Representantes de las organizaciones sociales denunciaron que el Gobierno está presionando a los diversos sectores que participan del Pacto Eléctrico, a fin de lograr que la iniciativa sea suscrita antes del 16 de agosto, fecha en que inicia el segundo mandato del presidente Danilo Medina.
Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentó como prueba de esta afirmación un acta de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), donde el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, “expresa los intereses propagandísticos” del mandatario.
En el acta presentada por Peña, que figura al pie de esta nota, se lee: “Verificando el quórum, monseñor Agripino Núñez Collado dio inicio a la reunión otorgando la palabra al ministro Antonio Isa Conde quien expresó el deseo que tiene el Gobierno de convocar a las preplenarias y plenarias a más tardar el lunes 1 de agosto de 2016, es decir la semana que viene para poder lograr la firma del Pacto Eléctrico" antes del próximo 16 de agosto.
El documento tiene fecha del 26 de julio y la firma de la secretaria del Consejo, Iraima Capriles, además del sello institucional.
De acuerdo con Peña, el presidente Medina pretende hacer una jugada de carácter "demagógico" y “pseudo populista”, para el día de su juramentación decir “sencillamente está resuelto el problema eléctrico” y “encubrir la gravedad del problema".
“Esta prisa por freír el Pacto Eléctrico se reflejó el pasado lunes, cuando los representantes del sector empresarial se negaron a participar de las discusiones con los esquemas a vapor planteados por el Gobierno, aseguró el maestro y activista social al ser entrevistado por Jhonatan Liriano, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en el programa La República Radio, que se transmite por la emisora La Nota 95.7 fm.
Propiedad de Punta Catalina
Indicó que el pasado 26 de julio, según consta en el referido documento, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, resumió la agenda pendiente de consenso en tres puntos: la propiedad y el impacto de las plantas a carbón de Punta Catalina, la aplicación de la tarifa eléctrica, y la despolitización de las empresas distribuidoras de electricidad.
El sector social entiende que una de las principales trabas de las discusiones la constituye la falta de transparencia del Gobierno, a quien acusan de negarse a ofrecer datos reales de la situación actual del sector, sostuvo Peña.
Agregó que en cuanto a Punta Catalina y las plantas a carbón “la fórmula gubernamental implicaría vender el 49% de las acciones a los empresarios locales (por unos US$1,000 millones), a pesar de que desde el inicio las autoridades habían asegurado que la propiedad de estas plantas envueltas en escándalos de corrupción internacional no estaba en discusión”.
