SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Guzmán, manifestó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debe someter a la justicia al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), José Domínguez Peña, por un supuesto fraude de 93 millones de pesos en ITBIS.
Guzmán, a través de una comunicación remitida a los medios de comunicación, aseveró que el director del CEA, hizo los cobros de impuestos por concepto de la venta de azúcar crema de un 11 por ciento y melaza de un 18 por ciento, del Ingenio Porvenir, correspondiente a la zafra azucarera del presente año 2014, sin que fueran reportados a la administración tributaria.
Indicó que la DGII debe hacer caer todo el peso de la ley en contra del Director del Consejo Estatal del Azúcar, quien en su calidad de Administrador del Ingenio Porvenir desde el pasado 16 de Enero del presente año cobró a sus clientes por concepto de la venta de azúcar, al vender 330,357 sacos de Azúcar, con un valor de 59 millones de pesos, y RD$34 millones correspondientes a la venta de melaza, al despachar 3 millones 768 mil galones, cuya producción en su totalidad fue vendida al finalizar la zafra a inicio del mes de junio pasado.
“No tendría calidad la DGII de pretender hacer pagar a los contribuyentes los impuestos que estamos obligados a tributar por mandato de la ley, cuando de forma olímpica y sin consecuencia alguna, el Director del Consejo Estatal del Azúcar distrae y no reporta como agente de retención los impuestos pagados por los consumidores al comprar azúcar crema y melaza producida por Ingenio Porvenir, sin que se conozca de su destino, que asciende a 93 millones de pesos”.
En ese orden, recalcó que la retención de impuestos no reportado a la administración tributaria por parte de un funcionario público es un hecho grave que trasciende a la defraudación fiscal”.
“Toda vez que el uso indebido de los impuestos cobrados a los contribuyentes o ciudadanos se constituye en una falta de carácter criminal sancionada por el Código Penal Dominicano y la Constitución de la República, lo cual obliga a la Dirección General de Impuesto en virtud del Principio de Igualdad y Legalidad proceder ante la justicia sin dilación alguna para que el o los responsables de la Defraudación Fiscal y robo de impuestos paguen por las consecuencias que se deriva de ese pecaminoso comportamiento”.
El vicepresidente de la CNDH, advirtió que la actual Administración del CEA está apartada de los principios de probidad, sana administración y honestidad que obliga tener todo servidor público, resultando en numerosos escándalos, hasta ahora sin consecuencias.
Asimismo, criticó la indiferencia de las autoridades en lo referente a la situación de la Institución del Estado y del comportamiento de sus funcionarios.