El Foro Ciudadano, espacio que articula un conjunto de organizaciones sociales, barriales y de la sociedad civil, expresó que la deuda social acumulada y los niveles de pobreza en la República Dominicana son consecuencia de un sistema tributario que reproduce la desigualdad.
En ese sentido declararon que en el año 2015 el 57% de los impuestos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) fueron indirectos al consumo, mientras que el restante 43% fueron de impuestos directos a la renta y el patrimonio.
Mientras esto ocurría, el Estado dominicano mantenía un esquema de exoneraciones multimillonarias de impuestos a sectores económicos vinculados a los servicios, industria manufacturera, la minería y el sector eléctrico.
Las organizaciones que integran Foro Ciudadano expresaron que la inversión del Estado dominicano en educación, salud pública, asistencia social, vivienda, agua, seguridad social, programada para el 2016 apenas asciende al 8.3% del PIB, mientras que la inversión promedio en América Latina en este renglón supera el 16%, según la CEPAL.
La coalición de organizaciones articuladas en el Foro Ciudadano, denuncian que paralelamente a esta realidad que vive el pueblo Dominicano, en el estado prevalece el despilfarro de los recursos públicos, la duplicidad de funciones en las instituciones, asignaciones de dinero para publicidad, propaganda y otros recursos que pudieran estar siendo reenfocados para atender prioridades sociales de desarrollo nacional.
El colectivo manifiesta que la actual situación de precariedad en las financias públicas obliga a discutir un nuevo marco para la sostenibilidad, el financiamiento y la ampliación de las políticas sociales en el país, destacando que solo en los primeros 5 meses del año 2016 se ha generado la mitad del déficit contemplado para todo el año.
La coalición de organizaciones resalta la necesidad de acordar un Pacto Fiscal justo y equitativo, bajo los lineamientos planeados en la Estrategia Nacional de Desarrollo advirtiendo que las reglas de juego para el Pacto Fiscal deben estar claras desde un principio. En tal sentido proponen que el Consejo Económico y Social (CES) , espacio concebido para dirimir la discusión del pacto, sea reformado estableciéndose la proporcionalidad de los sectores sociales, laborales y empresariales, establecido esto en la ley 142-15, promulgada en agosto del año 2015.
Plantean además que para este organismo sean electas nuevas autoridades (Presidente, vicepresidente, secretario General) además de la creación de un reglamento de aplicación para normar su funcionamiento. Para Foro Ciudadano este requisito de reforma institucional del CES es indispensable y debe ser una acción previa a la discusión del Pacto Fiscal.