SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Varios obispos, sacerdotes y seglares que conforman la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Iglesia católica recibieron en la mañana de ayer, un informe detallado de la contaminación de Punta Catalina y la factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de esta central, informaron el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
Las entidades reportaron que el encuentro se celebró en el Salón Parroquial de la Catedral Nuestra Señora de Regla de Baní, por iniciativa de monseñor Víctor Masalles, obispo de esta diócesis.
Dijeron que la reunión estuvo presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, obispo de La Vega, presidente de la Pastoral Ambiental y vicepresidente del Episcopado Dominicano. También participaron en la actividad el secretario ejecutivo de Pastoral Ambiental, Jovanny Kranwinkel, el padre Ricardo de La Rosa de la Pastoral Ambiental de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Solhanlle Bonilla, entre otros.
Euren Cuevas expuso sobre la contaminación de Punta Catalina a través de las emisiones aéreas y de las cenizas, así como las enfermedades y los daños en la producción agropecuaria y en el medio ambiente que esta contaminación está produciendo en la provincia Peravia.
“La permanencia de las montañas de cenizas tóxicas a la intemperie en el lugar donde se encuentran a poca distancia del litoral, de poblaciones y de cultivos, está causando daños que pueden resultar irreversibles como sería la contaminación con sustancias tóxicas de las aguas subterráneas y superficiales de la provincia Peravia”, indicó Cuevas.
Enrique de León, abordó los detalles de los costos de la conversión a gas natural, las posibles fuentes de financiamiento para este cambio de combustible y la compensación de la inversión por los ahorros en gastos de operación y mantenimiento interno de los residuos y de los gases ácidos, y por los ahorros de los costos de los daños del carbón en salud y en cambio climático.
De León consideró que ya en el país existe el consenso de que Punta Catalina debe abandonar el carbón lo más pronto posible. “Este consenso se revela por las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarulla, de que se debe sustituir el carbón por otro combustible y por la propuesta de resolución de los diputados de la provincia Peravia, solicitándole al presidente de la República la conversión a gas natural de la central termoeléctrica”, afirmó.
Según las entidades, De León explicó que la gran escala de Punta Catalina hace inviable que pueda operar con biomasa, como lo han sugerido el ministro Macarrulla y la Cámara Agroforestal Dominicana. “No es posible sustituir 4 millones de toneladas de carbón al año que consume Punta Catalina con biomasa sin producir una crisis en la seguridad alimentaria o una gran deforestación del país”, agregó.
Ante la duda de si la conversión a gas natural sea la mejor solución a la contaminación de la combustión del carbón, De León observó que CEPEM, en la región Este, con el apoyo del Estado, está convirtiendo 365 megavatios a gas natural que equivalen a una de las plantas de Punta Catalina sin ninguna dificultad y en muy poco tiempo. Se preguntó si el sector privado lo pude hacer, qué dificultades pueden impedir que el Estado realice la misma conversión en Punta Catalina, argumentó.
Indicaron que monseñor Masalles en las palabras de apertura del encuentro expresó que había solicitado a la Pastoral Ambiental que escuchara a INSAPROMA y al CNLCC para que se informara de manera directa sobre la gravedad de la contaminación de Punta Catalina y sobre la propuesta de convertir esta central a gas natural, y a partir de estas informaciones se pronunciará.
De León, a nombre de INSAPROMA y del CNLCC, le solicitó a la Pastoral Ambiental que elevara su voz en defensa del pueblo de Baní y de la provincia Peravia que están siendo afectados por esta contaminación e instara al presidente Luis Abinader a buscar la solución más rápida posible para evitar más sufrimientos y daños.
“No se trata de una discusión técnica entre expertos que puede prolongarse indefinidamente, sino de aplicar con urgencia una solución a una grave amenaza a la vida, a la salud y a los medios de vida de más de cien mil personas en un área de veinte kilómetros que tienen derecho a que el Estado proteja su salud y les garantice el disfrute de un medio ambiente sano”, puntualizó el dirigente climático.