El sábado 24 de abril de 1965 el país fue estremecido por una esperanzadora noticia. Un grupo de militares honestos y liberales habían “tumbado” al gobierno golpista del “Triunvirato” y derrocado al presidente Donald J. Reid Cabral, acción que en menos de 48 horas se había convertido en la Revolución de Abril, el conflicto cívico-militar que enfrentó a los seguidores de la constitución y la vuelta a la presidencia de Juan Bosch sin elecciones, contra los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA) y una parte importante de los oficiales de la Fuerza Aérea de San Isidro bajo el liderazgo del coronel Elías Wessin y Wessin, que se oponían a la constitucionalidad.
El conflicto armado, en que murieron miles de dominicanos, se acrecentó a partir de la mañana del 26 de abril, cuando los líderes constitucionalistas, encabezados por el coronel Francisco A. Caamaño, iniciaron el reparto de armas de guerra a la población civil, la que resistió sin conocimientos militares pero con mucha valentía, a las “tropas de San Isidro” y a los 42 mil marines norteamericanos que desembarcaron el día 28. Tres días después, el 30, con la toma de la Fortaleza Ozama, se destruyó un enclave de la fuerza enemiga constituida por la Policía. Con esta acción se reforzó el armamento de los combatientes.
Con las armas en manos de los jóvenes combatientes, muchos de ellos integrantes del Partido Socialista Popular (PSP), Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4), Partido Comunista Dominicano (PCD) y Movimiento Popular Dominicano (MPD), que eran los partidos de izquierda existentes, así como del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), principalmente, se dio inicio a la organización de unidades de combatientes civiles que pronto se conocieron como los “Comandos constitucionalistas”. Algunos de estos tenían como mínimo cuatro hombres, pero los había con decenas de combatientes. También, participaban en los comandos y en estructuras oficiales del gobierno constitucionalista, cientos de militares pertenecientes al Ejercito Nacional, principalmente. Estos oficiales suplieron el adestramiento básico de los comandistas “rebeldes”. Más tarde, a partir del mes de mayo, los combatientes civiles comenzaron a ser adiestrados en la Academia Militar 24 de Abril, la que tuvo como sede el Parque Eugenio María de Hostos.
Para organizar la resistencia contra los “reaccionarios” del CEFA”, como entonces se decía, fueron formados 130 unidades de combates, siendo el comando del PSP el primero en ser organizado el 26 de abril. Muchos de los jefes e integrantes de los comandos tenían conocimiento en guerra de guerrillas, pues desde antes de 1963, bajo la influencia de la revolución cubana, se estaban preparando para establecer focos guerrilleros en las montañas dominicanas, por lo que habían viajado a Cuba y China Comunista para participar en cursos político-militares.
José A. Moreno, sacerdote y sociólogo cubano jesuita, calculó en 130 comandos y 5,289 los hombres armados que formaban parte de las unidades de combatientes civiles. Resalta—dice José del Castillo en el prólogo del libro del cura El pueblo en Armas (1973), que el comando B-3, “con hegemonía política del 14 de Junio, registrara el número más elevado de miembros (183) y el de la Escuela Argentina, dominado por el MPD, fuera el segundo (140)”.
Las primeras pruebas de fuego para los hombres y mujeres que integraron los comandos las recibieron en las batallas del Puente Duarte, cuando junto con los militares constitucionalistas lograron derrotar a los militares del CEFA, impidiendo que estos tomaran el control de la ciudad de Santo Domingo, que se convirtió en el objetivo de los que no querían que Juan Bosch regresara a la presidencia.
