante su exposición, Ferrán destacó que hasta la fecha no se conoce ningún sometimiento en contra de los funcionarios que han infringido la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes.
“Tenemos que el 100 por ciento de esos 3,329 funcionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio se arropan con la impunidad. En estos momentos no se sabe que se estén siendo investigados o sometidos por el Ministerio Público u otra dependencia estatal”, señaló el coordinador del programa desarrollado por el centro de altos estudios.
Ferrán agregó que ni siquiera se investiga o somete por “presunción de enriquecimiento ilícito”, como lo establece el artículo 19 de la referida normativa.
El estudio recomendó además a las autoridades a realizar auditorías a las declaraciones juradas depositadas, para confirmar la veracidad de los datos suministrados.
Cámara de Cuentas
De su lado, la coordinadora del Despacho de la Presidencia de la Cámara de Cuentas, Consuelo Ariza Pou, indicó que la organización que representa cumple con su función de fiscalizar y de suministrar la información concerniente a los funcionarios que violan la ley 311-14 a la Procuraduría General de la República para que sea esta institución la que proceda legalmente.
“La Cámara de Cuentas está obligada por la ley a remitir los listados de los omisos, incluyendo los extemporáneos a la Procuraduría General de la República”, sostuvo Ariza Pou quien afirma que de manera invariable, se ha cumplido con dicha función.
Señaló que la entidad estuvo en espera del desarrollo del reglamento de aplicación de la ley, la cual entró en vigencia el ocho de agosto de 2014. El reglamento, sin embargo, estuvo disponible este año.
Pese a esto, según la funcionaria, la Cámara de Cuentas remitió los listados, ocho en total, con los nombres de los funcionarios, siendo el primero el del 9 de diciembre del 2014 y el último, el enviado el pasado dos de agosto de este año.
La coordinadora explicó que muchos de los funcionarios que fueron incluidos dentro de los que deben presentar declaración jurada a partir de la entrada en vigor de la ley 311-14, no lo han hecho por desconocimiento.
“Ha habido una confusión, porque con la ley 82 que se derogó, que establecía un procedimiento diferente, muchos funcionarios entendían que tenían obligación de hacerlo por la ley 311”, explicó.
En lo que se refiere a la auditoría a las declaraciones ya entregadas, indicó que la Cámara de Cuentas prepara un calendario anual de auditoría, sobre el cual se está trabajando.