SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El proyecto de ley Loma Miranda Parque Nacional, que observó este martes el Poder Ejecutivo, “no da espacio” alguno para que la empresa Falconbridge pueda reclamar una indemnización por alegados derechos de explotación.
Así lo indicó el oficialista Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al asegurar que el Gobierno de Danilo Medina no aprobará ninguna operación minera en la zona, antes de que entre en vigor el Plan de Ordenamiento Territorial contemplado en la Carta Magna.
El legislador refutó que la pieza pudiera afectar aspectos como el clima de negocios y la seguridad jurídica del país, como también alegan la Falconbridge, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y sectores gubernamentales.
“Lo importante de la observación presidencial es que empresas como Falconbridge tienen que tener un compromiso social, no venir a explotar y a llevarse la riqueza nacional y dejar sólo migajas”
“Lo importante de la observación presidencial es que empresas como Falconbridge tienen que tener un compromiso social, no venir a explotar y a llevarse la riqueza nacional y dejar sólo migajas”, dijo el legislador por Santiago, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Negó, asimismo, que el proyecto que devolvió el presidente Medina al Senado viole el artículo 237 de la Constitución, “que obliga a identificar las fuentes económicas cuando se trata de resarcir a dueños de terrenos afectados, en este caso en Loma Miranda, uno de ellos la minera Falconbridge”.
La iniciativa congresual “no da espacio a resarcir a propietarios, sino a un uso de suelo en Loma Miranda, por lo que los propietarios de terrenos siguen siendo dueños, pero en el caso de Falconbridge no pueden explotarlos”, aseguró el diputado en el espacio Propuesta de la Noche, que producen para Digital 15 los periodistas Manuel Jiménez y Felipe Ciprián.
Agregó que la minera “no ha explotado una sola onza de terreno, por lo que los recursos que yacen bajo Loma Miranda no le pertenecen sino al Estado, el que no puede resarcir a alguien por algo que no le pertenece, ya que el subsuelo es propiedad del Estado, no de particulares”.
No hay que indemnizar, si no hay compromisos contractuales
De su lado, el economista Arturo Martínez Moya afirmó que la República Dominiacana solo estaría obligada a resarcir económicamente a Falcondo si entre ambas partes hubiera un contrato de explotación minera de los terrenos, “lo que al parecer no existe”.
Explicó que únicamente habría que indemnizar a los propietarios de los terrenos, a los precios de mercado establecidos en el Catastro Nacional.
Martínez Moya, quien preside la Comisión Económica del Partito Revolucionario Mayoritario (PRM), negó que el Estado tenga que resarcir a la minera con la suma de US$4 mil millones de aprobarse el proyecto, como ha advertido la Cámara Minera y Petrolera del país.
Argumentó que esa cifra “no está sustentad en cálculos científicos ni técnicos que la justifiquen, debido a que a nadie ha realizado dicha investigación en términos financieros”.
El técnico opositor calificó la explotación minera de Loma Miranda como “un mal negocio para el Estado y el pueblo dominicanos”, “debido a su baja rentabilidad social y financiera” y los subsecuentes daños al ecosistema y la producción agropecuaria de la zona, que abarca alrededor de 30 kilómetros cuadrados entre las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.