SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con numerosos actos se conmemora este 2016 los 100 años de la primera intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana. Fue una invasión que mancilló la soberanía nacional, y el historiador Vetilio Alfau Durán realizó una exhaustiva recopilación del momento que vivía el país en ese momento, y de los artículos publicados en los diarios más importantes. Para ver el contexto en que se produjeron los hechos.
Alejandro Paulino Ramos, subdirector del Archivo General de la Nación, fue quien escribió la presentación de la obra. La obra será puesta en circulación precisamente este miércoles 24 de febrero, en el local de la Academia Dominicana de la Historia, en la calle Las Mercedes, en la Casa de las Academias, a las 8 de la noche.
El miércoles 2 de marzo, a las 8 de la noche, la Academia Dominicana de la Historia ofrecerá una conferencia, a cargo del historiador Adriano Miguel Tejada, sobre el ambiente geopolítico y la Ocupación Militar Estadounidense de 1916.
El miércoles 9 de marzo también habrá una conferencia del doctor Herbert Stern, sobre la salud durante la Ocupación Militar Norteamericana de 1916, y el miércoles 30 de marzo el doctor Wenceslao Vega ofrecerá una conferencia sobre la Legislación de la Intervención Norteamericana de 1916.
Las siguientes son las palabras de presentación del libro de Don Vetilio Alfau Durán, de Alejandro Paulino Ramos:
PRESENTACIÓN
Alejandro Paulino Ramos
Los Artículos recopilados por Vetilio Alfau Durán sobre la Ocupación Norteamericana de 1916, presentan un breve pero intenso período de la historia dominicana del siglo XX. Contiene un conjunto de 95 documentos, imprescindibles para indagar las causas finales de la intervención militar: cartas, artículos, comentarios, notas, noticias, manifiestos, telegramas y circulares vinculados con la crisis política que se vivió desde mediados de abril hasta los primeros días de diciembre de 1916; documentos hemerográficos que marcaron el proceso de la política nacional, la incidencia de los Estados Unidos en lo relativo a sus intereses geopolíticos, y la manera en que los partidos fueron responsables de los conflictos que justificaron aquellos planes y la pérdida de la soberanía.
La documentación presentada en esta obra delata el doble juego de la política norteamericana en sus propósitos imperiales en América Latina a través de la diplomacia, a la vez que consolida el control de la región del Caribe haciéndose presente militarmente en Haití y en la República Dominicana. Por un lado, como aparece en el Listín Diario, el presidente Woodrow Wilson llamaba a las repúblicas latinoamericanas a la firma de una Convención General para garantizar la integridad de sus territorios e independencia política de manera que todos los conflictos se pudieran solucionar «por arreglos amistosos o arbitrajes», y sin embargo días después, el Comandante de la Marina de Guerra estadounidense notificaba al Congreso dominicano una advertencia de desembarco de tropas con la justificación de que iban a la «Legación Americana para fines pacíficos», y bajo la amenaza de que sí se les hacía «un solo disparo de fusil hostil a ellas, para se determine una severa represalia». El 18 de mayo, con el país ocupado en sus principales puertos, el ministro plenipotenciario William W. Russell se tomó el derecho de expresar en nota enviada al Congreso dominicano, que los Estados Unidos no toleraría la «elección de un presidente de la República» y que la misma tenía que ser «diferida por el presente hasta que el estado de revolución existente ahora haya mejorado».
No obstante de que los Estados Unidos establecieron públicamente sus propósitos intervencionistas, los líderes de los partidos ignoraron la gravedad del momento, tal vez por tener la injerencia extranjera como una realidad con la que lidiaban desde principios del siglo XX, y más bien esperaban que en cada conflicto o en las famosas “revoluciones” que encabezaban, el poder extranjero de alguna manera coincidiera con ellos e impusiera a sus contrarios la salida que beneficiaba sus intereses; pero que a la vez comprometían la economía del país y la pérdida de la tierra en manos de empresarios extranjeros, haciendo determinante la presencia de los intereses norteamericanos en la vida dominicana.
Resulta revelador ‒y este es uno de los aportes de Vetilio Alfau Durán‒, ver la manera en que los periódicos dominicanos insertaban en sus páginas las incidencias de lo que fue aconteciendo a partir del momento en que el general Desiderio Arias, secretario de Estado de Guerra y Marina, se revelara contra el presidente Jimenes y la forma cómplice con que la Cámara de Diputados acusó al presidente ante el Congreso, hasta concluir con la ocupación militar del 29 de noviembre de 1916.
