SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La deuda pública camina a paso acelerado y sin freno aparente. En los últimos tres años, los ingresos tributarios destinados al pago de intereses de la deuda pasaron de 19 por ciento a 24%.
Según el Informe de Coyuntura de la Economía Dominicana, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), la política fiscal del gobierno se ha caracterizado durante los últimos años por financiar su déficit con la emisión de endeudamiento que cada vez se acerca al camino de la insostenibilidad.
‘‘La deuda pública del sector público no financiero, incluyendo la deuda cuasi fiscal de Banco Central es de 41,278.84 millones de dólares, equivalente al 52.74% del PIB y podría terminar al final del año en 53.0%’’, explicó Antonio Ciriaco, director de la escuela.
‘‘Esta deuda y su porcentaje aún puede ser mucho mayor si se toman en consideración algunos ajustes metodológicos en la medición de este indicador: por ejemplo si se incluyen la deuda contingente del gobierno (aquella deuda que refleja contratos que el gobierno se compromete) y la deuda garantizada que otras instituciones del sector público descentralizado y autónomo contraen. Si se incluyera esos montos la deuda llegaría a un 60%. De igual manera, si este monto de la deuda se mide con respecto a los ingresos tributarios, esta representaría un 335%, monto que sería uno de los más altos de toda América Latina y el Caribe y los intereses de la deuda con respecto a los ingresos tributarios están en 24.0%’’, agrega el documento que vislumbra, además, una ralentización en el crecimiento futuro de la economía dominicana, debido al contexto económico internacional.
En efecto, los economistas explicaron que la tendencia alcista en los precios del petróleo, aunado a la política monetaria restrictiva del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, crean un escenario internacional que llevaría al 6.4 por ciento de bienaventuranzas, reportado por las autoridades del Banco Central durante el primer trimestre del año, a descender a 4.9 por ciento al cierre del 2018, según pronosticaron.
‘‘La economía dominicana acumula un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que no ha podido superar. Desequilibrios estructurales que se expresan en el déficit fiscal del sector público, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y el hecho de que la economía dominicana no está generando el ahorro suficiente para cubrir la inversión que demanda la economía, lo que ha provocado que el país haya crecido durante los últimos años con un mayor nivel de endeudamiento’’, reiteraron.
Sobre las ventas totales reales, precisaron que el crecimiento del trimestre enero-marzo fue de 4.8%, mientras que en del año 2017 fue de 5.73%, reflejando una caída de 0.93%. ‘‘En general, el comportamiento de las ventas totales reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no reflejan el mismo dinamismo que reflejan los datos del PIB’’, apuntaron.
‘‘La Republica Dominicana esta compelida a realizar reformas estructurales profundas, que le permita elevar el salario real de los trabajadores, disminuir los niveles de desigualdad y mejorar la competitividad del aparato productivo nacional’’, reiteraron.
Calidad en los servicios públicos
El análisis de los expertos en finanzas de la universidad estatal agrega, a modo de reflexión, que ‘‘para alcanzar un crecimiento económico de calidad en el país, y que se ha convertido en una de las debilidades del modelo económico dominicano, es mejorar sustancialmente la calidad de las instituciones públicas dominicanas’’.
Consideran que la calidad de las instituciones públicas se torna clave para que el crecimiento sea inclusivo. ‘‘Existe una desconexión entre la sociedad y las instituciones públicas, motivadas por los ineficientes servicios públicos que reciben los ciudadanos dominicanos Por eso, las instituciones públicas deben ser repensadas en pro de construir un Estado Dominicano más efectivo, eficaz y facilitador, que cumplan con sus funciones y respondan a las exigencias de los ciudadanos en materia de rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos’’.