Las derrotas de las tropas del CEFA y de los militares de la base aérea de San Isidro, incidieron directamente en la invasión militar norteamericana del 28 de abril, por lo que a partir del 5 de mayo fueron los Estados Unidos, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), los que tuvieron las mayores iniciativas en las discusiones de paz que se iniciaron con el “Acta de Santo Domingo”, del 5 de mayo, y concluyeron con la firma de “Acta de Reconciliación Dominicana” del 31 de agosto de 1965. Esta última dio pasos a la formación del Gobierno Provisional, encabezado por el doctor Héctor García Godoy, que se estableció el 3 de septiembre. Su juramentación marcó el final de la revolución de Abril y se procedió a tratar de dar cumplimiento a los temas acordados en el Acta de Reconciliación, que incluía la desmovilización de los militares constitucionalistas, la desintegración de los comandos y la “desmilitarización y el desarme de los civiles”, así como la organización de las elecciones.
En medios de las negociaciones y cuando ya se vio con seguridad que el gobierno constitucionalista llegaría a un acuerdo para finalizar el movimiento armado, los partidos de izquierda, principalmente, y muchos combatientes independientes se concentraron en las tareas de esconder armas y pertrechos militares en la “zona rebelde”, así como sacarlas para ser llevadas a otros lugares de la ciudad y del interior del país, motivados en la creencia de que la guerra no iba a terminar, y que tenían que dar pasos para reiniciarla cuando las condiciones se lo permitieran.
Con esos fines, tanto el MPD, como el 14 de Junio, el PSP, y el PCD (este último surgió durante la guerra como desprendimiento del PSP), escondieron y sacaron una importante cantidad de armas, pero muchas de ellas fueron recuperadas durante el período de gobierno provisional, y en especial durante los doce años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer.
La entrega de armas a las autoridades
Una vez instalado el Gobierno Provisional de Héctor García Godoy, los norteamericanos y la llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP), establecieron los puestos de chequeos o “check-points”, con el fin de recuperar de manera formal las armas en manos de los civiles, y procedieron a realizar allanamientos en todo el territorio de la ciudad capital.
Con ese objetivo, el gobierno constitucional del expresidente Caamaño y autoridades del Gobierno Provisional realizaron un acto en el que los constitucionalistas entregaron veinte cañones y un tanque de guerra AMX, además de 25 proyectiles para tanques, y 20 cañones navales para carga de profundidad. En la ceremonia los constitucionalistas fueron representados por Ramón Manuel German García y el oficial Jorge Gerardo Marte. Estuvieron presentes funcionarios de la OEA y de las Naciones Unidas, además de José Ramón Félix de la Mota, intendente general de materiales bélicos del Ejército, en representación de las autoridades. La entrega fue certificada por el ministro de Interior y Policía Joaquín Manuel Castillo. En esos días circuló la noticia de que dos fusiles FAL aparecieron y fueron entregados en la calle Caracas esquina Enriquillo, junto con 250 capsulas.
De acuerdo con el periódico Patria, los allanamientos oficiales en búsqueda de armas se anunciaron el 21 de octubre, aunque se realizaban desde semanas antes. Los militares comenzaron los registros por los alrededores del Hipódromo Perla Antillana la mañana del día 22 y se procedió al lanzamiento de volantes sobre los barrios de la capital desde helicópteros norteamericanos, mientras las tropas del CEFA iban controlando la ciudad y poblados de las zonas suburbanas. Algunos integrantes de las patrullas militares que actuaban en la operación, además de buscar armas, aprovechaban para apropiarse de recursos económicos y otros bienes aparecidos en las casas allanadas; además de que muchos de los residentes eran apresados y trasladados a campamentos militares “para ser “investigados”.
Por otro lado, las armas en manos de los militares de Caamaño fueron llevadas al Campamento 27 de Febrero, en la margen oriental del rio Ozama, donde fueron concentrados los militares constitucionalistas en la Brigada Mixta Gregorio Luperón, lo que facilitó el control de las autoridades sobre las mismas.
En el proceso de recuperación las autoridades del Gobierno Provisional dieron con cientos de armas de fuego y pertrechos militares, y llegaron a anunciar que con la acción, combinada con las tropas extranjeras, se había logrado desarmar la población de manera total, lo que posteriormente fue desmentido por Joaquín Balaguer, quien salió triunfante en el dudoso certamen electoral del 1 de junio de 1966.
