SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En los últimos 22 años el gasto público en agua potable y alcantarillado como porcentaje del gasto público total presenta una clara tendencia a la baja de un 10.24 por ciento a un 2.17%, es decir, que cada peso que gasta el Estado es cada vez menor en agua potable y alcantarillado, informó el Centro Bonó en su publicación número 27 de Observatorio de Políticas Sociales.
Indica que en el año 1994 de cada RD$100 gastados por el Estado, RD$10.24 centavos se hicieron en agua potable y alcantarillado. Mientras en el año 2012 de cada RD$100 por el Estado solo RD$2.17 centavos se invirtieron en este renglón.
El análisis del gasto público en agua y alcantarillado como porcentaje del gasto público total del 1990-2012, indica que en el Presupuesto General del Estado para el año 2013, el monto asignado para agua potable representó el 2 por ciento del presupuesto total.
En el periodo enero-noviembre del 2013 el Gobierno ejecutó RD$435,804.61 millones, lo equivalente al 82.1% del presupuesto formulado. La función Servicios Sociales recibió la mayor asignación del presupuesto, con un 40.1%; sin embargo al mes de noviembre fue la función con menor porcentaje de ejecución, un 79.3%.
En el caso del Gran Santo Domingo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado estima que sólo el 5% de la población de este territorio cuenta con servicio de tratamiento de aguas residuales
Según el Observatorio por el Derecho de la Ciudad 2013, vivienda y urbanismo presentaron menor porcentaje en ejecución además de tener menor asignación presupuestaria.
Mientras para el año 2014, la suma de los presupuestos de las 8 instituciones públicas que proveen servicio de agua potable y alcantarillado constituye el 1.4% del gasto total, lo que indica que la inversión en agua potable y alcantarillado sigue perdiendo peso en el gasto público.
Este estudio resalta que el abastecimiento de agua no es una prioridad para el Estado. “Es importante que se defina un organismo de control y supervisión general, de manea que se regule la prestación del servicio para garantizar el acceso igualitario y se promuevan acciones coordinadas”.
El informe destaca que en el artículo 15 de la Constitución de la República Dominicana del 2010, se reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imperceptible, inembargable y esencial para la vida, y la Ley 64-00 establece que toda persona tiene derecho a utilizar el agua para satisfacer sus necesidades; sin embargo, ninguna normativa nacional lo hace, pese a que el país es signatario de varios convenios del sistema interamericano que se incluye esta prerrogativa.
Saneamiento
El Centro Bonó señala que el tratamiento o depuración de aguas residuales domésticas se encuentra dentro de las prácticas fundamentales de saneamiento local, pero en el país tan solo el 24% de los municipios, pertenecientes a las grandes ciudades, cuenta con sistema de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.
En el caso del Gran Santo Domingo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado estima que sólo el 5% de la población de este territorio cuenta con servicio de tratamiento de aguas residuales.
Destaca que la CAASD dispone de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales pero sólo 4 se encuentran operando. De la cantidad de agua residual doméstica que se genera en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional sólo se trata alrededor del 3.3%, según el informe Estadístico Octubre 2013 de la CAASD.
También, resalta que a ese mismo escenario se suma la falta de servicio sanitario en los hogares, situación que se agudiza en las zonas rurales. Según el Censo del 2010, en las zonas urbanas los hogares que no contaban con servicio sanitario representaban el 3.4%, mientras que en las zonas rurales ascendían a 13.6%.
“Estas familias no tienen acceso a una de las condiciones sanitarias básicas para una vivienda digna y deben satisfacer sus necesidades fisiológicas a la intemperie, muchas veces a orillas de los ríos, contaminando los suelos y las aguas superficiales”.
Un método de contaminación que apunta existe es al río Haina, cuya cuenca baja está rodeada de una de las mayores conglomeraciones industriales del país, con más de 100 medianas o grandes empresas.
De acuerdo con los resultados de la encuesta industrial aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente en el 2010 en la zona industrial de Haina y Herrera, aunque el 100% de las empresas del área reportó la generación de afluentes o desechos líquidos durante el proceso de producción, para la fecha sólo el 15.5% contaba con plantas de tratamiento.
Al censo del 2002, para 21.1% de los hogares del país la fuente principal de abastecimiento de agua potable constituían manantiales, ríos, arroyos, pozos, lluvia, camiones de tanque y otros.
En el del 2010 se reveló que el porcentaje de hogares que no tenían acceso al agua a través de un acueducto creció a 28%, 765 mil 868 hogares. Esto significa que en ocho años 302, 435 se sumaron a las familias que no tienen conexión fija al sistema de acueducto de República Dominicana.
El Observatorio de Políticas Públicas entiende que para dar una respuesta integral al problema de abastecimiento y tratamiento de agua en el país, urge aumentar en el Presupuesto General de la Nación la partida correspondiente a la provisión y tratamiento de las aguas.
También se requiere que en la Ley de Aguas se pondere la creación de un organismo coordinador de las diferentes instituciones que trabajan con el abastecimiento y saneamiento del agua, con la finalidad de hacer más efectivo del uso de recursos en este servicio.