Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El veto del presidente dominicano, Danilo Medina, al nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, abrió de nuevo el debate sobre este tema en el país, que registra uno de los mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo y el parto en la región.
La decisión adoptada este lunes por Medina es igual a la que tomó en 2014 cuando el Congreso Nacional (bicameral), controlado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aprobó un texto similar que penalizaba el aborto.
En una carta enviada ayer al Congreso Nacional, el presidente pidió a los legisladores que reconsideren el tema y aprueben que este se realice en determinadas circunstancias.
Esos supuestos se refieren a que la madre pueda abortar cuando el embarazo sea producto de violación, rapto, estupro o incesto, que su interrupción se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y siempre y cuando el hecho haya sido denunciado o se compruebe que la víctima fue imposibilitada de hacerlo.
También, cuando una malformación congénita del feto, previa certificación médica, demuestre que la vida del concebido se considere inviable; además, cuando se agoten todos los medios "científicos y técnicos" disponibles para salvar ambas vidas, "hasta donde sea posible".
La decisión de Medina, calificada de "valiente" por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, ha provocado un aluvión de reacciones, a favor y en contra, poniendo de manifiesto la división que genera este tema en el país.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, saludó el veto presidencial que, a su juicio, "envía un claro mensaje al Congreso Nacional de que debe reconsiderar su posición frente al tema del aborto y acoger las sugerencias del presidente Medina".
En declaraciones a Efe, Mercedes lamentó que mujeres sigan muriendo en el país por los abortos clandestinos, las cuales se podrían evitar si existiera una ley que los regule.
Asimismo, pidió al Senado no repetir el mismo trámite de 2014 cuando las observaciones de Medina no pasaron por la Cámara de Diputados, lo que provocó que la ley fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, devolviendo la pieza al Senado, que la semana pasada volvió a penalizar el aborto.
La ley, que lleva años en el Congreso Nacional, deberá volver al Senado, que decidirá si acoge o no las observaciones de Medina.
La vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, señaló en un artículo publicado este martes en el periódico Listín Diario, que "es evidente" que el tema del aborto "merece ser llevado a la mesa del debate, donde todos los sectores nacionales puedan ser escuchados, de manera tal que la decisión final sea el resultado del análisis profundo de la realidad social que vive el país".
En ese sentido, dijo que si el debate continúa, el Poder Ejecutivo "debe considerar someter tan importante decisión a la voluntad popular" tal y como lo establece el artículo 210 de la Constitución que contempla las consultas populares.
Representantes de las iglesias, por su lado, reprocharon la iniciativa del gobernante e, incluso, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, llamó "abortista" a Medina.
"Creo que, sin dudas, tenemos un presidente abortista en Palacio, este insiste en que se viole la Constitución", escribió Lorenzo en Twitter.
Mientras que el coordinador de la Pastoral Juvenil, el sacerdote Luis Rosario, dijo lamentar la postura de Medina, y señaló que "de este Gobierno se puede esperar cualquier cosa en materia de respeto a la vida y en relación al matrimonio y la familia".
Por su lado, Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud, destacó la decisión del presidente Medina de vetar el código penal, "atendiendo a la salud, la dignidad, los derechos y la integridad de las mujeres".
"Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo forzado producto del crimen de violación es cruel, inhumano y de desprecio a las mujeres", añadió.
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100,000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. EFE