SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) anunció este martes que no firmará el Pacto Eléctrico, supuesto logro del Gobierno dominicano, porque lo acordado no resolverá el problema eléctrico nacional y deja fuera los verdaderos temas importantes.
Los industriales, desde su mirada cercana, aclaran que gran parte del contenido del Pacto es redundante, pues ya forma parte de la Ley General de Electricidad. Mientras que algunos puntos llevan a la modificación de la ley para adecuarla a intereses particulares, como la propuesta de modificación encaminada a no cobrar el 10% a los usuarios no regulados, establecido en la ley y que nunca se ha cumplido
En una declaración pública, Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación, y quien participó en todas las etapas del proceso, considera que el aclamado Pacto Eléctrico fue ‘‘acomodado’’ a intereses particulares y privados de actores involucrados en la discusión.
El principal problema del sistema eléctrico en la República Dominicana es la precaria e ineficiente gestión de las empresas distribuidoras de energía. Las distribuidoras en este momento tienen un nivel de pérdida superior al 32%, indicaron.
Sobre la generación, los industriales explican que en el acuerdo, que se firmará mañana en la sede del Gobierno Central, ‘‘faltan mecanismos precisos que garanticen la auténtica competencia en el mercado de la generación, así como, procesos de licitación verdaderamente transparentes’’.
Recuerdan que la Ley General de Electricidad, dispone que el 80% de la energía comprada deberá ser adquirida por contratos y el 20% en el mercado Spot, el solo cumplimiento de esto abarataría los costos de compra a los generadores.
‘‘Consideramos injusto e incorrecto que, en el marco de un cronograma de reducción de pérdidas a seis años, los consumidores sigan pagando las ineficiencias de las Edes relacionadas con esta grave falla del sistema. Lo correcto y legal sería cumplir con la tarifa técnica y con el cálculo de costos de una empresa administrada racional y eficientemente, como lo manda la Ley General de Electricidad’’.
Sin embargo, la realidad es otra. ‘‘Los generadores actúan como banco financiero cobrando altos intereses por los atrasos y falta de pago del gobierno, esto encarece los costos de generación y por lo tanto la tarifa final que llega a los consumidores, son de los puntos que distorsionan los precios y a esto el pacto no le busca solución’’, advierten.
Además, Taveras Guzmán explica que este convenio, otra obra insigne del mandato de Danilo Medina, fortalece posiciones dominantes de los actuales actores frente a posibles nuevos competidores. Es decir, el documento actual legitima procesos y actores que históricamente han sido parte del problema.
Critican que el Gobierno engañó al presentar a Punta Catalina como una generadora que ‘‘resolvería el problema eléctrico’’, pero el oficialismo nunca presentó informaciones para que el proyecto formara parte de la discusión. ‘‘El Gobierno siempre se negó’’.
Otras razones
Consideran que no contempla una hoja de ruta concreta y de carácter obligatorio de desarrollo energético a largo plazo, que considere el crecimiento futuro de la demanda, ni tampoco un plan de cambio progresivo en la matriz de generación que contemple mayor uso de energía limpia en el futuro
La distribución eléctrica va de mal en peor. Según indicaron, las empresas distribuidoras en este momento tienen un nivel de pérdida superior al 32 %. ‘‘Mantener estas empresas funcionando con estas deficiencias ha presionado enormemente el Presupuesto Nacional, pues el gobierno central ha tenido que otorgar subsidio por más de mil millones de dólares cada año’’, agregaron.
El Pacto, en ese sentido, no establece planes concretos, hojas de rutas, con responsabilidades compartidas, con auditorías, para poder establecer montos de inversiones en las distribuidoras.
Opinaron que el Estado dominicano desperdició otra oportunidad para diseñar y poner en ejecución un órgano regulador del mercado eléctrico verdaderamente independiente, técnicamente capaz y libre de conflictos de intereses políticos o empresariales. Citaron a la Superintendencia de Electricidad como una entidad que el pacto ‘‘prácticamente lo deja igual aun a sabiendas de todas las debilidades e ineficiencias con que este organismo ha venido funcionando’’.
Además alertaron que no reestructura la CDEEE. Prometía la inclusión de esta entidad al Ministerio de Energía y Minas para el 2018. ‘‘Al convertir a la CDEEE en un holding para dirigir los negocios eléctricos del Estado se está dejando una burocracia innecesaria y costosa para los contribuyentes, lo cual afectará también negativamente a las tarifas’’.