"Pensábamos que a ella nunca le iba a pasar".
Quien habla es Betty Vásquez, amiga y compañera de Berta Cáceres, ambientalista hondureña cuyo asesinato, el pasado jueves, causó conmoción dentro y fuera de Honduras.
Vásquez, voluntaria y coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, está "dolida". Y a la tristeza por la muerte de Berta, se suma la sensación de vulnerabilidad.
Nada protegió a Cáceres, dice Vásquez: ni su "perfil alto" internacional, ni las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni el esperable impacto mediático y sobre la imagen del país que podría tener su muerte.
Y su caso ha vuelto a poner el foco sobre un problema persistente en Honduras: los peligros a los que se exponen los activistas por el medio ambiente y la tierra.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández condenó el crimen y lo calificó de acto "abominable y deleznable".
Pero la familia de la fallecida, en un gesto que demuestra la profunda desconfianza que existe entre activistas y gobierno, pidió una investigación internacional del caso y calificó el asesinato de "crimen político".
La viceministra de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos de Honduras, Karla Cueva, le dijo a BBC Mundo que el Estado hondureño "reitera su compromiso de responsabilidad y seriedad" para aplicar las medidas de protección necesarias y "contribuir en la búsqueda de la verdad en este caso".
Y recordó que el gobierno solicitó el acompañamiento en el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Pero la desconfianza va más allá de la muerte de Cáceres.
El "más mortal del mundo"
Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con base en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.
Según esta organización, Honduras es "el país más mortal del mundo" para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.
Y es especialmente peligroso para los indígenas: de los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.
En números absolutos, el peor país es Brasil, donde en 2014 murieron 20 ambientalistas, seguido de Colombia.
Pero Global Witness dice que los números de Honduras son una "estimación conservadora", porque muchos casos no llegan a la luz pública.
La organización utiliza información de organismos internacionales, medios locales y organizaciones en el país y solo contabiliza casos reportados por tres fuentes distintas, le explicó a BBC Mundo Billy Kyte, activista de Global Witness.
Y ante la pregunta de si reconoce estas cifras o cuenta con un registro alternativo de casos, Cueva solo le dijo a BBC Mundo que existe un sistema nacional de protección para defensores de derechos humanos, y que hasta ahora (la ley se aprobó en mayo de 2015) se han dictado medidas de protección para 10 defensores de derechos humanos.
Otros dos casos de ambientalistas están siendo analizados para dictar medidas de protección dentro de un sistema que cuenta con una financiación de 10 millones de lempiras (unos US$440.000).
La CIDH, por su parte, no precisa la cifra exacta de personas a las que ha acordado medidas cautelares de protección por estar en situación de riesgo.
"Hay medidas cautelares que, por ejemplo, protegen a todos los miembros de una organización, y ese número va variando", le dijo a BBC Mundo una portavoz.
"Rabia y tristeza"
El 4 de enero de 2015, el cuerpo sin vida de Juan Francisco Martínez apareció con varias puñaladas en el pecho y las manos atadas con cordones de botas militares.
Martínez era líder indígena lenca (la mayor etnia indígena de Honduras) de la comunidad de Tapuyman y miembro del MILPAH (Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz).
Image copyright Global Witness Image caption Juan Francisco Martínez apareció muerto con signos de haber sido apuñalado.
Había liderado las protestas en la municipalidad de Santa Elena, en el departamento de la Paz, contra el proyecto para construir una presa hidroeléctrica para explotar el río Chinacla.
Martínez "apareció vilmente asesinado, con signos de tortura", le dijo a BBC Mundo Donald Hernández, abogado y coordinador del Área de Derechos Humanos y Ambiente de Cehprodec (Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario).
"Sentimos entonces la misma rabia y tristeza que ahora sentimos con el asesinato de Berta", añadió.
El proyecto hidroeléctrico se asienta sobre territorio considerado de propiedad colectiva por las comunidades y sujeto a las decisiones de los consejos indígenas.
"Allí comen, siembran, cazan. Es su medio de vida", explica Hernández.
Los habitantes de la zona se organizaron y exigieron a la municipalidad que sacase a consulta popular el proyecto, tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado por Honduras.
La falta de consulta popular a las poblaciones afectadas es un importante foco de conflictos.
Aunque según la viceministra Cueva, en la actualidad está en marcha el diseño de un mecanismo nacional de consulta previa que se discutirá con los representantes indígenas.
Desconfianza
Hernández habla atropelladamente y relata incidentes de todo tipo: ataques, quemas de cabañas y cultivos…y otros dos asesinatos en 2015, que los activistas creen que están relacionados con este conflicto.
A finales de este año, los activistas denunciaron el incendio deliberado de la casa de dos líderes indígenas lencas de Santa Elena.
P cos meses antes, habían denunciado el allanamiento del mismo domicilio por parte de varias decenas de policías, militares y civiles armados
La situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares en favor de 14 activistas en noviembre de 2015.
Las autoridades ofrecieron patrullas de policía para proteger a los activistas, pero los líderes indígenas no las aceptaron, según Hernández.
No confían en las fuerzas del orden público, a las que acusan de ser parte del problema.
Y creen, como Hernández, que el Estado hondureño "no tiene la voluntad o la capacidad de ofrecer seguridad".
Indígenas tolupanes
La violencia es el resultado, en su mayoría, de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, la construcción de presas y la minería.
El turismo también está generando conflictos, como el que mantiene la comunidad garífuna en Barra Vieja contra la construcción de complejos hoteleros en la Bahía de Tela.
Junto a los lenca, otro grupo que ha sufrido víctimas es el de los tolupanes.
Líderes indígenas tolupanes protestan desde 2009 contra proyectos mineros en la comunidad de Locomapa, en el departamento de Yoro (unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa), y contra las madereras que talan los bosques cercanos.
Image copyright Global Witness Image caption Luis Marcía Ventura murió apuñalado en abril de 2015.
Luis Marcía Ventura tenía 49 años cuando murió de varias puñaladas en el tórax y en el cuello, el 4 de abril de 2015.
Cuando fue asesinado, hacía poco que había vuelto a su casa tras salir forzosamente de la zona por inseguridad.
En 2013, tres indígenas tolupanes murieron en un asalto mientras ocupaban una carretera para evitar la explotación de un bosque, lo que propició que muchas familias abandonaran la zona por miedo.
Amnistía Internacional acusó al gobierno de Honduras de no aplicar las medidas de protección que la CIDH otorgó a 18 activistas y sus familias por considerar que sus vidas podrían estar "amenazadas y en grave riesgo".
Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, una dirigente comunal incluida entre los que la CIDH pedía protección.
Tras la muerte de su marido, Soto fue víctima de un ataque cuando un vecino entró en su casa y realizó tres disparos, según recoge el informe sobre Honduras de la CIDH de 2015.
Los proyectos que podrían causar enfrentamientos son muchos.
Image copyright Getty Image caption El río es sagrado para los indígenas y vital para su supervivencia.
Según Vásquez, en la franja occidental de Honduras hay hasta 43 concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros, en zonas que los indígenas consideran sagradas o imprescindibles para garantizar la subsistencia de las comunidades locales.