Los convenios de compra y venta de energía conocidos como “Acuerdos de Madrid”, cuya vigencia perimió el pasado 31 de julio, trajeron estabilidad al sistema eléctrico nacional y permitieron corregir algunas “distorsiones” del proceso de capitalización implementado dos años antes, en el 1999.
Así lo sostiene un documento de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM, donde se enumeran las ventajas que para la organización opositora significó el acuerdo suscrito en el 2001 por la administración de Hipólito Mejía (2000-2004).
Martín Robles Morillo, presidente de este organismo, señala que el convenio vino a solucionar los “graves” problemas económicos que caracterizaban entonces al sector eléctrico.
Sostiene que la negociación representó la opción viable y menos onerosa para el país, al permitir corregir parcialmente graves distorsiones de los contratos del proceso de capitalización, que fueron irresponsablemente muy mal estructurados y peormente negociados”.
En este sentido, aduce que mediante el acuerdo se lograron los objetivos de reducir de los precios de compra de electricidad de las distribuidoras a los generadores, así como posibilitar el traspaso al mercado de los “onerosos contratos” de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) con los generadores privados independientes (IPP). Además de garantizar flujo financiero a la Empresa de Transmisión, establecer estabilidad económica y garantía jurídica al sistema eléctrico nacional de forma que incentivara la nuevas e indispensables inversiones privadas.
Argumenta que “en la reducción gradual del Acuerdo de Madrid, que su conjunto no venció en 2016; por el contrario el historial del nivel de disponibilidad de compra de energía fuera de este Acuerdo se expresa en tramos en aumento". Cuando en el 2005 la EDES tenían la disponibilidad de 19% de sus demanda, en el 2010 ésta se había situado en 27% y en el 2014 sobre el 50%.
Esto hace “inexplicable, que las autoridades eléctricas gubernamentales solamente recurren al engaño de indicar el vencimiento del Acuerdo de Madrid, cuando desde hace diez años ningún funcionario responsable realizó las debidas licitaciones como indica la Ley General de Electricidad”, dice el ingeniero Robles en el texto.
Beneficios de costos
El PRM sostiene que mediante la negociación se logró reducir “privilegios al sector generación al disminuir el efecto oneroso de la fórmula de ajuste de precio de la electricidad y el componente combustible introducido en los contratos” de la capitalización. Específicamente en los siguientes aspectos:
i) Se modificó la composición de participación del combustible como elemento ajustador de precio. De cien por ciento (100%) establecido en la fórmula original de la Capitalización, se redujo al 70%; el otro 30% fue referido al Indice de Precio al Consumidor (IPC). Eliminando la irracional indexación de 200% al precio de la energía contenida en los contratos originales de la capitalización;
ii) Se cambió el tipo de combustible de referencia de fuel-oil #2 (gasoil) a fuel-oil #6, por tener menor peso relativo y mayor nivel de volatilidad; permitiendo reducir el precio final de la energía;
iii) Permitió ampliar la participación de los combustibles utilizados, incluyendo el carbón y gas natural en la fórmula de ajuste de precio, reflejando así la real mezcla o matriz de combustibles utilizados en la generación eléctrica. Tema olvidado en fórmula original de la Capitalización;
Además, se redujo en 35% el precio de compra de la energía de las distribuidoras al generador, mejorando sustancialmente flujo de caja de las distribuidoras en más de 100 millones de dólares anuales y reduciendo las ganancias de los generadores otorgada por los contratos de la capitalización;
Se eliminó el subsidio gubernamental a los productores eléctrico por un monto equivalente a unos RD$200 millones mensuales, mediante la terminación de la Resolución 283 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio que valoraba y solicitaba el subsidio a los combustibles en favor de los generadores;
Otro beneficio que cita el PRM consistió en que se pudo traspasar al mercado varios onerosos contratos de los generadores privados independiente (IPP), produciendo ahorro para la CDEEE superior a los RD$150 millones mensuales, de nuevo disminuyendo los aportes estatales” al sector eléctrico.
Asimismo, el convenio “valorizó los contratos existentes, de modo que comenzaron a ser aceptados como garantía frente a la banca internacional y local, provocando la entrada de inversión que se hizo concreta y productiva en más de 500 megavatios nuevos y eficientes[ así como programas de mantenimiento, diversificando la matriz con nueva generación en base a gas natural y carbón.