La documentación, aparecida principalmente en los periódicos Listín Diario, El Radical y La Bandera va trazando la ruta de la coyuntura, que se prolongó por ocho meses, sin que los caudillos y sus seguidores se pusieran de acuerdo, y sin que dieran muestras de buscar alternativa que evitara la decisión de los Estados Unidos de declarar ocupado de manera oficial el territorio dominicano.
Para entender la lucha política de aquellos días, basta resaltar algunas de las posiciones externadas en la prensa por políticos de entonces, como por ejemplo la del general Desiderio Arias reclamando su condición de adscrito a las filas del Partido Jimenista. Arias enrostraba al presidente que por su condición de miembro de esa agrupación y por los méritos políticos alcanzados en su fila, no se justificaba la actitud del mandatario en convertirse en un «implacable rival» rompiendo el equilibrio en el Poder Ejecutivo, dañando las actividades personales de sus insospechables amigos y mostrar una habitual agresiva actitud hacia su persona. Además, el ministro de Guerra acusaba al presidente de promover un golpe de Estado contra las cámaras legislativas y de ser responsable del intento de desplazarlo del control de las fuerzas militares, lo que, a su parecer, justificaba su rebelde actitud «para la conservación de mi persona y la de los amigos que tantos sacrificios han realizado por la causa del Partido Jimenista».
Una explicación de la actuación de Federico Velázquez en la coyuntura que se estaba desarrollando salió publicada en el Listín Diario. Velázquez, que era jefe del Progresismo y funcionario importante del Gobierno, negó que en su condición de miembro del Consejo de Secretarios de Estado ‒que gobernó tras la renuncia de Juan I. Jimenes‒, tuviera el interés en sustituir al renunciante y menos que pensara hacerse proclamar presidente interino; a la vez aprovechó para acusar a Desiderio Arias de ser el responsable de la intervención militar americana:
Había convenios tácitos, surgidos del Plan Wilson, con el Gobierno de los Estados Unidos de América, anteriores a la fundación del Gobierno del Presidente Jimenes, en los cuales se comprometía el Gobierno Americano a sostener al Dominicano contra las agresiones armadas de que fuera objeto (…). El alzamiento del Secretario de Estado de Guerra y Marina, el 14 de abril, constituyó, pues, a sabiendas de él, una llamada automática a la intervención militar americana. (….). Muchos y poderosos amigos míos opinaron que yo fuera aclamado Presidente de la Republica. La prensa ha dado a conocer mi decisión a ese respecto, en los últimos días en que fue iniciado el hecho. Lo rehusé. (…). Si las acusaciones que, sin aducir hecho alguno, levantan contra mi mis adversarios, de haber traído la intervención americana fueran ciertas, otra habría sido la solución de este conflicto y de seguro que hubiera sido yo el más beneficiado.
El 18 de agosto el Listín Diario reprodujo el artículo «Las declaraciones del Sr. Velázquez», escrito por el doctor Américo Lugo, en que el intelectual definió el perfil de Velázquez, diciendo entre otras cosas, que este era un hombre impasible, orgulloso, fiero y altivo:
Joven, rico, audaz, ambicioso, pero dueño y señor de sus pasiones; naturaleza eminentemente política, hombre de gobierno de pie a cabeza, nacido para mandar y hacerse obedecer (…); sin miramiento con el pueblo, al cual domina y no halaga pero cautivador irresistible de Jefes de Estado a quienes eclipsa sirviéndoles, con la incontrastable pujanza de su personalidad, Federico Velázquez, antiguo favorito de Ramón Cáceres, que ha estado a punto de ser el favorito de Jimenes, es el más poderoso magnate de nuestra política, el hombre que más ha pesado en los destinos del país después de la caída de Heureaux, el más experimentado, activo y sagaz de los políticos de día.
Entre los artículos de don Vetilio Alfau Durán recopilados en este libro, hay uno titulado: «El velazquismo se convierte en partido», reseña de un documento enviado al periódico por Federico Velázquez y en que define su Partido Progresista como civilista que «considera el progreso un armónico desarrollo de las facultades morales, intelectuales y económicas de cada individuo y del pueblo entero, basadas en el simétrico cultivo del vigor físico». Entre los principios que dice defender, se encuentran ser partidario de la educación gratuita y obligatoria, la igualdad entre los hombres ante la ley y el derecho, sin preferencia del individuo sobre la colectividad, actuando en armonía con la moralización, la instrucción y la abundante producción de riquezas.
