CONSTANZA, República Dominicana.- Cuando el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 14/2016, que ordenó eliminar la agricultura de los pequeños y grandes productores que ocupaban los terrenos del Parque Nacional Valle Nuevo, se desconocía dónde se reubicarían y las alternativas de subsistencia para unas 150 personas –según datos oficiales– que dependían a plenitud de la explotación de una zona protegida que comprende 910 kilómetros cuadrados y que se encuentra en el centro de la Cordillera Central.

Sin embargo, a un año de iniciar el proceso de desmonte de las actividades agrícolas, que provocó peleas entre cultivadores que se autodenominan dueños de los terrenos que explotaron durante años sin aval estatal, el Ministerio de Medio Ambiente entregó 53 viviendas a familias de El Castillo y La Siberia que ocupaban ese pulmón de la Cordillera Central que acoge las fuentes del agua que consumen 7 de cada 10 dominicanos, según informaciones oficiales.

El agua de esa cordillera es tan preciada que el ecologista y miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana Eleuterio Martínez explicó tras una investigación que esas montañas garantizan unos 2,676 metros cúbicos de agua para cada habitante del país.

‘‘Pero los cálculos de consumo anual se sitúan en 7,500 millones de m³ en el riego agrícola (mayor uso), 920 millones de m³ en el uso humano, 45 millones  de metros cúbicos en la ganadería, 40 millones de m³ en el turismo y 40 millones de m³ en la industria (no incluye el sector minero)’’, precisa Martínez en una publicación de la revista científica Verdor publicada en noviembre 2016.

Durante la inauguración de la Villa Poppy –cuyo nombre hace referencia a José Armando Bermúdez (Poppy), cuya familia donó los terrenos del habitacional– el ministro Francisco Domínguez Brito señaló que para garantizar el derecho a una vivienda digna a esos productores que utilizaban una porción del parque, Medio Ambiente ‘‘hizo un serrucho’’.

Según explicó, diversas organizaciones públicas y privadas aportaron por lo que fue innecesario una licitación pública para la construcción de la obra que aún Medio Ambiente carece de cálculos de inversión total.

No obstante, en voz de Mayobanex Escoto, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, cada casa está valorada en unos RD$650 mil pesos, excluyendo el costo de la madera preciosa que fue donada de un cargamento ocupado por la Dirección General de Aduanas.

Se trata de construcciones en bloques de cemento (blocks) y madera ubicadas en la falda de montañas en la comunidad de Río Grande. Cada casa cuenta con tres habitaciones, un baño, sala, cocina y área de lavado.

En palabras de Domínguez Brito, “los campesinos podrán seguir generando ingresos porque cada familia. A partir de hoy tendrán una porción de terreno con mejores condiciones para la producción agrícola”.

Durante la actividad, en la que participaron varios funcionarios públicos, entre ellos Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas, así como la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, varias familias que alegan fueron expulsados de ‘‘sus cultivos’’ y dejados fuera del proyecto habitacional expresaron su descontento y exigieron respuesta laboral y casa también para ellos.

Los muebles, tales como estufas, tanques de gas, camas, electricidad, agua potable, planta de tratamiento, aceras y contenes fueron patrocinados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el Plan Yaque, la Fundación Rica, Fundación Propagas, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), la cooperativa Vega Real, Emilio Reyes, Codelpa; Tecamex, Sabinsa, Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), la Fundación Moscoso Puello, la Nacional, InterEnergy, la Reina, Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples (Coopnama), entre otros.