SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Exijo que también el síndico aguante su proceso fuera del Ayuntamiento”, fueron las palabras de la viuda del regidor de Bayaguana Raysa Acosta, tras la reposición del alcalde del municipio de la provincia de Monte Plata investigado por asesinato, Nelson Sosa (Opi).
Acosta quedó viuda y con cuatro hijos, luego de que su esposo Renato Castillo, fuera asesinado la noche del miércoles 25 de junio del 2014 por dos sicarios, en momentos en que se encontraba frente de un colmado compartiendo con amigos.
Hoy, Raysa exige la destitución del alcalde quien fue restituido el pasado viernes 8 de julio, justo a un mes de conocérsele la solicitud de juicio de fondo fijada para el día 8 de agosto.
“Yo supongo que si él fue destituido y está en una acción judicial, entonces, ¿qué se tramarán en esos 35 días? ¿Robarse lo poco que queda en el ayuntamiento para poder cubrir que él fue el asesino que mandó a matar a mi esposo?”, reprochó la viuda de Castillo.
“Él está libre por una garantía económica y está firmando todos los meses. Yo supongo que si yo me quedo así, lo van a soltar…Eso no es justo”
Condenó el hecho de que a pesar de ser acusado como el autor intelectual de la muerte del regidor Renato de Jesús Castillo Hernández, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), haya variación de medida de prisión preventiva a garantía económica de 2 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, en octubre del 2015, y ahora la reposición de su puesto.
“Tiene calidad él para firmar un cheque que se lleve a un banco, de un empleado, ¿ese asesino? ¿Tiene calidad? ¿Qué es lo que se llama justicia?”, se cuestionó la madre de 4 menores de edad.
Raysa se presentó a las afueras del Palacio Nacional, en espera de que el presidente de la República Danilo Medina o algún miembro de su gabinete la escuchen, y poder recibir respuestas a sus interrogantes.
Insistió en que su vida ha sido difícil, pues tras dos años de haber ocurrido la tragedia de su esposo aún espera una condena contra los señalados como responsables.
Por el caso, se encuentran en prisión los imputados José Marcial Puello Soto, Yolkis Severino Alberto, Rafael Eladio Antonio Olivo, Michael Peña Bueno y Freddy Alberto de la Cruz.
Mientras Dauris de la Cruz, fue dejado en libertad gracias a un auto de No Ha Lugar emitido a su favor.
Sosa Marte (Opi), asumió su cargo ante la Alcaldía de Bayaguana a pesar de una solicitud a la que ciudadanos del municipio se habían opuesto, y que la presidenta de la sala capitular, Rafaela Javier Gomera, la consideró improcedente.
Establecieron que según el artículo 44 de la ley 176-07, las causas de suspensión de un síndico o regidor ocurre si se encuentra bajo prisión preventiva, domiciliaria o ha sido enviado a juicio de fondo.
Asimismo, el párrafo II del artículo 44 indica que mientras permanezcan en la situación de suspensión de funciones, los afectados no percibirán las retribuciones y viáticos establecidos. En caso de ser absueltos, tendrán derecho al reintegro de los mismos.