En cuanto a «La intervención americana, VI: El Ideal es más necesario que el pan», y «La intervención americana V» artículos con que Américo Lugo se defendió de agravios y se responsabilizó por ser él quien públicamente propusiera a Federico Henríquez y Carvajal como presidente provisional por considerar que lo único «decoroso para la República, ante las amenazas yanquis, era nombrarlo». Planteó además, que los secretarios de Estado de Jimenes temían que Federico Velázquez «se quedara definitivamente al frente del gobierno». Crítico sobre la actitud del presidente Francisco Henríquez y Carvajal, lo acusó de la desorientación del pueblo:
Dos meses ha [sic] que está nombrado, y dos meses ha [sic] que está callado. Nadie sabe lo que piensa; lo que hace nadie sabe, aunque todos esperamos confiados. (…) El pueblo muere de angustia y de hambre, y su presidente, a pesar del amor que el pueblo le profesa, no le dice una palabra de consuelo. Dícese que el Gobierno acepta ad referéndum la Nota americana; (…); que vendrán cinco mil soldados americanos más; que será ocupada militarmente por el invasor toda la República; (…). Y el presidente callado.
Lugo acusó al presidente de la República de querer reorganizar al Partido Jimenista, lo que consideraba un error político por no haber sido electo con ese fin, sino para proclamar el principio de la no intervención, protestar contra la ocupación, «organizar la resistencia contra la penetración de los interventores», declarar «la guerra a los Estados Unidos de América en el caso de que estos rechacen la proposición de arbitramiento» y de oponerse a la intervención, si fuere obligada, «con las armas en la mano».
El presidente Francisco Henríquez y Carvajal fue señalado como parcializado y de tener entre sus planes la prolongación de su mandato de Gobierno. Sin embargo, él daba fe de que esa nunca había sido su intención. Al contrario, llamó al liderazgo político a una asamblea de representantes y a compactarse alrededor del Gobierno para discutir la reforma constituyente, punto básico en el entendido y estrategia de los partidos en su interés de gobernar el país y máxime en el momento en que se veía llegar a términos el período para el que había sido electo el presidente Henríquez. En esa reunión, cuya acta fue publicada por el Listín Diario, el mandatario dio garantía «de que jamás por mi mente pasaría la idea de permanecer en el poder aprovechando una prolongación indefinida del mandato provisional». Además, insistió ante los representantes de los partidos, que sin importar las circunstancias:
(…) debo reiterar una vez más que yo no he venido a asaltar el Poder por medios ilegales ni deseo permanecer en él aunque pudieran favorecerme medios legales, y que las ejecutorias, plenas de sinceridad y de rectitud, de mi vida pública, me autorizan a exigir de todos mis conciudadanos que respeten estas palabras tomándolas como artículo de fe. Dudo mucho que haya ningún dominicano que sinceramente desee estar en mi lugar. Empero, me ha sostenido y sostiene en el mismo la conciencia plena de la grave responsabilidad histórica que he asumido y que me ordena no vacilar un solo instante.
Faltando tan solo dos semanas para que el capitán Knapp proclamara la ocupación de la República Dominicana y el establecimiento de un Gobierno Militar extranjero, todavía los partidos discutían entre ellos temas que no tenían nada que ver con las intenciones americanas. Marcado por desconfianzas mutuas, llevaron al debate el continuismo de las cámaras legislativas, la participación de todos en las reformas y participación en la constituyente. Discutían procedimientos para seguir recibiendo «dos o más de sueldos y derechos». El periódico De Actualidad del 14 de noviembre de 1916, destacaba los temas que eran de interés de los partidos de entonces: «Si la Constituyente no realiza sus fines, si el Gobierno del presidente Henríquez se ve sin Cámaras, ¿cuál será entonces la manera de reorganizar el país, y cuáles los medios de contrarrestar la Invasión?».
Es en medio de ese debate que el Gobierno decretó, el 14 de noviembre, la convocatoria a los Colegios Electorales, desatando nuevas y lamentables contradicciones e interpretaciones jurídicas que obnubilaban las decisiones políticas y llevaban a la ocupación definitiva como quedó establecido en varios de los artículos aparecidos en la prensa nacional, uno de los cuales fue publicado por el periódico El Radical del 21 de noviembre con el título de «Nulidad del Decreto de fecha 14 de Noviembre de 1916», y otro bajo el título «Sobre los Colegios Electorales», salido al día siguiente de la proclama de la ocupación del 29 de noviembre.
