SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Waldys Taveras, advirtió de posibles conflictos en las alcaldías debido a la sentencia 296-16 del
Tribunal Constitucional, que ordena que sea una atribución exclusiva del Concejo de Regidores la aprobación de los usos de suelos en las ciudades.
Taveras explicó que la decisión del TC zanjó un diferendo existente entre las Oficinas de Planeamiento Urbano, los Alcaldes y los Regidores, especialmente de los grandes municipios, al establecer que: “Es una facultad del Concejo de Regidores la aprobación de uso de suelo, y no de la Alcaldía”.
No obstante, consideró que ese fallo judicial podrá generar conflictos, por la resistencia de muchos alcaldes a acatarlo y por el riesgo de que algunos regidores quieran abusar de esta facultad, lo que afectaría el proceso de inversión en el sector de la construcción.
Señaló que la decisión del TC fue tomada como resultado de una litis entre el ciudadano extranjero Sergiy Zhyvyenko y la Alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, quien no dio contestación a una solicitud de uso de suelo para la instalación de una estación de combustible que requería el inversionista.
Detalló que la alcaldesa de Higüey remitió la solicitud al Concejo de Regidores para que decidiera sobre la pertinencia o no del permiso. En esas circunstancias el empresario sometió una acción de amparo en el Tribunal Superior Administrativo, que condenó la alcaldesa Karina Aristy a decidir sobre la solicitud. La señora Aristy decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional,
argumentando que en virtud de las disposiciones del Art. 52 de la Ley 176/07 de los Municipios correspondía al Concejo de Regidores otorgar el uso de suelo y no a ella como alcaldesa, criterio que fue acogido por el Tribunal Constitucional.
En comunicación dirigida a los secretarios de asuntos municipales de los partidos políticos con representación municipal, Ignacio Ditren, Pedro Richardson y Wellington Mejía, Waldy Taveras señaló que se impone la intervención de las organizaciones políticas, que son las responsables de la postulación de alcaldes y regidores, para que se establezcan procedimientos públicos y transparente para el otorgamiento de licencias de usos de suelos y permisos de construcción, muy especialmente de grandes plazas comerciales, de torres habitacionales, de estaciones de expendio de combustible y de gas propano, que han sido motivo de escándalo y denuncias de corrupción en muchos ayuntamientos.
Argumentó que el rumor público ha señalado que con el otorgamiento de esos permisos se han pagado favores políticos y aportes a campañas electorales municipales.
"Han circulado millones de pesos como sobornos a funcionarios municipales", expresó.
Señaló también que el otorgamiento del uso de suelo es un acto de aplicación de políticas de desarrollo de asentamientos urbanos, garante de la convivencia ciudadana, para lo cual se requieren determinados niveles de conocimientos técnicos de urbanismo, y de otras disciplinas conexas, las que no se requieren para ser regidor ni para ser alcalde.
Resaltó que esas deficiencias constituyen una de las razones por la cuales los centros urbanos se han convertido en territorios inhabitables, "lo que deben detener los actores políticos y técnicos municipales".
El dirigente municipal perremeísta recordó a sus colegas que al igual como para la aplicación de la Sentencia 168/13 sobre los derechos a la nacionalidad, se establecieron normas y procedimientos que permitieron su puesta en práctica, igualmente se requieren para la aplicación de la Sentencia 296/16, del Tribunal Constitucional, de lo contrario los cuestionamientos y denuncias y las acusaciones de corrupción contra las oficinas de planeación urbana se trasladarán a los "ya muy cuestionados Concejos de Regidores, para desmedro de la imagen de la clase política dominicana".