El sector empresarial externó este jueves su preocupación por la creciente diversidad e incidencia del crimen organizado que se registra en la República Dominicana, bajo modalidades delictuales como el sicariato, el narcotráfico y el trasiego de armas.
Salvador Figueroa, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), apuntó que la preservación de la seguridad y la paz ciudadana es algo de vital importancia tanto para la convivencia entre los ciudadanos, como en el clima de negocios. Precisó que este se ha constituido en un tema gran relevancia en la agenda del empresariado dominicano.
“Sin seguridad no hay clima de paz, sin paz tampoco hay clima de inversión”, y por tanto generación de empleos, desarrollo ni bienestar social, dijo el dirigente empresarial en el marco del foro “Seguridad ciudadana, compromiso de todos” organizado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Figueroa lamentó que el crimen organizado esté cobrando “cada vez más espacio” en el territorio nacional. Y el hecho de que “bandas delincuenciales internacionales extiendan sus tentáculos ejerciendo un crimen y una violencia desenfrenada, no muchas veces vista en nuestro país”, como lo es el sicariato.
Señaló que estas bandas organizadas “compiten entre ellas para afianzar sus áreas de dominio”, trayendo consigo pérdidas humanas y también económicas.
El empresario saludó la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, que permite el decomiso de los bienes obtenidos mediante prácticas ilícitas, especialmente del narcotráfico.
El directivo del Conep enfatizó que la inseguridad ciudadana y la violencia se erigen como dos de los principales escollos para el desarrollo de las naciones. Indicó que esto ha contribuido a que a nivel regional la seguridad sea hoy una de las mayores prioridades de la población, por encima incluso de temas como el desempleo y el costo de la vida.
Costo económico
Figueroa añadió que la violencia “es preocupante porque atenta literalmente contra el desarrollo, destroza modos de vida, destruye infraestructura, aleja la inversión extranjera y perjudica el crecimiento del turismo”, siendo estas dos últimas las principales fuentes de divisas del país.
Recordó que en la seguridad el Estado dominicano invierte cuantiosos recursos económicos, que pudieran orientarse a la educación, salud, entre otras áreas cruciales para el desarrollo.
En la actividad también disertó sobre el tema el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), quien resaltó los gastos extraordinarios en sistemas y personal de seguridad en que se ven precisadas a incurrir las empresas.
Oller expuso que esta situación ahuyenta la inversión, al tiempo que afecta el crecimiento, la expansión de las empresas y también el rendimiento de sus empleados.
“Todos esto se traduce en mayores costos para las empresas, causando que pierdan competitividad frente a los productos importados u ocasionando que sus productos tengan precios más altos para el consumidor” local, explicó.
Citó entre estos gastos el reforzamiento de los procesos de contratación, la instalación de sistemas de seguridad, auditorías internas, sistemas de controles y riesgos operativos, entre otros.
El representante de ANJE reveló algunos resultados preliminares de un estudio sobre el impacto económico de la inseguridad en las empresas, que llevaron a cabo esta entidad y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Adelantó que casi la mitad de los empresarios encuestados en la investigación afirmaron que han sido víctima de un delito en su negocio, en algunos casos hasta por cinco ocasiones.
Asimismo, más del 50% consideran que para combatir la delincuencia es necesario que en el plano institucional el Estado se ocupe de reforzar a la Policía Nacional, el Poder Judicial y al Ministerio Público, así como el sistema educativo y los programas de seguridad preventiva, entre otros aspectos.
Oller Bolaños recordó que la RD ocupa la posición 122, de 140 naciones, en materia de costos para las empresas asociados al crimen y la violencia, según el Ìndice de Competitividad Global.
Los empresarios reiteraron que el sector privado está dispuesto a aportar y comprometido con la implementación de las políticas que sean necesarias en esta dirección.