Balaguer dijo buscará armas de “manera absoluta y total”.
Cinco días después de su triunfo, el electo presidente anunció que tan pronto fuera juramentado procedería a ordenar registros y allanamientos para localizar las armas que todavía permanecían en manos de civiles y que lo haría de “manera absoluta y total”.
Desde 1966, pero especialmente a partir de 1967, los grupos de izquierda que habían participado en la guerra, comenzaron a organizar el envió de militantes que se habían destacado en los combates y en la Academia Militar 24 de Abril, para que asistieran en Cuba y China Comunista, en cursos de adiestramiento en guerra de guerrillas, lo que pronto estuvo en conocimiento del gobierno:
El 14 de Junio comenzó a promover su propuesta de organizar la guerra “desde el campo que rodea la ciudad”, mientras que el MPD lanzaba a los cuatro vientos su tesis guerrillera de “lo mejor al campo” y “la guerra popular”. El PCD y el PSP se movían en el mismo sentido, pero en actitudes menos belicosas acogiéndose a directrices y a vínculos tenidos con los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética. En ciertos modos, preferían la vía electoral por encima de la militar, o como sucedió en 1969 cuando el PCD se proclamó partidario de la famosa tesis de la “Dictadura con respaldo popular”, aunque por años mantuvo una estructura “político-militar” que no descartaba la organización y participación en la guerra. En 1972 el Partido Comunista paso a colaborar con el gobierno y se acogió a los planes de reforma agraria encabezados por el Partido Reformista, siendo legalizado mediante ley para que pudiera actuar políticamente sin ninguna dificultad.
El gobierno de García Godoy organizó las elecciones del 1 de junio de 1966 y entregó la presidencia a Joaquín Balaguer, candidato triunfante en el dudoso certamen electoral, el 1 de julio. Como lo había prometido, de inmediato se procedió al registro de viviendas en busca de las armas que todavía permanecían en poder de personas y de los grupos políticos que habían tomado parte en la contienda.
Los servicios de inteligencia del Estado, especialmente una unidad que fue organizada a semejanza de la agencia de inteligencia norteamericana, y al parecer con asesoría de esta, que se llamó Servicio de Seguridad y tuvo su despacho en la segunda planta del Palacio Nacional y que utilizó al Departamento del Servicio Secreto de la Policía como instrumento operativo, comenzó a propinar duros golpes a los grupos comunistas, especialmente a partir de las confidencias de algunos dirigentes y militantes de izquierda que se habían convertidos en agentes infiltrados, y que poseían conocimientos precisos sobre los lugares donde estaban escondidas las armas.
El 11 de octubre de 1966 el periódico El Nacional trajo la información de que debajo de una cama y en un armario de una residencia de la calle Arzobispo Meriño número 112, se encontró un depósito de armas, que contenía 22 fusiles Máuser, una ametralladora ligera calibre 30, dos escopetas, capsulas y otros pertrechos militares. El día 23 el fiscal del Distrito Nacional, Anaiboni Guerrero Báez declaró en el programa Frente a la Prensa, que el expresidente García Godoy no estaba en lo cierto cuando dijo que en su gobierno se había terminado el desarme de la población, por lo que todavía muchos de los miembros de los comandos estaban armados.
En noviembre de 1966, a cuatro meses de iniciado el gobierno del doctor Balaguer, la Policía dijo haber dado con el hallazgo, a través de un plan de allanamientos en casas de familias que abarcó todo el Distrito Nacional y lo que hoy es el Gran Santo Domingo, de una importante cantidad de armas. En la crónica periodística aparecida el 15 de noviembre en El Nacional, están las imágenes de más de 50 fusiles, ametralladoras y otros tipos de armas, además de literatura considerada comunista.