Una semana después de esa proclama, el jefe del Progresismo escribió una suerte de epitafio sobre el «cadáver de la patria intervenida». Consideró lamentable la intervención, no sin antes proclamar que ella no debía sorprender a nadie, que no significaba una ocupación definitiva sino temporal de la soberanía y que era tarde para llamar al pueblo a la resistencia armada contra los ocupantes; mandando a sus seguideros a «prepararse para unas elecciones libres y verdaderas». El escrito de Velázquez decía entre otras cosas:
Si los dominicanos hubiéramos tenido un poco más de cordura, si desde que estuvimos advertidos por el mismo Poder Interventor de lo que podría ocurrirnos hubiéramos procedido con menos pasión y de un modo menos violento, llevando alguna reflexión y bastante patriotismo a los asuntos nacionales que se debatían, otra hubiera sido la suerte de la República.
Con la proclamación de la ocupación militar de manera formal, se dio inicio a un nuevo período en la historia dominicana, marcado por la violencia militar extranjera, la censura a la prensa, la falta de libertades ciudadanas, la reforma del Estado dominicano y en el surgimiento de un poderoso movimiento nacionalista, en contraposición a un partidismo caudillista que pareció desaparecer absorbido por los interventores.
Repasando cada uno de los escritos contenidos en la obra Artículos recopilados por Vetilio Alfau Durán sobre la Ocupación Norteamericana de 1916, valioso aporte para desentrañar las razones que llevaron a la intervención militar estadounidense, llama la atención «Vox Patrie», un artículo escrito por Arturo Logroño y aparecido en el Listín Diario en los primeros días de noviembre de aquel año, en que su autor alertaba con razón:
Conozco, por azar una carta escrita por un norteamericano a su compatriota en New York, uno de cuyos párrafos dice más o menos: Mientras los dominicanos se dedican a discutir en los periódicos sus cuestiones de política, cosa que no tomamos ni en serio ni en cuenta, nosotros, sin que ellos se percaten, abstraídos como están en su suicida desacuerdo, vamos tomando posesión de las posiciones que necesitamos en todos los ramos de la Administración Pública. Cuando despierten será tarde.
Era la preocupante verdad de lo que acontecía en aquellos días en que nuestros caudillos, acostumbrados a la injerencia extranjera al margen de los sufrimientos y los peligros que corría la República Dominicana, se batían sin importar los riesgos que corría la patria; caudillos que preferían el beneficio coyuntural compartiendo las migajas que podían recoger de las manos de los industriales y comerciantes extranjeros y de la legación americana, mientras que los Estados Unidos trazaba la estrategia de control territorial y consolidaba sus posiciones geopolíticas sustentadas en la doctrina de Monroe de «América para los americanos», motivados por el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial.
En tanto que aquella conflagración mundial estremecía el viejo continente, en América el poderío norteamericano amenazaba con engullirse los territorios soberanos de la región del Caribe, mientras en República Dominicana el partidismo caudillista amenazaba nuevamente con ensangrentar los campos dominicanos en un afán desmedido de poder que desgarraba las fortalezas político y jurídicas nacionales, garantías de nuestra soberanía; todos veían la sombra militar extranjera cubriendo la isla, como si no tuvieran conciencia de lo que estaba aconteciendo, por demás alertados por Logroño en el citado escrito:
[…] desgarra el alma leer la prensa nacional: regateos de meses y semanas al Sr. Presidente de la República en la implacable contabilidad de Poder que se le lleva, ataques horacistas al jimenismo, ataques jimenistas al horacismo, dimes y diretes al velazquismo, agresiones a las personas de los Jefes de Partidos y a sus prohombres, como si ya no hubiera nada respetable en esta tierra, discusión acre sobre la viabilidad de la Asamblea Constituyente, constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley tal o cual, existencia o no existencia de los Colegios Electorales, diatribas partidarias, salpicado todo de un odio salvaje y frenético que esa labor de prensa tiene que indudablemente que estarle causando a la República un perjuicio irreparable.
