SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una de los puntos prioritarios en la agenda del sector sindical -en el marco de la reforma del Código de Trabajo- es garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical, un derecho consignado en la legislación actual, pero que vulneran “la mayoría” de las grandes empresas del país.
Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), puntualizó la necesidad de modificar algunos artículos del Código y de un rol más activo en este ámbito del Ministerio de Trabajo, que ahora solo funge como “mediador” entre las partes.
“El código actual recoge el derecho a la libertad sindical y también al fuero sindical, el problema es que el sector empleador acepte que se aplique, no solamente esa parte del Código de Trabajo, sino también la Constitución y los convenios internacionales”, dijo el representante sindical al periódico Acento.
Afirmó que la mayoría, “un porcentaje muy elevado” de los grandes empleadores bloquean la formación de sindicatos o la afiliación a los ya constituidos de la mayoría de sus trabajadores, por lo que la CASC gestiona sentar a estas empresas en el banquillo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Ese problema ya afecta al país en el plano internacional, y vamos a trabajar con la Confederación Sindical de las Américas, a la cual estamos afiliados, para que estas empresas que niegan ese derecho sean de una u otra forma llevadas a la OIT, como privadoras de la libertad sindical”, aseguró.
Explicó que una de las propuestas que pondrá sobre la mesa el sector sindical en las sesiones de la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo será cambiar el porcentaje mínimo de afiliación que requiere un sindicato para negociar pactos colectivos con su empleador.
“Estamos tratando que se modifique el artículo que dice que para firmar un pacto colectivo hay que tener más del 51% de los trabajadores, no del sindicato sino de los trabajadores de la empresa (…) eso presiona que prácticamente sea imposible obtener un pacto colectivo, porque los sectores empresariales se oponen radicalmente y presionan al empleado”, sostuvo.
Falconbridge, Falcondo y las "mipymes"
Del Río puso como ejemplo de empresas donde se han acordado pactos colectivos a la Manicera (Sociedad Industrial Dominicana/Mercasid) y a la Falconbridge, pero censuró a otras que “simplemente no permiten que los trabajadores se organicen, o amenazan con despedirlos si lo hacen”.
“En el sector industrial de Herrera prácticamente no hay sindicatos, y en las zonas francas se pueden contar empresas donde hay y que permiten un crecimiento de los trabajadores” que desean organizarse.
“Ese problema ya afecta al país en el plano internacional, y vamos a trabajar con la Confederación Sindical de las Américas, a la cual estamos afiliados, para que estas empresas que niegan ese derecho sean de una u otra forma llevadas a la OIT, como privadoras de la libertad sindical"
Añadió que “muchas veces se da que permiten un sindicato pero con 20, 30, 40 trabajadores, para que no pueda crecer ni negociar pactos colectivos, y no permiten que la mayoría se organice bajo amenazas de que si lo hacen los despiden y tampoco los van a contratar en otras empresas”.
El directivo de la CASC mencionó también a la telefónica Claro y a las industrias del sector alimentos entre las empresas que “no permiten la libertad sindical”, donde “el que quiere organizarse, ya está fuera”.
Dijo que distinto a la minera Falcondo, con la también minera Barrick Gold “hay dificultades”, pues aunque allí funciona un sindicato, “no permiten que se organice la mayoría” de los obreros. El representante sindical resaltó que en las micro y pequeñas empresas, donde labora la mayor parte de la gente, también son reprimidas las iniciativas de organización sindical.
“Por ejemplo, formamos un sindicato del automóvil, donde teníamos organizados a trabajadores de diez empresas, mecánicos, etcétera, porque la ley te permite formar sindicatos de un mismo sector, pero los despidieron a todos”, relata. “Aquí hay libertad sindical en la teoría, en la práctica hay la presión para que no se organicen los trabajadores”, declaró Del Río.
Copardom: no es más que una fábula
Entrevistado al respecto, Jaime González, presidente de la Confederación Patronal (Copardom), recordó que el país se ha acogido a los distintos convenios de la OIT inherentes a la organización sindical, y negó que el problema afecte a la mayoría de los empleados.
“Creo que eso es más una fábula, que una realidad. En un marco donde el 97% de las empresas son micro y pequeñas, tú das un margen muy pequeño; estamos hablando de que hay 1,500 empresas dentro del marco de grandes y medianas, y además están los mecanismos que ante cualquier situación el sector sindical va a la OIT y nos denuncia, denuncia al país”, adujo.
Tanto Del Río como el representante de Copardom ponderaron el clima de distensión y favorable a las negociaciones que con que iniciaron el pasado martes las reuniones del denominado Diálogo Tripartido, entre empleadores, sector sindical y el Gobierno, al que convocó el presidente Danilo Medina con miras a reformar la legislación laboral, que data del 1992.