Durante los Doce años de Balaguer era normal, pero muy mortificante para la sociedad, aceptar las violaciones a los derechos humanos por simples razones políticas, pero desde temprano, después de la muerte de Trujillo y antes de la Revolución de Abril, fue irritante moda que las autoridades “invitaran a salir” a los ciudadanos que no comulgaban con las ideas políticas de los mandatarios o de los partidos gobernantes. Luego de terminada la Revolución el autoritarismo se impuso sobre la democracia, justificado con leyes y disposiciones inconstitucionales que emanaban de la voluntad del gobernante de turno, el doctor Balaguer, quien se empecinó en presentarse como la reencarnación del trujillismo y limitó las libertades públicas como si fuera dueño de las vidas de los dominicanos, lo que apareció reseñado en la prensa:
“El gobernante se tocó el pecho con la mano derecha para decir con énfasis que “el presidente de la República es el único que puede autorizar viajar a Cuba”. (“El Nacional”, 28 de julio de 1971). Esa vocación dictatorial no tuvo límites y sí lo tuvo pasaba por la voluntad personal de quien gobernó el país con manos duras desde el primero de julio de 1966 hasta el 16 de agosto de 1978.
Fueron contados los líderes de la oposición que pudieron salir del país con la libertad establecida en los derechos universales del hombre; En 1976 la Dirección General de Migración había confeccionado un listado en que aparecían 700 ciudadanos impedidos de entrar al país bajo la excusa de que ellos viajaron a países de la órbita socialista o profesaban ideas comunistas. En la primera semana de enero, la dependencia del Estado informó a la prensa haber colocado en la “lista negra” a 46 jóvenes estudiantes que terminados sus estudios en la Unión Soviética, no podían volver a la República debiendo quedarse exiliados en otros países, y solo pudo regresar un reducido grupo debido a las diligencias de sus familiares, para que el presidente en persona levantara la abusiva prohibición.
Era costumbres de las autoridades, advertirle a las líneas aéreas mediantes circulares oficiales, que estaban obligadas a abstenerse de “vender pasajes y transportar al país a las personas con impedimentos de entrada”. Las autoridades habían recrudecido la medida desde principios de los años setenta cuando la prensa traía día tras día las noticias del ambiente de represión política en que se estaba viviendo: los asesinatos y desaparición de opositores, las deportaciones, impedimento de salida, impedimento de entrada, la Banda Colorá, el encarcelamiento. El irrespeto a los derechos de los ciudadanos se convirtió en “el pan nuestro de cada día”.
Ejemplo de hasta dónde llegaba la represión, la violación a los derechos y el irrespeto a la vida, lo podemos encontrar en agosto de 1971 cuando el doctor José Francisco Peña Gómez, que no había viajado a países comunistas, fue amenazado por el gobierno de que no se le permitiría regresar al país, pues se instruyó a las autoridades de Migración para que se aplicara esa medida. Igual sucedió a varios periodistas, entre ellos Aleyda Fernández, Radhamés Gómez Pepín y Silvio Herasme Peña; los dos últimos fallecidos recientemente.
Los dos periodistas, importantes miembros del equipo periodístico de la revista “Ahora” y de ¡El Nacional de Ahora”, Silvio Herasme Peña y Radhamés Gómez Pepín, salieron hacia La Habana el 21 de julio de 1971 invitados por el “Instituto de la Amistad con los Pueblos” para participar en la celebración de los actos del 26 de Julio, con los que se celebraba el Asalto al Cuartel Moncada; para poder llegar a la capital cubana fue necesario que los comunicadores viajaran a Canadá y desde allí a Madrid, para desde Europa regresar a la región del Caribe e ingresar a Cuba; pero cuando quisieron volver a Santo Domingo, se encontraron con que el gobierno dominicano se oponía a sus llegadas.
El propio doctor Balaguer informó a la prensa que a ellos se les puso impedimentos de entradas por haber violado “las disposiciones a que se halla sujeta la expedición de pasaportes cuando se trata de personas que desean viajar a países con los cuales la República Dominicana no mantiene relaciones diplomáticas” y que por esa razón ellos “habían violado la ley”, alegando que solo permitía sus ingresos para dar una “prueba más de la consideración con que siempre ha tratado a los periodistas nacionales”.
La “magnanimidad” del Presidente facilitó el levantamiento de la orden que existía contra ellos, lo que fue aprovechado por el mandatario para indicar que la favorable medida la tomó para complacer a los directores de los periódicos “Listín Diario”, “La Información” y “El Caribe” y para hacer “una excepción” pues los directores de esos diarios les explicaron que la salida de los periodistas había sido para asuntos “estrictamente profesionales”.
Gracias a Dios los dos comunicadores pudieron retornar a su país y volver a estar juntos a sus familiares; pero otros no tuvieron igual suerte pues varios guardaban prisión en las cárceles, otros habían desaparecidos, vivían exiliados o simplemente fueron asesinados, como sucedió con Orlando Martínez, director de la revista “Ahora". La verdad que ese hecho y los famosos impedimentos de entradas y salidas, deberán ser tomados muy en cuenta cuando se escriba la historia de la libertad de prensa en la República Dominicana.
(Para la preparación de este texto de las “Crónicas de los Doce Años”, fueron utilizadas las siguientes fuentes: “Inmigración impedirá regreso de Radhamés y Silvio Herasme”, Ultima Hora, 2 agosto de 1971; “Opinión Editorial”, El Nacional 5 de agosto de 1971; “Dejan entrar a Silvio, Radhamés; Balaguer accede”, Ultima Hora, 7 agosto de 1971; “Rumoran impedirán entrada de Peña Gómez”, El Nacional, 27 agosto de 1971; “El gobierno impide a 700 entrar al país”, El Nacional, 24 enero de 1976).