La descripción de Logroño era la estampa patética que semanas después llevó a la definitiva proclamación de la ocupación militar norteamericana, lo que sucedió el 29 de noviembre de 1916. Una ocupación, que si bien fue justificada bajo el argumento de que se había violado la Convención dominico-americana de 1907, era el desenlace final de una estrategia fácilmente detectable pero que los políticos criollos no quisieron tomar en cuenta, tal vez bajo el manto de ingenuidad política sustentada en el desconocimiento de lo que sobrevenía y lo que pasaba más allá de nuestras fronteras marítimas y territoriales.
Aunque las informaciones recogidas por Alfau Durán solo abarcan los siete meses de afanes políticos, que van desde la rebelión militar de Desiderio Arias en abril contra el gobierno de Juan Isidro Jimenes hasta la intervención militar proclamada y los primeros días de diciembre de 1916, resulta fácil desentrañar causas, situaciones, intereses, malquerencias y la falta de tacto del liderazgo político nacional.
No coincidimos con la apreciación de algunos historiadores en cuanto a que la participación de los Estados Unidos respecto a las luchas políticas y las revueltas armadas de las agrupaciones caudillistas ‒principalmente las jimenistas, horacistas y velazquistas‒ y de actores locales y regionales vinculados a estos; era persuadirlos por medios militares y diplomáticos para evitar la repetición de conflictos, o con el fin de preservar vidas y propiedades, como plantea Bruce Calder en su libro El impacto de la intervención. Al contrario, resulta evidente que la presencia de los barcos de guerra y la injerencia diplomática incentivaban y provocaban los enfrentamientos, de modo que solucionándolos bajo orientación directa de sus diplomáticos y funcionarios, acrecentaban su presencia económica y política, a la vez que movían la coyuntura hacia el propósito final favorable a sus intereses, que no era otro que la ocupación militar.
Lo que agitaba la región del Caribe era observado con preocupación por Gobiernos latinoamericanos que percibían cercana la presencia y los intereses norteamericanos amenazando sus naciones. La manifiesta intranquilidad de esos pueblos hizo que, como lo apunta Sumner Welles en La viña de Naboth, el presidente norteamericano Woodrow Wilson quiso llevar la calma a esos Gobiernos al afirmar «que nunca más tratarán los Estados Unidos de poseer un pie adicional de territorio por medio de la conquista»; mientras amenazaba a la República Dominicana imponiendo soluciones para beneficio de los Estados Unidos y de los empresarios norteamericanos, como lo explica un mensaje enviado por Sullivan al secretario Bryan:
Bajo la Convención de 1907, la República Dominicana no puede aumentar su deuda sin el consentimiento de los Estados Unidos de América, y este Gobierno no consentirá, que el Gobierno dominicano aumente sus deudas con el propósito de pagar gastos y reclamaciones de revoluciones. Este Gobierno, además, no mirará con buenos ojos cualquier acto administrativo que tuviera por objeto aumentar los impuestos, imponiendo de ese modo nueva carga al pueblo, con el propósito de satisfacer a los revolucionarios.
Esta fue la política que marcó la injerencia americana desde 1907 hasta el momento de la ocupación militar; pero que se acrecentó a partir de la muerte del presidente Cáceres el 19 de noviembre de 1911 y la sucesión de numerosos Gobiernos en siete años: Eladio Victoria, Adolfo Alejandro Nouel, José Bordas Valdés, Ramón Báez Machado, Juan Isidro Jimenes y Francisco Henríquez y Carvajal. La solución sugerida por los Estados Unidos para poner fin a la inestabilidad que entorpecía los intereses norteamericanos fue el Plan Wilson de 1914, con que se exigió al Gobierno dominicano la aceptación de todas las medidas propuestas por la Receptoría de Aduanas y la presencia de funcionarios americanos en secretarías estratégicas.
Los reclamos norteamericanos contra el Gobierno estimulaban la aversión de opositores políticos contra el Gobierno de Juan Isidro Jimenes, inclusive dentro de su propio partido, lo que incidía en las dificultades para que el Estado pudiera solventar sus obligaciones y provocaba el aumento de la deuda pública, lo que era a la vez rechazado por el Gobierno de los Estados Unidos y denunciado como violación a la Convención de 1907; una excusa para insistir en el control de la vida nacional como sucedió en octubre de 1915 cuando el ministro plenipotenciario William W. Russell exigió: el nombramiento de un Consejero financiero, aumentar las rentas públicas, asesorar al Gobierno en materia de presupuesto, facilitar la presencia de un cuerpo de policía en las aduanas, y convertir las fuerzas públicas en guardia civil, dirigida por oficiales americanos, estas medidas fueron rechazadas por el Gobierno provocando una tensa situación diplomática entre Estados Unidos y la República Dominicana.
