SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de las partes involucradas en la investigación que se lleva contra los dos jueces acusados de emitir sentencias a favor de imputados por sicariato y narcotráfico, solicitaron al Ministerio Público en audiencia, la realización de varias diligencias procesales que revelarían otras pruebas e involucrados.
La defensa y los querellantes exigieron que se lleve a cabo un mapeo a llamadas telefónicas y envíos de mensajes, entre el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Arias Valera, y la suspendida jueza del Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, con otros señalados como parte de la estructura de prevaricatos.
“El Ministerio Público ha festinado este proceso trayendo a dos coimputados cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que era una red que funcionaba en la provincia Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el Sur, en el Este y en el Norte”, señaló el abogado Manuel Soto Lara a la vez que recalcó deben ser investigadas otras personas.
Enfatizó en que las investigaciones solo se han basado en la inculpabilidad de dos personas, a pesar de ser más los involucrados entre los cuales incluyó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
"Rastreo de llamadas telefónicas para determinar quiénes son las personas que están vinculados con los que están presos"
“No han podido continuar las investigaciones porque si continúan, podría perjudicar a Mariano Germán, el presidente de la Suprema, y a su hijo Favel; por lo tanto se ha pedido que se hagan esas investigaciones con el propósito de que esa banda criminal que opera a lo interno del Poder Judicial al fin pueda ser desmantelada”, argumentó.
Asimismo, dijo que como consecuencia de ello se ha querido recompensar a Reyes Beltré y Arias Valera. “Celebramos el día del abogado con la consecuencia más negra que registra la historia de la vida del profesional del derecho, que consistió en cubrir con el manto de la impunidad mediante una compilación grosera al proceso por parte del Procurador General de la República Domínguez Brito, que ha puesto de rodillas al departamento de Persecución de la Corrupción en persona de su titular, Guerrero Pelletier”.
Insistió en la vinculación con la puesta en libertad del regidor de Pedro Brand acusado de sicariato, Ericson de los Santos, y otros imputados por delitos de sicariato y narcotráfico, como el exprocurador Radhamés Jiménez Peña y otros.
“Radhamés Jiménez y Favel, junto a Núñez y otros personeros nefastos que han ensuciado la clase judicial del derecho y de la judicatura, se levantaban de madrugada y salían a todos los pueblos del interior donde habían casos grandes de mucha droga y dinero, y una vez allí usando nombres de personas, sobornando a los jueces e intimidándolos, obligaban a los jueces a dar sentencias a cambio de millones de dólares”, insistió.
En tanto, el abogado de Reyes Beltré, Harold Echavarría, agregó que el juez de la Instrucción Especial debe ordenar al Ministerio Público ejecutar solicitudes que ya se habían elaborado anteriormente.
“En principio solicitamos que al famoso recibo se le hiciera un contra peritaje, porque el Ministerio Público le ordenó al Inacif que hiciera un peritaje que dio positivo por lo que nosotros entendimos que era prudente solicitar que se hiciera un contra peritaje a ver si ciertamente las firmas que están plasmadas le corresponde”, añadió Echavarría.
Al igual que los querellantes, solicitan ubicación precisa de los lugares y entornos donde se encontraban los móviles de los imputados que según dijo lo ayudaran en los medios de defensa.
Dijo que está pidiendo dicha información al órgano competente, que es el Ministerio Público, para determinar quien se encontraba presente y quienes no durante unas supuestas reuniones de la presunta estructura de la que se le acusan de participar a los antes citados jueces.
Luego de la presentación de las peticiones, el conocimiento de la audiencia fue suspendido hasta miércoles 10 de febrero a las 9 de la mañana.