Un mes después, el 15 de diciembre se informó que en el Jardín Zoológico, que en esos tiempos quedaba en la avenida Bolívar casi esquina Tiradentes, se habían encontrado 7 cajas de armas y otros utensilios militares, depositadas en el baño de damas que estaba cercana a la jaula de las fieras. Entre los materiales de guerra había una bazuca, una ametralladora calibre 50, escopetas y más de veinte fusiles. Pero luego se pudo determinar que los pertrechos militares fueron puestos allí por el administrador del Zoológico, aunque este declaró en las investigaciones que desconocía que dentro de las cajas había armas de fuego. (Veas El Nacional, del 19 de diciembre 1966).
Las armas fueron llevadas hasta el lugar en camiones del Departamento Juan Pablo Duarte por militares, que de acuerdo con José Francisco Peña Núñez quien fue investigado en la ocasión, las habían descargado en horas de la noche. Hay quienes infirieron en aquellos días, que posiblemente esas armas podían ser partes de las requisadas por los militares en los allanamientos y que fueron llevadas hasta allí con el fin de comercializarlas de manera ilegal.
Armas en manos de los grupos de izquierda
Es muy difícil determinar la cantidad de armas y pertrechos militares escondidos por los partidos de izquierda para continuar su sueño de “derrotar al imperialismo” y establecer un gobierno comunista al estilo cubano, y aunque las autoridades recobraron miles de todos los calibres, la verdad que nunca se determinó con certeza la cantidad en manos de los que fueron miembros de los comandos.
Haciendo un ejercicio especulativo, se puede llegar a un cálculo no exagerado. Por ejemplo, como lo apunta el recientemente fenecido dirigente del PCD, Braulio Torres, que fue uno de los responsables de la Comisión militar de esa agrupación, en su memoria Cautivo de mi verdad (2012):
“En el mes de diciembre de 1967—dice él—el Partido dispuso la entrega de armas en todas las provincias donde la organización tenia estructura: A San Cristóbal se envió un equipo militar compuesto por dos fusiles Fal, (1) G-3, (2) carabinas San Cristóbal, (2) fusiles Máuser, (2) armas cortas, (1) revolver calibre 38, y (1) pistola calibre 45, corta de tipo comando”. En ese año, dice Braulio, se decidió realizar una compra de armas, operación que fracasó. Si se toma en cuenta que ese partido tenía células organizadas en las principales provincias, y que solo a la ciudad de San Cristóbal se enviaron 11 armas, además de la capital que era la de mayor cantidad de militantes, se puede entender (si multiplicamos por cinco la cantidad mínima llevada a cada provincia), que esa agrupación comunista debió tener por lo menos 150 fusiles, pistolas y revólveres.
En cuanto al Movimiento 14 de Junio, que fue uno de los partidos de izquierda más importantes durante la revolución, se puede pensar que era el que más armas tenia, por lo menos hasta el momento en que una parte de su militancia abandonó la agrupación y se pasó al Movimiento Popular Dominicano en 1966, llevándose una parte importante de los recursos de esa organización. Para ese año ya el 1J4 estaba estableciendo zonas guerrilleras en las montanas dominicanas y había enviado un importante contingente de militantes a adiestrarse en guerra de guerrillas en el extranjero. Es muy posible que esta organización triplicara en cantidad las armas que estaban en posesión del Partido Comunista Dominicana, aproximadamente 500 armas de fuego.
Por el lado del MPD, la cantidad debió de ser importante, ya que su principal comando ubicado en la Escuela Argentina, llegó a tener unos 150 integrantes, además de militantes participando en otros comandos de la zona rebelde. Si se toma en cuenta de que esa agrupación, desde 1967 estaba organizando “la guerra popular”, que había enviado a muchos de sus cuadros a trabajar en lo que sería su zona guerrillera, y de que ya en 1968 había ordenado la creación de los Comandos Revolucionarios Clandestinos, también conocidos como los CRC, se podría especular que el poder de fuego de esas estructuras organizadas a nivel nacional, podía alcanzar también los 500 fusiles, ametralladoras, pistolas y revólveres. Sin embargo, muy pocas de esas armas estaban en manos de los militantes, debido a que permanecían escondidas a la espera de la orden para ser usadas.