Fue en el marco de esas dificultades, que el general Desiderio Arias, secretario de Estado de Guerra y Marina, apoyado en las fuerzas militares que comandaba y de un grupo de diputados fieles a sus propósitos, promoviera la acusación contra el presidente Jimenes el 14 de abril de 1916, a la vez que proclamaba su desobediencia al Poder Ejecutivo
La acusación contra Jimenes ‒basada en los argumentos de la oposición de que había violado la Ley de Presupuesto, no pagaba los sueldos a los empleados y de atribuirse el Poder Ejecutivo facultad legislativa‒ tuvo de trasfondo la crisis interna en la compactación que había posibilitado la existencia del Gobierno de Juan Isidro Jimenes, que, como lo explica Adriano Miguel Tejada el capítulo «Estado, política y gobierno, 1795-2008» en Historia de la República Dominicana (2010), tenía entre sus funcionarios a seguidores de Federico Velázquez, del jimenismo y a la fracción Pata Prieta del mismo partido; estos últimos seguidores incondicionales de Desiderio Arias. De modo, que controlando el jimenismo el Congreso de manera nominal, la mayoría de los congresistas eran Pata Prieta. Las divergencias favorecían los intereses norteamericanos haciendo que el presidente dominicano aceptara de manera secreta lo que públicamente resistía; como lo narra Sumner Welles, comprometiéndose de manera confidencial con las propuestas del Gobierno americano en cuanto a la Receptoría de Aduanas y la aceptación de funcionarios norteamericanos. En relación con las fuerzas del horacismo en el Congreso, la que se entendía como principal de oposición, estos coincidieron con los intereses de Desiderio Arias, apoyando la acusación contra el presidente, aunque el general Horacio Vásquez mostró cierta discreción en la situación que se estaba viviendo.
El ambiente político, alto complejo en 1916, explica Luis F. Mejía en De Lilís a Trujillo, comprometía la estabilidad del Gobierno afectado por la crisis económica, los exiguos ingresos, la presión de los partidarios para ser nombrados en la administración pública y las exigencias de sectores del partido de Gobierno para que el Ejecutivo cumpliera compromisos contraídos anteriormente. El momento político se agravaba por la falta de fondos provenientes de la Receptoría de Aduanas y los efectos de la Primera Guerra Mundial en la política interna, coyuntura en que Estados Unidos se interesaba por controlar las Antillas Mayores. A esto habría que añadir el debate constitucional que apuntaba a que la sucesión presidencial pasara por la constituyente, debido a que, desde la elección de Juan Isidro Jimenes a la presidencia en 1914, había quedado establecida la convocatoria para el 7 de agosto de 1916.
La rebelión militar del 14 de abril contra el presidente, decidida con el apoyo de las fuerzas de Desiderio Arias en el Congreso Nacional, produjo un confuso escenario que apuntaba a la existencia de dos Gobiernos: uno que controlaba militarmente y de manera preponderante la capital de la República y un segundo que encabezado por el presidente Jimenes, acantonado a escasos kilómetros de la capital, pensaba contar con el apoyo militar de los Estados Unidos. A mediodía del 5 de mayo se iniciaron los enfrentamientos con saldo de muertos y heridos, provocando la estampida de extranjeros, augurando, según Fabio Fiallo, una «terrible hora del desastre y de la muerte».
La debilidad de las fuerzas del presidente Jimenes se acrecentó debido al doble juego de los Estados Unidos que, mientras desembarcaba tropas en las costas dominicanas y ocupaba puntos estratégicos cercanos a la capital de la República, al mismo tiempo decía apoyar al gobierno legalmente constituido; sin embargo, retenía los recursos de la Receptoría y ahogaba económicamente al Gobierno impidiéndole desarrollar sus planes contra la revuelta de Desiderio Arias.
