SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo del Poder Judicial (PJ) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) acordaron promover la mediación y la conciliación como soluciones alternativas a los conflictos entre consumidores, usuarios y proveedores, a fin de evitar la judicialización de estos procesos.
El CPJ y Pro Consumidor se asesoran mutuamente en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos e instructivos en materia de métodos de resolución de conflictos, especialmente en mediación y conciliación.
Ambas instituciones se comprometieron en un convenio institucional firmado por Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, y Altagracia Paulino Ureña, directora de Pro Consumidor.
Los procesos de mediación están orientados a mejorar las relaciones entre los actores del conflicto, procesos éstos que son voluntarios y confidenciales, en tanto requieren la aportación de nuevas ideas y enfoques para la mejoras de las relaciones.
Con la promoción de las bondades de los métodos de resolución de conflictos, la justicia se acerca a la comunidad. Se comprometieron además a promover talleres y programas de capacitación a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde son capacitados los jueces del país.
Acordaron entre otras cosas, intercambiar políticas institucionales, conocimientos y mejores prácticas, así como difundir y promover la práctica de la mediación y conciliación, sus bondades y la unidad de criterios para hacer más eficaz su aplicación.
La resolución No. 886-06, de fecha 20 de abril de 2006, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, crea el Centro de Mediación Familiar como una dependencia el Consejo del Poder Judicial, con el fin de promover la participación de las personas en la resolución de sus conflictos, de manera que asuman la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos.
La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05, de fecha 9 de septiembre de 2005, cuenta con un procedimiento de conciliación como solución extrajudicial de las controversias de los consumidores, usuarios y proveedores, en caso de evidenciarse el incumplimiento de las disposiciones de la Ley, y antes de que el caso pase a los tribunales.