Muchas de las armas habían pasado bajo su control con la integración de los “no transformistas” del 14 de Junio. Lo que no sabían los lideres emepedeistas era que su organización estaba infiltrada por agentes encubiertos, como también lo estaba el PCD, el 1J4, y Voz Proletaria. Esta última, que en su surgimiento en 1968 se quedó con una pequeña parte de las armas del MPD, tuvo que fusilar a su máximo dirigente, Caonabo Jorge (conocido también como “El Lagarto” o “Juanito Voz Proletaria”), al descubrir que estaba trabajando desde 1967 para el Servicio de Seguridad y para la CIA.
De esa manera, realizando allanamientos, haciendo registros en puntos de chequeos en calles y carreteras, y a través de las requisas en que participaban ex-militantes de izquierda convertidos en “chivatos” y colaboradores pagados, la policía fue dando con el paradero de una gran cantidad de armas de las que habían pertenecido a los comandos constitucionalistas:
En noticia firmada en El Nacional por Huchi Lora, el 17 de junio de 1968, se informa que la Policía Nacional encontró en la casa número 72 de la calle Sánchez de Ciudad Nueva, 41 armas colocadas de manera disimulada en una carbonera, las que se encontraban envueltas en plástico y bien engrasadas. El operativo fue dirigido por el general Braulio Álvarez Sánchez, el coronel Luis Ney Tejeda Álvarez y el mayor Francisco Báez Mariñez, jefe del Servicio Secreto. Se encontraron una ametralladora calibre 50 enfriada por aire; 11 fusiles Máuser calibre 7 milímetros; 8 fusiles Máuser mosquetón; 2 fusiles Fal; una ametralladora Madsen calibre 7; un fusil Hotkiff calibre 7; 3 pistolas ametralladoras San Cristóbal calibre 9; 11 ametralladoras Cristóbal calibre 30”. Además cientos de capsulas, cargadores, y otros pertrechos militares.
La información de El Nacional destacaba la declaración del fiscal Antonio Almodovar en relación a que la denuncia del lugar donde estaban guardadas, fueron aportadas por “los mismos que escondieron las armas” dentro de un túnel.
Muerte de Freddy Sosa un duro golpe al MPD.
La noche del viernes 7 de julio de 1972, agentes del Servicio Secreto de la policía asesinaron al militante emepedeista Freddy Antonio Sosa Martínez, miembro de esa organización desde los días de la revuelta cívico-militar de 1965. Perseguido por los agentes penetró a una vivienda de la calle Duvergé del sector de San Carlos, siendo acribillado a balazos en el momento en que intentaba esconderse debajo de una cama.
Hijo de Aurora de Sosa, residió en la calle Hernando Gorjón número 10. Dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS) en el liceo Paraguay, en 1969 estuvo preso y llevado a la justicia acusado de incendiar una tienda y varios vehículos, además de organizar Comandos Clandestinos del MPD en las barriadas de San Carlos y Villa Francisca.
Al referirse a la muerte de Freddy Sosa, la Policía dijo haber encontrado en sus bolsillos un mapa o croquis en el que se señalaba el lugar exacto donde el MPD tenía escondida una importante cantidad de armas de fuego que habían pertenecido al 14 de Junio, en la casa número 21 de la avenida 30 de Marzo, donde operó un comando de esa organización durante la guerra. La agrupación comunista negó que las armas fueran de su propiedad; pero en círculos políticos de la época se entendió que las mismas habían pertenecido a esa agrupación y formaban parte de los pertrechos de guerra que habían pasados al MPD al momento de la división del 1J4 en 1967. La casa donde se encontraron las armas depositadas en un aljibe, había servido como sede de uno de los comandos constitucionalistas del 14 de Junio.
Las armas depositadas por el 14 de Junio.
