SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La empresa de capital canadiense y suizo Gold Quest, que pretende aprovechar recursos mineros de la Cordillera Central, todavía no solicita la licencia ambiental al Ministerio de Medio Ambiente.
Aunque ya obtuvo la concesión del Ministerio de Energía y Minas, el permiso medioambiental, que es un requisito legal y esencial para hurgar entre recursos naturales sin estropearlos a cabalidad, requiere entre una extensa lista de documentos que la empresa envíe al ministro Francisco Domínguez Brito copia del plano o mensura catastral, un informe detallado sobre las aspiraciones del proyecto en ese suelo, carta de no-objeción de uso de suelo del ayuntamiento de la localidad, así como una autorización emitida por el poder Ejecutivo.
El tiempo que se tomará realizar el proceso, de acuerdo a lo planteado por Medio Ambiente en su página web, podría tardar unos 30 a 190 días laborables.
Cuando el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, solicitó al poder Ejecutivo autorizar la explotación de una parte del conjunto montañoso más importante de la República Dominicana, enviándole al presidente Danilo Medina una propuesta financiera que aseguraría al Estado beneficios superiores al 40 %, según dijo, la describió como un acontecimiento que serviría de punto de referencia al discurso de "minería responsable" que divulga su gestión.
En la actividad detalló que la megacorporación se comprometía con el Estado dominicano a otorgar US$52 millones adicionales "de manera voluntaria" de parte de la empresa, que además prometía ‘‘formalmente’’ no usar en sus extracciones elementos químicos contaminantes, ni las aguas del río San Juan ni de fuentes subterráneas y de explotar la mina con parámetros que produzcan los menores impactos ambientales.
"Un fuerte apoyo del gobierno local"
Gold Quest en su página web subraya que ha construido ‘‘relaciones sólidas con los miembros del Gobierno local, la Iglesia Católica Romana y embajadores nacionales’’. Hasta el momento se sabe que el proyecto Romero es alentado desde el Ejecutivo; no obstante, en contraste con el ‘‘fuerte apoyo’’ que pregonan en su información digital, la realidad es que el intento minero es malmirado por la Diócesis de San Juan que agrupa a la población católica de esa provincia, que emitió un comunicado en el que se opone de manera directa a que se acabe con los recursos naturales que favorecen la agricultura y el ecoturismo de sustenta económicamente esa región del país.
Aunque el titular de Energía y Minas prometió hace unos días que ‘‘Si la comunidad de San Juan no quiere mina, entonces no debe haber mina’’ porque el Gobierno no puede imponer una mina arrastrando el disgusto social, solo se espera que el mandatario autorice el proyecto para iniciar la discusión sobre los pérdidas medioambientales que podría generar Romero, ubicado a menos de 200 metros del río San Juan, principal acuífero que nutre al río Yaque del Sur y la presa de Sabaneta, "agua para la agricultura y la vida de la zona", han denunciado organizaciones sanjuaneras.