SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) resaltó la importancia de modificar el marco legal vigente en materia de alquileres, que ha sido un reclamo continuo de diversos sectores de la sociedad dominicana.
Biviana Riveiro, presidenta de la entidad, señaló que este ámbito se presentan una gran variedad de problemas: mala aplicación de la ley, interminables procesos judiciales, desalojos de inquilinos que no pagan e infractores, inhabilitación de la facultad de uso y de goce de una propiedad por parte de su dueño, en violación a la Constitución.
Agregó que la legislación actual sobre alquiler de viviendas, establecimientos, locales y solares no edificados se encuentra dispersa en una multiplicidad de legislaciones, con “vacíos y contradicciones” que generan un clima de inseguridad jurídica y afecta la inversión requerida para aumentar la oferta de bienes para alquilar, lo que contribuiría a cubrir el déficit habitacional.
Riveiro recordó que según datos de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) este déficit ronda el un millón de unidades; y que según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en el 2012, el 41% de la población en República Dominicana no contaban con un techo para vivir o habitaban en viviendas de muy mala calidad.
Indicó que “existen algunas iniciativas en el Congreso Nacional, pero se precisa corregir más que extender problemas existentes. Una reforma en esta materia debe procurar: 1) Actualizar a la realidad actual, la legislación en materia de arrendamiento de viviendas y establecimientos turísticos y comerciales; 2) Dotar de referentes legales seguros, regulando los procesos más importantes del contrato de arrendamiento y garantizando el ejercicio efectivo del derecho de propiedad y de los derechos de los inquilinos; 3) Propiciar un verdadero clima de seguridad jurídica, que permita fomentar la inversión en viviendas para aumentar la calidad y cantidad de oferta inmobiliaria que permita a los ciudadanos acceder a viviendas dignas a un menor precio”.
ANJE considera que con un adecuado de un marco legal integral, moderno, equilibrado, que propicie la seguridad jurídica se estimularía la ampliación de oferta de inmuebles para viviendas y establecimientos comerciales que impulsarían la economía, el incremento de los ingresos fiscales, la creación de nuevos empleos en el mercado de la construcción, y una competencia de precios que beneficiaría a los consumidores.