Una crónica firmada por el periodista Guarionex Rosa, publicada en el desaparecido periódico Ultima Hora, el 11 de julio de 1972, da cuenta de la localización de las armas, aportando los siguientes detalles:
“La Revolución del 24 de Abril de 1965 dejó a la casa número 21 de la calle 30 de marzo, preñada de armas y pertrechos bélicos, y por eso, en cinco allanamientos que se le han hecho en siete años, se han localizado armamentos en tres ocasiones. Cada vez que la Policía fue a la vieja casa, construida antes de que la calle 30 de marzo fuera asfaltada, el práctico señalo el lugar donde los agentes tenían que buscar y efectivamente encontraron, excepto en dos oportunidades”.
Y sigue contando la crónica periodística: “En la vivienda funcionó durante la Revolución uno de los comandos del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, por lo que las armas halladas pertenecían a esa agrupación, a menos no las hubiera vendido o traspasado a otro sector político. Gente que estuvo cerca de los comandos catorcistas recordaron hoy que el arma mencionada en el parte policial como un cañón naval, no es más que una ametralladora calibre 70, la única con que contaba el otrora partido izquierdista. También ha salido a relucir que quien develó a la Policía la existencia de las armas fue un exdirigente catorcista, que fue perseguido cuando dejó las filas de esa organización y que actualmente se encuentra en la abierta colaboración con el Gobierno del doctor Joaquín Balaguer”.
Las armas estaban escondidas en varios lugares, entre ellos detrás de una pared disimulada con una carbonera, en una terraza de la casa y en un aljibe, disimulado con una meseta construida de cemento. Cada vez que la vivienda era allanada, el “practico”, como aparece señalado el delator ex dirigente del 1J4, siempre estaba presente y acertaba el lugar donde se encontraban los pertrechos militares, pruebas de que conocía muy bien los lugares escogidos para ocultarlas.
Entre “la gran cantidad de armas” encontradas por la policía en la referida vivienda del barrio de San Carlos, estaban una bazuca anti tanque, un cañón naval, dos ametralladoras calibre 30 milímetros y 46 fusiles y carabinas, “en perfecto estado”. También se encontró en el aljibe un mimeógrafo para ser utilizado para imprimir volantes de la organización de izquierda. Las armas, de acuerdo al parte policial, habían pertenecido al arsenal de la fortaleza Ozama y al depósito de la marina de la base naval de San Souci.
El MPD identificó agente que denunció escondite.
En una amplia declaración de prensa, el MPD respondió las acusaciones de la Policía en relación a la muerte de Freddy Sosa y el hallazgo de las armas. Ese partido negó que los materiales bélicos encontrados pertenecieran a la organización y “acuso a un miembro del comité central del 14 de Junio de delatar el sitio donde se hallaba el arsenal. En una declaración—dice el periódico El Nacional—la comisión política del MPD afirma que la Policía pretende ocultar el verdadero delator del escondite de las armas al señalar que la pista fue hallada en los bolsillos del simpatizante Freddy Antonio Sosa, acribillado fríamente a balazos por la Policía en la sala de la casa donde se refugió, el viernes en la noche. (…). El MPD suministró a El Nacional el nombre del ex dirigente del 14 de Junio, pero por razones legales este periódico lo omite en esta crónica. Ese ex dirigente catorcista se vio envuelto hace poco en una polémica con los directivos de un partido anti reeleccionista, del cual desertó después de haber entrado a él cuando renegó del 14 de Junio”.
De acuerdo al MPD, el ex catorcista, que ocupó la condición de tesorero en la dirección del 14 de Junio, fue quien informó a la policía sobre el escondite: “El MPD afirma que el verdadero delator del escondiste de las armas lo fue sin lugar a dudas el ayer dirigente del Comité Central del 14 de Junio y hoy confeso balaguerista al servicio de los matones (…). Desde su alta posición en la dirección del 14 de Junio, él conoció muchos detalles de importancia que, posteriormente ha ido revelando uno por uno al enemigo, luego de venderse por unos cuantos dólares (…). Nosotros lamentamos el hallazgo de estas armas, porque sabemos que eran de sectores populares que las pondrían al servicio del pueblo cuando las circunstancias así lo permitieran”.
