SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La disposición del Ministerio Administrativo de la Presidencia de crear una nueva oficina gubernamental que se encargue, bajo el mando directo de José Ramón Peralta, de ‘‘todos’’ los asuntos del país con China, es  ‘‘ilegal’’, ‘‘solapa atribuciones’’, evidencia el ‘‘desorden institucional’’ y la ‘‘centralización excesiva de funciones’’ que impera en República Dominicana.

Estas son algunas de las características que resaltan los economistas José Rijo Presbot y Guillermo Caram sobre la unidad que, según describe una carta filtrada que envía Peralta al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, gestionará ‘‘todos los contactos y seguimientos con las autoridades gubernamentales chinas, potenciales inversionistas, empresarios, centros de estudios y demás personalidades y entidades de ese país’’.

La apertura de una oficina bajo la sombrilla del ministro Administrativo de la Presidencia solaparía funciones de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que para este año cuenta con un presupuesto de RD$8, 585.3 millones, y del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), que maneja fondos superiores a los $300 millones. 

Aunque en declaraciones recientes el director del CEI-RD justificara la creación de un nuevo espacio comandado en el Ministerio Administrativo y al cual todas las demás instituciones vinculadas deberán rendir cuentas, desde la mirada cercana de los analistas presupuestarios y del ordenamiento público, la decisión carece de sentido.

Caram explica que esto demuestra que la institucionalidad ‘‘ha caído a su punto mínimo, porque existiendo una Cancillería, un Centro de Exportación e Inversión, el manejo de las relaciones con China se concentra en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que en buena lid ni siquiera es ministerio, es un ´secretario administrativo´’’.

‘‘Es un absurdo. No tiene sentido’’, continúa Rijo Presbot. Y explica de entrada que la Ley Orgánica de Administración Pública estipula que la creación de un órgano debe sustentarse en la Ley No. 247-12. Debe delimitarse claramente la misión, la competencia, las atribuciones y la motivación de la creación. Es más, añade, “solo es posible cuando en la estructura organizativa del Estado no exista un institución que tenga esas competencias”.

Economistas Guillermo Caram y José Rijo Presbot.

‘‘Por lo tanto, es un ente ilegal, fuera de toda la estructura orgánica del Estado, porque existe, inclusive, un ente que es encargado de la comercialización y de la inversión, que es el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana. El presupuesto del CEI-RD es de RD$390 millones al año y al 30 de junio apenas había ejecutado un 23%. Es decir, 89 millones de pesos. Por lo tanto, ahí hay recursos más que suficientes para poder instalar una oficina de esa naturaleza (en el CEI-RD)’’, apunta el experto en economía social.

Una vez formalizadas las relaciones bilaterales con China, en mayo de este año, el Gobierno envió funcionarios al gigante asiático en una misión exploratoria.

José Ramón Peralta trazó las primeras pautas en representación del Gobierno dominicano con autoridades y empresarios chinos. El funcionario hoy también asume la función de líder del nuevo órgano que lleva el título de Oficina de Asuntos con la República Popular China.

En ese primer acercamiento, el enviado del presidente Danilo Medina sostuvo reuniones formales con funcionarios del Ministerio del Ministerio de Comercio, de la Dirección General de Inversión Extranjera y de la Agencia de Desarrollo Internacional de esa potencia.

Según indica un comunicado del Ministerio Administrativo de la Presidencia, para el segundo día de mayo ya se habían agilizado los trámites para declarar a República Dominicana como destino turístico de China, se habló de exportar productos agropecuarios dominicanos, así como de inversiones en infraestructuras.

Rijo Presbot es reiterativo: una de las debilidades más grandes que existe en la gestión pública es la falta de aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Función Pública.

Recuerda que la estructura de puestos de cada institución debe que ir al Congreso cada año, acompañando el proyecto de Ley de Presupuesto, ‘‘cosa que nunca el Presidente ha cumplido’’, señala.

‘‘Toda institución tiene que definir su organigrama y su estructura de puestos. ¿Dónde está la previsión de las partidas presupuestarias para el funcionamiento de esa oficina?’’, se pregunta Rijo Presbot.

¿Cuál es la función del Ministerio Administrativo de la Presidencia?

Ambos coinciden en que el Ministerio Administrativo de la Presidencia invade zonas que ya poseen gestores.

Caram indica que el papel de los secretarios de la Presidencia, es para asistir al Presidente, no para subrogar las funciones que ordinariamente le competen a otras instituciones como la Cancillería y el Centro de Exportaciones e Inversión. 

Rijo Presbot extrae de la Constitución dominicana la idea de que solo debe existir un ministerio por institución, de ahí que en vez de Ministerio Administrativo de la Presidencia, esa entidad debería enmarcarse en atribuciones secretariales.

‘‘Cuando uno busca en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), ese Ministerio aparece como Secretariado Administrativo de la Presidencia. Inclusive, eso ha sido una sobredimensión para que la figura que ocupe el secretariado sea ministro porque la Constitución es clara: hay un ministerio por institución”, dice.

‘‘No hay un ministerio administrativo de Industria y Comercio, por ejemplo. Convirtieron eso [Administrativo de la Presidencia] en un ministerio, con una serie de actividades. Eso es más que seis o siete ministerios juntos, dentro de las actividades que tiene”.

El economista añade que el Secretariado Administrativo de la Presidencia maneja la transferencia que hace el Presidente a discreción del fondo del 5%.

Entiende que eso incide en área de la administración general, en comunicaciones, en cultura, en protección de agua, aire y suelo, en área de religión, en acueducto y alcantarillado, en defensa nacional, en deporte, en educación, en justicia y orden público, en riesgo, en salud, en servicio de seguridad, servicio municipales, industria y comercio, asistencia social, asistencia en área de relaciones exteriores.