Vista la fuerza congresual del general Arias, con el apoyo de los congresistas de Horacio Vásquez, lo que estaba en proceso era un golpe de Estado. En ese ambiente y con dificultades militares para retener el poder, el presidente optó por la renuncia el 7 de mayo, con el fin de evitar «la humillación de una intervención militar norteamericana» y además porque «el presidente de la Republica se ha visto en el forzoso caso de elegir una de dos alternativas: o volver a la mansión presidencial entre escombros para disfrutar el poder recuperado por las balas extranjeras; o decidirse por su propia inmolación», quedando el país dirigido por un Consejo de Ministros que aspiraba, con el apoyo estadounidense, a continuar gobernando sin oponerse a que el 15 de mayo las tropas norteamericanas ocupara la ciudad de Santo Domingo.
Las negociaciones en el Congreso, con la intermediación de la Legación Americana, apuntaba a la búsqueda de un presidente provisional aceptado por todas las partes, aunque el general Arias esperaba acantonado lejos de la ciudad que el Congreso lo escogiera como presidente, lo que fue imposible. El 17 de mayo se propuso llevar a la presidencia provisional a Federico Henríquez y Carvajal, que se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia; no era objetado por Arias y al parecer el general Horacio Vásquez estaba dispuesto a aceptarlo, pero el Ministro de los Estados Unidos se opuso a esa elección por este negarse «a pactar ningún compromiso preelectoral para conceder a Estados Unidos los poderes que exigían sus representantes». Parecía la designación correcta ‒apunta Víctor Garrido en un artículo publicado en el periódico La Bandera‒, por su actitud nacionalista y porque a los partidos le sería difícil poner al «alcance de sus manos hediondas todavía por el contacto del pecado» los recursos del poder. El 4 de junio Federico Henríquez y Carvajal retiró su candidatura.
Diez días después, el 14 de junio, el Senado acogió la elección del horacista Jacinto de Castro, pero no siendo candidato de consenso, los diputados presionaron para evitar su designación, lo que dio paso a la elección del doctor Francisco Henríquez y Carvajal como presidente provisional de consenso para un periodo de 5 meses. Henríquez y Carvajal fue escogido de una terna en la que también aparecían Enrique Jimenes y Monseñor Alejandro A. Nouel. Tal decisión buscaba evitar la continuidad del Consejo de Ministros. El nuevo presidente se juramentó el 31 de julio, sin que los Estados Unidos dieran muestras de su reconocimiento, evitando de ese modo que la Receptoría de Aduanas entregara los recursos para el pago de los gastos corrientes y los sueldos de los empleados públicos. Para facilitar esto, el Gobierno estadounidense exigía el cumplimiento de la Convención de 1907, mostraba interés en la bahía de Samaná y que se dictara una ley para poner en reguardo los títulos de propiedad.
En la forma en que Francisco Henríquez y Carvajal fue seleccionado como presidente provisional quedaba presente la disyuntiva del problema constitucional y la manera en que este sería sustituido a partir del cumplimiento del período para el que había sido electo, entendiéndose que él estaba obligado a convocar las Asambleas Primarias para la formación de los Colegios Electorales, para que estos pudieran elegir al nuevo presidente. Además, esta fórmula no permitía que Henríquez y Carvajal se postulara nuevamente. Por lo tanto, su Gobierno solo se prolongó por el corto período de 6 meses y 21 días, ya que el 29 de noviembre de 1916 los Estados Unidos proclamaron el establecimiento de un Gobierno Militar dirigido por ellos.
Como se observa, la manera en que se desarrollaron los acontecimientos fueron un valladar que impidió a Henríquez y Carvajal gobernar de la manera en que la población estaba esperando, pues aunque se entendió y necesitaba que la Receptoría de Aduanas entregaría los fondos provenientes de las recaudaciones, ya el 18 de agosto esta se negó a realizar los desembolsos bajo el pretexto de que el Gobierno había violado la Convención de 1907.
Aun así, el presidente Henríquez intentó administrar el Estado y enfrentar la crisis en medio de las divergencias partidarias, la falta de recursos, las acusaciones de que gobernaba parcializado con el jimenismo, o simplemente de que tenía la intención de prolongar su mandato más allá de lo estipulado en el acuerdo que lo llevó a la presidencia; pero, con el tiempo limitado y sin los recursos económicos necesarios en aquella situación, fueron pocas sus realizaciones. Todavía a falta de un estudio que evalué su Gobierno, se pueden identificar algunas medidas de poca consecuencia para el país: Intentó aumentar los ingresos a través de nuevos arbitrios, autorizó a compañías azucareras, como la Santa Fe Plantation and Sugar y a la Macorís Sugar Company, de San Pedro de Macorís, para que ejercieran derechos a construir ferrocarriles y vías férreas y se acogieran a los beneficios contemplados en la Ley de Franquicias Agrarias de 1911; dispuso que los empleados que manejaren fondos públicos y los funcionarios prestaran fianzas y licenciar a las fuerzas militares de los Batallones 1 y 2, suprimiendo todas las comandancias militares; además, redujo el Cuerpo Auxiliar de la Guardia Republicana, no sin que estas medidas provocaran un visible malestar entre los soldados.