Además, el MPD explicó que hacía tiempo que la policía conocía del escondiste, pero que esa institución había organizado un operativo de vigilancia a la espera de que los izquierdistas fueran al lugar a recoger las armas, para de esa manera apresarlos. Semanas después de la muerte de Sosa, en la Universidad se rumoró que era cierto que él poseía el supuesto croquis en que indicaba el lugar donde se encontraban las armas.
Policía presenta balance recuperación de armas.
En octubre de 1975, la Policía dio a conocer a la prensa un resumen estadístico que incluía las cifras relacionadas con la recuperación de artefactos de guerra que habían sido utilizadas por los comandos y civiles durante la Revolución de Abril de 1965 y que eran tenidas de manera ilegal; estas se contabilizaban en unas 3 mil aproximadamente. El informe, que cubre desde 1966 hasta 1974, detalla que en los allanamientos y registros fueron encontradas 63 ametralladoras, 5 bazucas, 442 bombas, 180 carabinas, 225 escopetas, 294 pistolas, 812 revólveres, 304 fusiles, 398 granadas y 90 rifles. De estas armas, en 1971 fueron localizadas 521; 241 en 1972, y 121 en 1973.
De maneras Coincidentes con esas cifras aportadas por la Policía en 1975, las organizaciones de izquierda, especialmente el MPD y lo que para entonces quedaba del 1J4, que era la llamada Línea Roja del Catorce de Junio, ya habían abandonado la línea de la “guerra popular”, organizar la “guerra desde el campo que rodea la ciudad”, “lo mejor al campo”, “las tumbas vivas”, y el adiestramiento guerrillero en Cuba. Habían desaparecido los Comandos de la Resistencia, los Comandos Clandestinos y el Movimiento 12 de Enero de Plinio Matos Moquete, aunque algunas armas quedaron en manos de pequeños grupos de izquierda que se habían separados de los grupos más importantes, como por ejemplo El Grupo Rubirosa conocido también como Los Trinitarios; pero al parecer la cantidad de armas en posesión de estos era insignificante.
Desde los tiempos inmediatos al fracasado movimiento guerrillero del Coronel Caamaño en febrero de 1973, la izquierda dominicana, visiblemente diezmada por la contrainsurgencia, prefirió mirar hacia las elecciones como instrumentos posibles para la toma del poder y entonces se habló de “Acuerdo de Santiago” y “Acuerdo de la Dignidad Nacional” en 1974, así como de “Acuerdo de Santo Domingo” en 1978. Había terminado de manera definitiva el sueño castrista de la izquierda, de continuar una guerra que, de manera definitiva, había terminado el 3 de septiembre de 1965.
(El texto pertenece al libro Crónicas de los 12 años de Balaguer, escrito por Alejandro Paulino Ramos. Entre las fuentes utilizadas se encuentran: “Hallan armas en residencia”. El Nacional, 11 de octubre 1966; “Hallan en residencias armas y proyectiles”. El Nacional. El Nacional, 15 de noviembre 1966; “Administrador Zoo dice colocó cajas donde había armas”. El Nacional, 19 de diciembre 1966; Luis Eduardo Lora. “Hallan arsenal en casa de familia”. El Nacional, 17 de junio 1968; Cesar Medina. “Muerte a tiros era miembro del MPD”. Ultima Hora, 8 de julio 1972; “Refutan versión PN”. El Nacional, 10 de julio 1972; “En 3 de 5 veces hallaron armas: Opero un Comando del 1J4. No sabían había un aljibe”. Ultima Hora, 11 de julio 1972; “PN ha recuperado cerca de 3 mil armas desde final de la Revolución hasta 1974”. Ultima Hora, 25 octubre 1975).