También autorizó a crear en San Pedro de Macorís un cuerpo auxiliar con atribuciones de policía secreta privada, ordenó la publicación mensual de las recaudaciones del Gobierno, estableció la navegación de cabotaje entre los puertos de manera libre y trató de hacer más eficiente la Ley de Terrenos Comuneros, reglamentando la mensura y la expedición de títulos de propiedad. Igualmente, mostró interés en lograr un acercamiento a los empresarios extranjeros facilitándoles la firma de un contrato para la instalación de una planta eléctrica privada en La Romana y creó una Comisión técnica de legislación con el objeto de que esta preparara las leyes orgánicas y adjetivas que el Poder Ejecutivo, con el fin de redactar la Ley Electoral, la orgánica del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y las leyes de Sanidad y Beneficencia. Aun así, la determinación norteamericana era la de ganar tiempo para ocupar el territorio nacional, a la vez que los caudillos dominicanos se entretenían en una rivalidad que ignoraba la peligrosidad del momento.
Se entendía que la gravedad del momento y la amenaza que pendía sobre la soberanía dominicana provocaría en los políticos una actitud circunstancial de apoyo al gobierno de Henríquez y Carvajal, lo que permitiría la unificación del país ante las intenciones de Washington favoreciendo la salida de las tropas norteamericanas que ya habían ocupado por completo el país; pero esto no fue así pues desde los primeros días de mayo y hasta la última semana de noviembre en que el capitán de la marina norteamericana H. S. Knapp hizo pública la proclama de la ocupación, los partidos estuvieron concentrados en la discusión de fórmulas que los catapultaran al control del Poder Ejecutivo, cuando Francisco Henríquez y Carvajal terminara su mandato.
Con el país intervenido, el Gobierno estadounidense aumentó sus exigencias matizándolas en el supuesto interés de mantener la paz, para lo que recomendaba la creación de una guardia rural comandada por oficiales norteamericanos, y que todas las recaudaciones del Gobierno fueran administradas por la Receptoría de Aduanas. Pero como el Gobierno Provisional se negó a estas exigencias, el secretario Lansing recomendó ponerle fin a la crisis creada por ellos mismos, proclamando la ley marcial y poniendo el país bajo ocupación militar americana «basando esta acción en la interpretación que los Estados Unidos han dado a la Convención de 1907 y también en las condiciones de inestabilidad imperante en la República», como lo explica Sumner Welles en su citada obra:
El día que el capitán Knapp anunció la toma de poder por los Estados Unidos, la Asamblea Constitucional dominicana trató de enfrentarse al reto adoptando rápidamente una nueva constitución. Esta era un documento integral con provisiones especiales que habrían asegurado la continuidad del gobierno constitucional, hasta tanto no se realizara una nueva elección, mediante establecimiento de un nuevo presidente interino cuando expirara el mandato del Dr. Henríquez y al permitir que continuaran ejerciendo temporalmente aquellos senadores y diputados cuyos términos estaban a punto de expirar. Pero la acción de la Asamblea murió al nacer, una reafirmación de una independencia que ya se había perdido.
La pérdida de la soberanía y la independencia de los dominicanos; esa fue la motivación que estimuló al historiador Alfau Durán a compilar la documentación relativa a la coyuntura que desembocó en la intervención militar; documentación que ahora la Academia Dominicana de la Historia divulga con el título de Artículos recopilados por Vetilio Alfau Durán sobre la Ocupación Norteamericana de 1916.
Es oportuna la publicación de este libro; ahora que estamos conmemorando los primeros cien años de la Intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana, esta obra que lleva por título Artículos recopilados por Vetilio Alfau Durán sobre la Ocupación Norteamericana de 1916, publicada por la Academia Dominicana de la Historia, constituye un aporte de inestimable valor para desentrañar las causas que llevaron a la República a tener que soportar ocho largos años de gobierno extranjero, responsabilidad de nuestros antiguos caudillos en gran medida.